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Artículo en "Aquí Europa" sobre los informadores y el caso Luxleaks en el que entrevistan a Juan Fernando López Aguilar como miembro titular de la Comisión Especial de la Eurocámara que investiga los Papeles de Panamá (Comisión PANA).

por Lucía Fernández

Bruselas 12 mayo 2017

Manifestación de apoyo a los acusados por el caso LuxLeaks

¿Se arrepiente? ¿Ha merecido la pena? Son las preguntas formuladas a Antoine Deltour y a Raphaël Halet, que acaban de presentar un recurso a su condena por filtrar los documentos del caso LuxLeaks. La respuesta es exactamente la misma: “no, no me arrepiento”. Aquí Europa habla con los denunciantes del caso que dejó al descubierto las contradicciones fiscales de la Unión Europea y sus gobernantes.

Es octubre de 2010. Un joven auditor francés de 25 años deja su trabajo en la compañía PricewaterhouseCoopers por lo que pendrive en mano hace acopio de aquellos documentos que le pueden ser útiles en su futura vida profesional. Entonces, descubre unos archivos que claramente no van dirigidos a él, pero que despiertan su interés. Le interesaban a él y consideró que a todos los ciudadanos, por eso acabaron también en su pendrive.

Esos archivos eran centenares de acuerdos fiscales entre el Gobierno de Luxemburgo y grandes empresas. El nombre del joven auditor, Antoine Deltour. “Pensé que tenía en mis manos material muy importante y una oportunidad para cambiar las cosas”, ha confesado a Aquí Europa.

En verano de 2011, Deltour entra en contacto con el periodista francés Edouard Perrin, pero no es hasta mayo del año siguiente cuando la información comienza a salir a la luz en un reportaje de la televisión gala emitido en el programa ‘Cash Investigation’. “Tal vez arriesgaba mucho, pero no se presentan muchas ocasiones así en la vida”, asegura.

El objetivo de Deltour cuando aceptó filtrar a la prensa las artimañas políticas y empresariales para sortear impuestos era “cambiar las cosas”, o al menos “abrir un debate que dirigiera la atención pública a estas cuestiones”. PricewaterhouseCoopers presentó una queja tras la emisión del reportaje. Pero la tormenta aún estaba por llegar.

El escándalo aún no tenía nombre propio pero comenzó a remover conciencias. Otro auditor de PricewaterhouseCoopers, Raphaël Halet, se dio cuenta de que una parte de su trabajo consistía en permitir la evasión fiscal y siguió los pasos de Deltour con una segunda filtración. “Lo hice porque no era aceptable que por un lado los países lleguen a acuerdos con empresas, y por otro pidan a los ciudadanos apretarse el cinturón”, explica a Aquí Europa Halet.

Es entonces cuando empieza la cocción del que será conocido como caso Luxleaks. En esta ocasión el horno es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que el 5 de noviembre de 2014 saca a la luz cientos de acuerdos fiscales entre las autoridades luxemburguesas y varias multinacionales, como Pepsi, Ikea, Deutsche Bank o Fiat.

Cuando Juncker se tambaleó, pero cayó de pie

Unos 40 medios de comunicación asociados al consorcio se hicieron eco de las filtraciones tan solo una semana después de que Jean-Claude Juncker, ministro de Finanzas y primer ministro durante los años en los que se rubricaron los acuerdos, tomase posesión de su cargo como presidente de la Comisión Europea.

El luxemburgués logró sortear el terremoto mediático manteniendo un perfil discreto y haciéndose un lado mientras la tromba pasaba. “La Comisión hará su trabajo” se limitó a decir Juncker, que le pasó la pelota a Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, y a la que prometió “una gran libertad de acción”.

Y Vestager jugó su balón y metió gol a Fiat, Sturbucks y Apple con multas que en algunos casos tienen más de mensaje político que de castigo económico, y puso la lupa sobre Amazon, McDonalds o Engie. Además, respaldó públicamente a Deltour y Halet.

Juncker salió así ileso y la danesa es una de las comisarias más aplaudidas. Pero entre tanto, en diciembre de 2014 las autoridades de Luxemburgo pedían cinco años de cárcel y una multa de 1,25 millones de euros para Deltour. Un mes más tarde, Halet es también acusado. PricewaterhouseCoopers le despide y le obliga a guardar silencio hasta el juicio.

No obstante, los dos informadores celebran que el escándalo haya servido para que la Comisión haya situado al frente de sus prioridades la lucha contra la evasión fiscal, aunque son conscientes de que el verdadero muro se encuentra en el edificio de enfrente: el Consejo. “Los Estados miembros tienen que votar y hay muchos intereses contradictorios, la presión de los lobbies, las multinacionales”, señala Halet.

Para Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista y miembro de la comisión de Libertades Civiles, “es una batalla política que hay que dar”. En una conversación con este medio, ha insistido en la necesidad de acabar con la “competición fiscal predatoria entre Estados miembros” e instaurar una armonización fiscal y reformas en los países que instaure la progresividad.

“Cuando extiendes en el foco descubres que no son solo los territorios de ultramar del Reino Unido, sino que estas prácticas fiscales las han puesto en marcha también Malta, Chipre, Luxemburgo e Irlanda”, explica como miembro de la comisión especial de la Eurocámara que investiga los Papeles de Panamá. “Las empresas que nos visitan haciendo lobby nos dicen directamente que están residenciadas en Irlanda porque es legal. Es legal, pero cabrea”, señala López Aguilar.

“Legal, pero insoportable”

Es precisamente en el terreno de la legalidad en el que el debate sobre el caso LuxLeaks patina. Los cerca de 350 acuerdos secretos revelados se ajustan a la normativa de Luxemburgo y la falta de una armonización fiscal deja sin armas a la UE para combatirla. Al final, Deltour y Halet han denunciado algo legal. “No es ilegal, pero es insoportable”, puntualiza el eurodiputado socialista.

Deltour hubiera acudido a las autoridades de haber descubierto algo ilícito, según confesó en el Parlamento Europeo, pero “iba contra el interés público, por eso recurrí a la prensa”, explica.

La falta absoluta de normas comunes que garanticen la protección a los denunciantes lleva el debate a la casilla de salida. Si no es en la legalidad, ¿dónde está la línea? En el interés público, responde Nicholas Aiossa, asesor de Transparencia Internacional UE. “La propia Comisión Europea reconoció ese interés público, pero continúa la persecución criminal”, denuncia.

“Claridad legal” es lo que hace falta según Aiossa. “Deltour y Halet no tienen ningún tipo de apoyo de las autoridades públicas de Luxemburgo, por eso están en juicio y la Comisión no puede intervenir porque no tiene las competencias. No hay una legislación para ello”, recuerda.

No obstante, cree que las instituciones nacionales y europeas ven los beneficios de estas filtraciones, lo que “ha impulsado el diálogo sobre esta cuestión”. Para López Aguilar los informadores pueden alertar sobre prácticas que “no siendo ilegales susciten un gran escándalo porque políticamente pongan de manifiesto contradicciones insostenibles”, y por ello, deben recibir protección “moral, sociolaboral y física”.

Deltour y Halet no sabían exactamente el nivel de protección que existía en Luxemburgo para los denunciantes, que es muy inadecuado según Transparencia Internacional, pero su intención era abrir otro debate: el de la evasión fiscal.

El Parlamento Europeo recogió el guante, y a pesar de lo limitado de su campo de acción, Deltour cree que hizo un buen trabajo y “al menos mostró la necesidad de emprender acciones al respecto”. La comisión especial de investigación emitió una serie de recomendaciones, que no son otras que los eternos caballos de batalla: armonización fiscal, acuerdos fiscales transparentes y justos, establecimiento de una base imponible común del impuesto de sociedades, además de una mejor protección para los informadores.

Los dos denunciantes saben las dificultades que tiene esta lucha y por eso, celebran cada pequeño avance, “pasito a pasito”, dice Halet. El intercambio automático de información bancaria es uno de los pequeños pasos que celebran. “Creo que es importante acabar con esa confidencialidad y permitirá a la Comisión un mayor margen de acción”, señala Deltour.

La condena

Mientras la Eurocámara desarrollaba sus trabajos en la comisión especial, en abril de 2016 comenzó el juicio en Luxemburgo contra Antoine Deltour, Raphaël Halet y el periodista Edouard Perrin, acusado de instigar la segunda filtración de documentos.

El 29 de junio Deltour fue condenado a un año de cárcel y una multa de 1.500 euros, Halet, a nueve meses de prisión y 1.000 euros de multa y Perrin fue absuelto. El veredicto resucitó un caso eclipsado por otra investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación: los Papeles de Panamá.

Tras el recurso, el juez redujo la condena de Deltour seis meses y eliminó la pena de cárcel para Halet manteniendo la multa de ambos. Aunque ninguno entraría en prisión, lo dos sostienen que “no es aceptable”, ya que el mensaje sería que su comportamiento es punible y por lo tanto no imitable.

El primer filtrador recurrió la segunda sentencia el pasado cinco de abril y una semana más tarde lo hizo el segundo. Deltour está convencido de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le amparará y está dispuesto a llegar hasta el final.

Hoy los dos tienen un empleo y tratan de llevar el proceso judicial en el que llevan dos años inmersos “con normalidad”, pero Deltour recuerda que son unos privilegiados. “Lo normal en el caso de otros informadores es que tengan muchas dificultades para encontrar otro empleo”. Eso en el mejor de los casos. Julian Assange, Edward Snowden, Herve Falciani, Chelsea Manning… son muchos los nombres que pueden dar buena cuenta de ello.

Deltour y Halet, a los que Aquí Europa ha entrevistado por separado, han coincidido al pronunciar estas palabras: “No, no me arrepiento”.