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Desde su comeback a la Casa Blanca (noviembre 2024), la segunda Presidencia de Trump en EEUU se ha mostrado disruptiva contra el orden internacional y contra buena parte de los cimientos constitucionales que explican su país y su historia.

No son pocas las ocasiones en que Trump ha aireado en público su disposición a presentarse para un tercer mandato, contraviniendo el límite taxativo de máximo de dos mandatos expresamente establecido en la Enmienda XXII de la Constitución de EEUU (en vigor desde 1951, consagrando así el precedente de limitación presidencial inaugurado por Washington y rebasado siglo y medio después por las cuatro elecciones presidenciales consecutivas de Franklin D. Roosevelt, entre 1932 y 1945, hasta su fallecimiento en el cargo). Esta es una barrera constitucional impeditiva tanto si esos dos ejercicios son consecutivos como si han sido intermitentes (lo que es el caso de Trump).

Y, sin embargo, el actual inquilino de Pennsylvania Avenue (donde se halla la White House) se comporta y discursa como si su poder no conociese límites constitucionalmente infranqueables, tanto con sus oponentes (el hostigamiento a la congresista Omar, cuestionando su ciudadanía estadounidense, como antes hizo con el propio Obama, es el último ejemplo palmario), como con la prensa independiente (a la que descalifica con insultos y ofensas personales contra periodistas en el recinto de la Casa Blanca), e incluso con los tribunales federales que dictan sentencias que no le placen. Y, por supuesto, con los exponentes del orden internacional que tienen el poder y el deber de investigar sus desafueros contra lo que queda en pie del Derecho de Gentes y la legalidad internacional.

Sobresale su ofensiva contra el Tribunal Penal Internacional, institución jurisdiccional competente para investigar y procesar responsabilidades penales por crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión, creado por el Estatuto de Roma en 1998 y al que se han adherido más de 140 países (entre los que, significativamente, no se cuentan EEUU, China, Rusia e Israel). No se pierda de vista que el TPI puede investigar crímenes cometidos en el territorio de un Estado Parte independientemente de la nacionalidad de sus autores.

Al anunciar Trump su ofensiva contra Irán (abril de 2026), arguyó esa operación para “neutralizar” la amenaza del régimen de los ayatolás contra las incursiones de Netanyahu en la vecindad de Oriente Medio. Su apoyo cerrado al Gobierno ultraderechista que lidera el primer ministro israelí ha comportado la imposición de sanciones ante los miembros del TPI que han osado (2025) incoar acciones penales por crímenes de guerra contra la población civil perpetrados en el curso de la devastación de Gaza en la indiscriminada y desproporcionada represalia al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, hecho criminal execrable que mereció la inmediata e incondicionada condena de la UE y todos sus Estados miembros (EEMM).

La imposición de sanciones extrajudiciales y extraterritoriales a los miembros del TPI (fiscales, presidenta, jueces y secretario general, entre ellos), que, no se olvide, tiene su sede en La Haya (Países Bajos, EM de la UE), donde residen las personas castigadas con la cancelación de sus comunicaciones electrónicas, sus cuentas bancarias, sus transacciones financieras y la prohibición de viajar, ha motivado un intenso debate en las Instituciones europeas.

Destaca en este contexto el Parlamento Europeo (PE), que ha urgido reiteradamente a la Comisión Europea que preside Von der Leyen (Comisión Europea VDL II), en resoluciones adoptadas por la mayoría de sus miembros, a activar el llamado “Blocking Statute” (“Estatuto de Bloqueo”, en la jerga, Reglamento 2271/96) para proteger y blindar a esas personas titulares de cargos jurisdiccionales de primer rango en el sistema de Justicia Internacional y contra toda impunidad frente al alcance e impacto de sanciones ilegales impuestas contra ellas, toda vez que han sido impuestas sin base jurídica cierta, sin un proceso debido ni audiencia de las partes interesadas (pese a que Trump invoca su Orden Ejecutiva 14203 y su Ley de Poderes de Emergencia Internacional, que permite congelar bienes, prohibir la entrada al país y bloquear transacciones a personas que EEUU considera “una amenaza”, como la que encarnó Bin Laden).

En el curso del más reciente Debate sobre el Estado de la UE celebrado en el Pleno del PE de septiembre en Estrasburgo, la presidenta Von der Leyen escuchó severas críticas por la inacción de su Ejecutivo (Colegio de Comisarios) y por el incumplimiento de los mandatos parlamentarios para garantizar la seguridad de los integrantes del TPI, residentes en La Haya y, por consiguiente, cubiertos por el Derecho europeo, del que la Comisión debe actuar como “guardiana” de su cumplimiento.

El Parlamento Europeo en su último Pleno de Estrasburgo, a propuesta del Grupo de los Socialistas y Demócratas, ha otorgado al TPI el Premio Sájarov 2026 a la Libertad de Conciencia, reconociendo la labor de los jueces, fiscales y funcionarios del TPI que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales en circunstancias de enorme presión. El galardón pone el foco en la importancia de proteger la independencia de la justicia internacional frente a las amenazas perpetradas por la Administración Trump.

El más reciente episodio de la espiral de agresividad de la Presidencia Trump contra el TPI y -por extensión- contra el orden internacional basado en el Derecho y en reglas lo expone elocuentemente la cascada de improperios y descalificaciones vertidas contra la última galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Navanethem Pillay, abogada y jueza sudafricana que se ha distinguido toda una vida (tiene 85 años) por la defensa de los derechos humanos y de la Justicia Penal Internacional contra toda impunidad. Su biografía describe un trayecto infatigable en la lucha contra el apartheid (segregación de personas de “raza no blanca” en la Sudáfrica previa a la ascensión de Nelson Mandela a la Presidencia en 1994, tras 27 años preso por su activismo político) y de trabajos en casos de genocidio y crímenes de guerra ligados a la defensa del Derecho internacional.

Involucrado en su campaña ante las elecciones de “Mid Term” (primera semana de noviembre, en que se deciden las mayorías en las dos Cámaras, Representantes y Senado, que integran el Congreso de EEUU), Trump se despachó ante los fanáticos de su movimiento MAGA en insultos despectivos contra la jurista Pillay, desfondando las simas hasta ahora conocidas de la degradación del estándar de comportamiento y discurso esperables en los asuntos sensibles que atañen a la paz mundial por parte del primer mandatario de la que hoy sigue siendo primera potencia militar en la globalización.

Publicado en Huffington Post