Artículo publicado en República.
En apenas dos meses, el próximo 23 de junio, el Reino Unido (en adelante, R.U.) decidirá en referéndum si permanece en la UE -una “UE reformada” al “dictado” de las exigencias del Premier conservador David Cameron- o si practica el Brexit.
Vaya por delante que no creo posible entender esta enésima señal de pérdida de confianza en el proyecto europeo por parte de sus Estados Miembros (EE.MM.) sin encuadrarla en su contexto: la descomposición factorial de la integración europea desde que se ha cronificado la peor crisis de su historia. Y esta es la crisis que arrancó en 2008, la que ha venido encadenando esta Gran Recesión todavía no superada en sus macromagnitudes raquíticas, enormes índices de paro y exasperación de las desigualdades. La crisis de “deuda soberana”, la del euro, la del Grexit, la de la catástrofe humanitaria que hemos dado en (mal) llamar “crisis de los refugiados”. Y la crisis de fronteras y el desmantelamiento de Schengen impuesto tras los atentados perpetrados por la mutante amenaza del terrorismo yihadista en una nueva “emergencia seguritaria” europea.
Y vaya por delante también mi convicción de que nada de lo que venimos padeciendo en el curso de esta glaciación europea es accidental ni producto de ninguna fatalidad, sino de una política abyecta y contraproducente, vista sus consecuencias), impuesta por una correlación de fuerzas hegemonizada por las derechas europeas (política, ideológica, mediática y financiera) para desarbolar el Estado Social y la dignidad del trabajo.
La decisión (equivocada y autolesiva) del referéndum Brexit exhibe, sin duda, un componente nacional, de orden doméstico y británico: David Cameron embarca a toda la UE en un envite decisivo. En su último empeño como candidato a Primer Ministro (ha anunciado que no volverá a presentarse), Cameron se compromete a “renegociar” el estatus del R.U. en la UE en un pulso “make or break”. El conservadurismo británico practica así una vez más el error de pretender contrarrestar la pujanza de la extrema derecha nacionalista y eurófoba (UKIP, de Nigel Farage) abrazando sus banderas. Pero el efecto está ahí, y es sumamente tóxico para la lógica europea: un pulso contra la integración, una vez más de la mano de una Comisión débil (incapaz de embridar a los Estados Miembros díscolos ni de recompensar a los que más se esfuercen por mantener la vocación europeísta), y de un Consejo presidido por un incompetente presidente del Consejo, el polaco Donald Tusk (manifiestamente inepto para ese desempeño).
Tras teatralizarse un simulacro de “duras negociaciones”, Consejo y Comisión Europea consienten a David Cameron hacer frente a la campaña del “sí” a “la permanencia en la UE condicionada por las exigencias británicas”.
En síntesis, los “logros” de Cameron se recitan como sigue:
a) Se pone oficialmente fin a la voluntad de alcanzar un “even closer union” (unión cada vez más estrecha). El R.U. se desvincula.
b) Nueva acuñación de la “subsidiariedad”: toda legislación europea quedaría paralizada si lo decide con su voto el 55% de los parlamentos nacionales (lo que, de paso, privilegia a los EE.MM. con dos Cámaras -España, R.U., Francia- frente a los unicamerales (Portugal, Países Bajos…)).
c) Derecho de “intervención” de R.U. sobre la “Eurozona”. Dicho en otras palabras: prerrogativa de freno sobre las decisiones del Eurogrupo sobre el conjunto de la UE impuesto por aquellos EE.MM. que voluntariamente no pertenecen al “Eurogrupo”.
d) Compromiso “político” (“Acuerdo de caballeros” (!!!), sin ninguna eficacia normativa ni vinculante) para reformar las directivas sobre libre circulación de personas, de trabajadores y sobre el derecho de acceso a prestaciones de la Seguridad Social.
De lejos, este último “compromiso político” es el más grave e inaceptable de todos. Por ser inconstitucional, contrario al derecho europeo (art. 18 TFUE y su interpretación conforme a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE)), y por ser una violación de la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad (que protege a los trabajadores de un Estado Miembro en otro Estado Miembro, y cónyuges o familiares directos en el acceso a prestaciones) desde el origen de la construcción europea (antiguos arts. 7 y 49 del TCEE de 1957).
De lejos, además, este último punto resulta inalcanzable sin su aprobación por el Parlamento Europeo (PE). No se trata de su mero “consentimiento” (consent), sino de su aprobación del procedimiento legislativo ordinario (codesición) y que hace del PE pleno legislador sujeto al carácter jurídicamente vinculante de los derechos fundamentales consagrados en la CDFUE.
Somos muchos los que hemos opinado en público que no es verdad -no siempre- que un “mal acuerdo es mejor que un desacuerdo”.
Esa máxima leguleya no debe ni puede servir de carta blanca a la regresión nacional ni a la desarticulación de los logros más preciados de la construcción europea. El primero de los cuales, de largo, la libre circulación; el espacio Schengen sin fronteras internas y la no discriminación entre nacionales de la UE, ciudadanos todos europeos protegidos por la CDFUE ante los actos de aplicación del derecho europeo y sus instituciones.
El carácter “político” (no jurídico) de esos compromisos no los hace irrelevantes -expresan el pésimo estado de la UE, pero tampoco los hace menos abyectos. No lo hace menos preocupantes ni inaceptables.
Entristece que los británicos (de todas las opciones políticas) se apresten a acometer este referéndum desalentando cualquier implicación europea en el debate. A los demás europeos se nos disuade de intervenir en “su” campaña por temor a resultar “contraproducente” en un entorno cada vez más contaminado por la hegemonía de los medios de comunicación antieuropeos (cuando no eurófobos) que dominan la formación de la opinión pública en el R.U.
No deseo que el R.U. salga de la UE. Que salga el “sí” es mal menor respecto del desastre que sería su “Brexit”. ¡Pero eso no hace buena la desastrosa cadena de errores y de pasos perpetrados en la dirección equivocada que nos ha traído hasta aquí!
Artículo publicado en República