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Cuando los trabajos del Mando Unificado para la gestión de crisis en Ceuta, liderados por el ministro Ángel Víctor Torres, comienzan a dar sus frutos con el restablecimiento de la normalidad —que incluye, inequívocamente, el cumplimiento riguroso de las leyes europeas del Pacto de Migraciones y Asilo, con atención especializada a los menores no acompañados—, un nuevo repunte migratorio rebrota en la ruta canaria, con un impacto acuciante en La Restinga, en El Hierro, y en la saturación de los recursos sanitarios y humanitarios de acogida.

Si en tantas ocasiones anteriores hemos debido encajar la desabrida demagogia de quienes creen que “cerrar las fronteras” sería un “ciérrate, Sésamo” con una eficacia supuestamente mágica para poner fin a cualquier flujo procedente de la cornisa africana, resulta tanto más insoportable —por injusta e insensata— volver a escuchar esa crítica por parte de quienes niegan cualquier solidaridad con ese punto de acogida que, tras dramáticos rescates en la mar (a menudo lamentando la pérdida de la vida de quienes no lo consiguieron), resulta ser la isla más occidental, pequeña y menos poblada de entre las que cuentan con un Cabildo Insular.

No cabe mayor hipocresía que la ritual jeremiada respecto de las muertes en la mar y, al mismo tiempo, el cruel rechazo de quienes salvan la vida llegando a un puerto canario tras haberla arriesgado en el intento.

A partir de ahí, descártense sucesivamente ocurrencias aparentemente efectistas, pero invariablemente antijurídicas e inviables. Así, “cerrar la frontera en el mar” solo puede equivaler a rechazarlos en su travesía, renunciando a su rescate y violando todas las reglas del Derecho Internacional marítimo y humanitario. Lo mismo puede decirse de “desplegar la Armada”, “interponer barreras” (¿de corcho?, ¿de alambrada?, ¿en alta mar?) o de proponer incluso que “Frontex patrulle las costas de los países ribereños” (¿de Marruecos a Guinea-Bisáu, pasando por Senegal?), ignorando que la misión legal de Frontex es cooperar con los Estados miembros de la UE en la gestión integrada de sus fronteras exteriores, no impedir que lleguen personas de otros países, sin reparar en medios ilegales ni en el respeto a sus derechos humanos.

Escuchamos esto, y más, de fuerzas que se postulan para gobernar España y para representarnos en el Consejo de la UE, según cuál sea el resultado de las elecciones generales del 29-N. Un contexto electoral que hace que tanto populismo resulte aún más lamentable y preocupante.

En la Asamblea Interparlamentaria UE/África, Caribe y Pacífico, reunida en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas los días 11 y 12 de noviembre, representantes de países de origen y tránsito de las rutas migratorias hacia España (de nuevo, la vía canaria se prueba como la más mortífera) ofrecen a sus interlocutores europeos su análisis de la complejidad de las concausas que explican tanto la afluencia como los riesgos de cada incidencia.

Algunos de esos países —es el caso de Senegal, punto de partida de la mayor parte de los cayucos atestados de personas que emprenden la singladura hacia El Hierro— han suscrito con la UE Acuerdos de Partenariado (Economic Partnership Agreements) en los que, junto a capítulos relativos a programas de desarrollo y capacitación institucional, hay cláusulas específicas de control migratorio y seguridad compartida. Los límites a su eficacia, impuestos por la realidad, no obedecen, como algunos pretenden con verborrea facilona, a ningún plan diabólico diseñado y ejecutado por sus autoridades para chantajear a España o a la UE, sino a la suma de factores resultante de la densidad de los tráficos ilícitos en sus propios territorios, la vastedad de selva, costa o desierto por cubrir con efectivos insuficientes y mal incentivados para la enormidad de su tarea, y la cantidad de jóvenes sin oportunidades a los que se empuja a arriesgar la propia vida en el empeño de saldar, mediante su trabajo —aun en condiciones precarias o incluso de semiesclavitud—, las deudas familiares, tribales o comunitarias que hayan sido contraídas para financiar el intento de dejar atrás su tierra, su pasado y sus miserias.

Por eso resulta tan perverso —por engañoso, por falso— ese recital de recetas supuestamente infalibles para parar a los migrantes, para repatriarlos sin más —sin reconocimiento previo de su identidad, ni examen médico, ni evaluación de su situación subjetiva de edad o vulnerabilidad—, y no a donde proceden, sino a cualquier país tercero que los acepte en un centro de internamiento sin derechos a cambio de una cantidad (obviamente, ni siquiera tal complicidad con una política abyecta sería gratis, sino cara).

Aún más rechazable resulta la pretensión de que vienen aprovechando una debilidad —llámese respeto a la ley y a los derechos humanos— cuya alternativa sería mostrar despiadada crueldad en el rechazo y el cerrojo a quienes alcancen a poner pie en tierra, ya sean jóvenes varones aptos para trabajar, ya sean mujeres con bebés, ya sean supervivientes de alguna indecible tragedia.

Con todo, lo más criticable es negarse a cualquier forma de solidaridad interna en su traslado o distribución en distintos territorios, pese a la saturación de la capacidad de atención o de acogida de los recursos disponibles en El Hierro, inevitablemente limitada por la dimensión de su población censada. Porque es imposible reclamar la solidaridad de la UE —pilar, junto al de la responsabilidad compartida, del Pacto legislativo de Migraciones y Asilo— si negamos su ejercicio ante nuestros propios territorios de frontera exterior sur, expuestos a la enormidad y a la demografía explosiva del continente africano.

Publicado en Huffington Post