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Tras dos Legislaturas consumidas en extenuantes negociaciones hasta su aprobación final en 2024, los ocho Reglamentos (leyes europeas) del Pacto UE de Migraciones y Asilo son plenamente eficaces desde junio de 2026: obligan a los Estados miembros (EEMM) de la UE en un sistema de equilibrios basado en la responsabilidad compartida y la solidaridad vinculante.

La libre circulación (derecho fundamental) en un espacio común sin fronteras interiores que conocemos como Schengen tiene su contrapartida en una gestión integrada de las fronteras exteriores, regida asimismo por normas (Código Europeo de Schengen) que solo pueden ser excepcionadas como último recurso, conforme a criterios de necesidad y proporcionalidad, bajo la supervisión de la Comisión Europea (guardiana de los Tratados y del Derecho de la UE).

La arquitectura así descrita nos recuerda que el Derecho importa, que las leyes importan y que su cumplimiento importa, no solamente en situaciones de normalidad ordinaria, sino también, sobre todo, en las de excepcionalidad extraordinaria.

Por eso mismo, resulta tan preocupante como inaceptable el zafarrancho de pánico —con medidas contra Schengen carentes de justificación en parámetros de necesidad y proporcionalidad, además de negadoras de la obligada solidaridad— desatado entre los Gobiernos de los EEMM ante la crisis de Ceuta, cuya naturaleza excede lo migratorio para impactar en una dimensión humanitaria de una escala sin precedentes y para revelar una amenaza híbrida contra la integridad territorial de un EM de la UE, España.

En la medida en que ciudades de soberanía española —Ceuta y Melilla— resultan ser la única frontera exterior terrestre de la UE con África, siendo además la más desigual del planeta, es obvio que la crisis ceutí reviste dimensión europea. Y que el conjunto de la UE debe erigirse en parte de toda solución al reto —empleando a fondo la palanca de su Acuerdo de Asociación Estratégica con el Reino de Marruecos, con inversiones y Fondos europeos—, no en parte del problema mismo.

Cuando Ceuta pueda respirar de nuevo su normalidad cívica, la clamorosa falla de unidad y calidad de la reacción europea ante una situación tan desafiante permanecerá como el flanco más criticable en el balance de lecciones a aprender.

Nada perjudica tanto la causa europea como el contraste y la distancia entre la retórica y las promesas proclamadas por la UE y sus realizaciones y hechos ante demandas que exigen un escalón europeo de respuesta y de valor añadido al nacional de cada uno de sus EEMM. Es el caso de la crisis en Ceuta: si ante una situación así la UE no se muestra capaz de alinearse sin duda con un EM tensionado por la amenaza híbrida de la instrumentalización de miles de seres humanos para violentar una frontera que es europea en su conjunto (al punto de costar la vida a muchos que se arrojaron a una operación tan masiva), es la UE la que paga el precio del descrédito y la desafección.

Si la UE quiere seguir siendo un horizonte promisorio para Estados candidatos a una futura adhesión (que suman hasta nueve, con más de 140 millones de personas aspirando a la ciudadanía europea), en ningún modo puede permitirse defraudar la confiabilidad y consistencia de su respeto por sus leyes y su voluntad de adecuar su comportamiento a sus normas.

A finales de agosto, un ajustado referéndum ha cerrado la puerta de Islandia a la negociación de su futura adhesión, que muchos analistas presumían acelerada a la vista de sus ventajas de pertenencia ya a Schengen, su adecuación al acervo regulatorio del Espacio Económico Europeo y sus altos estándares económicos y sociales, que le hubieran conferido —pese a su escasa población y su previsible mínimo de escaños en el Parlamento Europeo (PE)— estatus de contribuyente neto desde su incorporación. Ya no tendrá lugar. 

Cierto, por estrecho margen (52 % de noes; 48 % de síes), contraponiendo al apoyo mayoritario de jóvenes en zonas urbanas (Reikiavik) el rechazo de mayores en zonas rurales. Pero con un resultado negativo que debería suscitar una reflexión seria, profunda y documentada sobre la presumible capacidad europea de imantación de adhesiones.

Porque nada está garantizado ni puede darse, sin más, por descontado. Porque todos los activos de la construcción europea se ponen cada día a prueba en su fiabilidad y en su capacidad de aportar genuino valor añadido al que es propio de los Estados nacionales, en todos y cada uno de los escenarios, sean remotos o cercanos, de cualquier escenario político y social en que pueda dirimirse una potencial adhesión. Pongamos que hablamos de Islandia.

Pero también se pone a prueba en territorio UE, plenamente europeo, allí donde la ciudadanía europea echa de menos a la UE y deplora la incoherencia entre el Derecho legislado —el equilibrio entre responsabilidad compartida y solidaridad vinculante del Pacto UE de Migraciones y Asilo— y su defectuoso patrón de comportamiento concreto, pegado al terreno y a las tensiones que plantee, cuando más se necesita un respaldo europeo, un colchón europeo, una escala europea de respuesta ante desafíos que escapen a las capacidades individuales de cada EM, por grande de tamaño o población o veterano que sea en según qué bregas.

Pongamos que hablamos de Lampedusa —donde España ha sido solidaria—, de Polonia o de Lituania —donde España ha sido solidaria—. Pongamos que hablamos de Ceuta, donde, lamentablemente, no hemos visto una pareja —ni menos aún recíproca— solidaridad europea.

Publicado en Huffington Post