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La convocatoria a las urnas para el próximo 29 de noviembre -precedida de la disolución de las Cortes Generales de trayectoria más convulsa de todo el período democrático regido bajo la Constitución de 1978- nos emplaza a una cita con nuestra historia cuando se cumplirán 50 años desde la aprobación de la Ley para la Reforma Política (aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976 y ratificada en referéndum por el pueblo español el 15 de diciembre de aquel año), de la que trajeron causa las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977) que resultarían ser constituyentes.

La celebrada evocación –"Anatomía de un instante", Javier Cercas- de los riesgos asumidos con renombrada osadía por el Presidente Suárez permite rememorar las enormes dificultades que empedraron el trayecto hacia la recuperación de las libertades y la posibilidad de una democracia en España, cuya historia torturada por la negación de unas y otra -minada por un continuo de pronunciamientos militares, cuartelazos, asonadas, golpes retardatarios con procesos sumarísimos y ejecuciones sin juicio, y guerras civiles brutales ("carlistas", dieron en llamarse)- describió Galdós magistralmente en sus "Episodios nacionales".

Suárez debió sortear las mil resistencias planteadas a su Ley para la Reforma (versionada doctrinalmente como "octava Ley fundamental") por los procuradores integrantes de las últimas Cortes franquistas, acometiéndoles uno por uno hasta conseguir que apoyaran inverosímilmente su propio "hara-kiri": así se denominó, en efecto, aquel suicidio político por el que abrieron paso a unas elecciones libres y multipartidistas de un Congreso y un Senado fundados en el principio de soberanía popular.

El recordatorio es útil porque ilustra el camino y la dirección emprendida por la sociedad española pugnando por dejar atrás 40 años de una dictadura que ejerció la represión y la muerte hasta sus días finales (las últimas ejecuciones perpetradas por el franquismo tuvieron lugar el aciago 29 de septiembre de 1975, apenas 50 días antes de la extinción física del dictador). El espíritu imperante estaba entonces, cómo no, impregnado por la memoria escarnecida entre las generaciones vivas de la sangre derramada en la cruel guerra civil en que derivó el golpe de Estado de los facciosos sublevados contra la legalidad republicana entre los que Franco se autoimpuso como "generalísimo".

Aquellos "miedos cruzados" –el de los jerarcas del "régimen" a una revolución imparable que, como la entonces reciente en el Portugal "de los claveles", se los llevase a todos por delante; y el de los que, pugnando por una ruptura democrática, emergiendo de la oposición en la clandestinidad o el exilio, presentían fundadamente una pavorosa involución bunkerizada de los inmovilistas que condujese otra vez a un trágico baño de sangre- resultaron determinantes para que se desenvolviese un guion, todavía entonces no escrito, hacia la transición, el ciclo constitucional y el desarrollo progresivo de una Constitución plenamente normativa -no "semántica" ni "programática"- democráticamente legitimada por el pueblo en un nuevo referéndum (6 de diciembre de 1978).

La Constitución española de 1978 se ha erigido ya, por derecho propio, en la más longeva de nuestra historia atribulada. Su Disposición derogatoria primera liquida enteramente todo vestigio de vigencia de las Leyes fundamentales franquistas, incluida aquella Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977.         

La remembranza del clima que hizo posible aquel tránsito desde la dictadura a una democracia sólida, que se cuenta entre las de mejor calificación y calidad en todos los registros fiables, es no solo pertinente sino recomendable a la vista de la erosión padecida por la voluntad de convivir juntos entre diferentes en un país tan diverso y tan plural como el nuestro, proveniente de conflictos largamente arrastrados entre identidades varias, lenguas, instituciones y círculos de pertenencia y de adhesión afectiva que solo la Constitución de 1978 acertó por fin a encuadrar de forma ampliamente aceptable al punto de haberse mantenido en vigor durante ya casi cinco décadas.

Y ese clima no es otro que el que posibilita la convivencia incluso en la discrepancia, con cauces para resolver disputas sin violencia ni espirales de acción y reacción en venganza, con instituciones merecedoras del mimo más esmerado precisamente porque son frágiles, y maltratadas de otro modo decaen o se desmoronan sin garantía alguna de que podamos acertar a reemplazarlas por nada mejor ni más legítimo.

Ese clima se fundó en la regla del respeto. Respeto que ha de ser siempre mutuo. Respeto por cada otro, y por la viabilidad política y jurídica de lo otro, de lo distinto, de lo que se nos opone, y hasta de lo contrario a nuestras convicciones, nuestros valores e intereses, siempre que se preserve esa regla esencial de la reversibilidad de todas las decisiones conforme a procedimientos reglados y democráticamente legitimados.

Escribió Fernando de los Ríos, ministro que fue de Instrucción Pública y de Justicia en Gobiernos de la II República tras ser catedrático en Granada, cuya cátedra de Derecho Constitucional conserva un seminario en su nombre, que "en España la revolución pendiente no es otra que la del respeto".

Ese respeto desfallece hoy, abrupta y aceleradamente, ante la vista de todos y todas. Una atmósfera cada vez más tóxica, inflamada por una sofocante proliferación de impostores en las tribunas más ruidosas, amenaza con volar las ganas de convivir con consignas cada vez más vecinas al guerracivilismo. La ciudadanía española arriesga perderse el respeto que a sí misma se debe en la persona y acción pública de todos y cada uno de sus componentes, sean individuales o sean grupales o colectivos. Y con esa pérdida de respeto se disuelve ese intangible que nos ha hecho posibles como país cinco décadas, 50 años de espacio y proyecto compartidos, con instituciones locales, autonómicas, nacionales y supranacionales en los que ventilar todas nuestras diferencias sin volver a las cruentas contiendas y ajustes de cuentas de que procedían aquellas generaciones vivas, tan abundosas en memoria individual y colectiva, que votaron masivamente a favor de la Reforma Política en aquel referéndum remoto de noviembre de 1976 y en el de la Constitución de diciembre de 1978.

Es sabido que parte de la explicación de ese rebrote de retóricas de odio y de confrontación civil azuzada por los extremismos de las derechas ultras en las sociedades abiertas reside en la extinción física de la generación que vivió el auge del nazifascismo en los años 30 del olvidado siglo XX y su derrota en la incuantificable devastación de la II Guerra Mundial sobre el que escribió Tony Judt.

Análogamente, la extinción de la generación que vivió el tránsito a la democracia desde la dictadura amenaza seriamente la pervivencia del respeto que nos debemos en España quienes nos llamamos españoles.

De todo eso, también, va la elección sin duda alguna crucial a que debemos confrontarnos en las urnas convocadas para el 29 de noviembre de este año 2026, 50 años cumplidos desde aquella Reforma que condujo a la ruptura democrática pactada en la que se dejó el pellejo no solo el Presidente Suárez en el que fue su momento mejor (quién no los ha tenido malos), sino esa generación a la que debemos respeto, el que hoy echamos de menos al discutir de política, al debatir la política, al decidir nuestro futuro.

Publicado en Huffington Post