Inicio     Tribuna de Prensa  

A lo largo de mi experiencia en el Parlamento Europeo (PE), me he esforzado por explicar —incorregible pulsión de profesor de Derecho— las características definitorias de esta Institución europea, que es la única directamente legitimada por el sufragio universal de 450 millones de ciudadanos/as europeos/as en sus 27 Estados miembros (EEMM). El PE es, de hecho, el único Parlamento directamente electivo, supraestatal en su alcance y legislativo en sus competencias.

Pero otro de sus rasgos más salientes consiste en que, debido a la gran escala supranacional de su representación, en sus 46 años de histórico de elecciones democráticas, el PE no ha conocido nunca un arco parlamentario en el que un solo grupo pueda decidir ni legislar nada por sí sólo: su pluralismo obliga a la negociación constante entre posiciones diferentes buscando la conformación de mayorías de geometría variable, si bien es cierto que durante cuatro décadas esas mayorías han basculado sobre un eje europeísta.

Si hay un principio básico en la UE, ese es el de atribución: la UE ha crecido en sus capacidades, sí, pero continúa vinculada por las competencias que le han sido atribuidas por los Tratados de su Derecho primario (art.4 TUE), que actúan delimitando su perímetro respecto del que sigue correspondiendo a sus EEMM. De ahí que cuando en el PE se discute de sujeción de los EEMM a sus obligaciones comunitarias, continúa siendo crucial referir expresamente qué base jurídica europea invocamos, para extraer de esa competencia todas las consecuencias.

Es el caso de las iniciativas ciudadanas (art.11 TUE) para adoptar leyes vinculadas a las competencias de la UE, análogas a las que en España denominamos iniciativas legislativas populares (art.87.3 CE), sólo que exigiendo —como es entendible en su escala europea— un mínimo de un millón de firmas recabadas en al menos 7 EEMM. Y es el caso, asimismo, de las peticiones que llegan a la Comisión PETI del PE en ejercicio de un derecho reconocido por el art.44 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE/CDFUE, siempre que se refieran a competencias de la UE.

Viene todo esto a cuento de la situación inédita descrita por el resultado de las últimas elecciones europeas de junio de 2024: el PPE (Partido Popular Europeo) ha vuelto a ser la primera fuerza y el S&D (Socialistas y socialdemócratas) la segunda; pero es la primera vez en toda la historia del Parlamento en que el PPE alcanza a sumar, con tres Grupos de ultraderecha, el 60% de los escaños, mientras que todo el arco alternativo (desde los Macronistas de Renew hasta la Izquierda radical, pasando por S&D y Verdes) suma el restante 40%. Esta nueva aritmética (llamada "nueva mayoría" en la jerga) ha impuesto un cambio severo a las dinámicas hasta entonces conocidas, siendo frecuentes los votos de actos legislativos (leyes europeas: Reglamentos o Directivas) y Resoluciones del PE (declaraciones de voluntad) ganadas por la sumatoria de PPE y ultraderechas con derrota, sin más, de las enmiendas o propuestas de todos los demás Grupos.

Es esta mayoría de derecha (escorada a la ultraderecha) la que decide, por lo demás, el Orden del Día, tanto del Pleno del PE como de sus Comisiones, así como los Debates de Urgencia y la composición de los paneles de audiencia parlamentaria (Hearings) por los que a menudo se instrumentan los actos de control parlamentario sobre la Comisión Europea (Comisión VDL II), el Consejo (Presidencias rotatorias) o los EEMM.

Este trasfondo es el que explica la inusitada frecuencia de asuntos españoles críticos con la situación de España, impuestos —en contradicción palmaria con el principio de atribución anteriormente descrito— por la vesania incesante con que el PP español (influyente en la agenda y el tono del conjunto del PPE) y Vox (en su Grupo de Patriotas, conglomerado con los lepenistas de Rassemblement National) y la complicidad de otros dos Grupos de ultraderecha (ECR y SN) hostigan desde el PE, con toda la artillería parlamentaria a su alcance, al Gobierno progresista de coalición que en España preside Pedro Sánchez.

Me explico: a nadie en el PE puede sorprenderle que tanto PP como Vox deseen, cuanto antes, otro Gobierno en España, obediente a sus colores y a su agenda de confrontación con la mayoría que legítimamente invistió a Sánchez en 2023. Lo que produce no ya solo estupefacción sino bochorno —vergüenza ajena, Fremdleidenschaft— es el abuso sin freno de todos los formatos del PE para librar su querulancia personal contra un Gobierno —legítimo, insisto— cuyo control corresponde a las Cortes Generales, en todo lo que no afecte a competencias europeas.

De ahí la artificiosa recurrencia del argumento falaz de "que todo lo que pasa en un determinado EM" afecta a la UE: simplemente no es verdad que corresponda al PE el control de los Gobiernos nacionales— ni menos aún la precipitación de elecciones anticipadas—, por más que la derecha y la ultraderecha en la oposición en España hiperventilen en sus sesiones del Congreso y del Senado, exhibiendo a menudo su ridículo o impotente frustración; por más que se desgañiten en gritos, injurias, calumnias y desprecio por el decoro ni por la autoestima más elemental.

Un penúltimo ejercicio de tan esperpéntico abuso de los formatos del PE tuvo lugar el lunes pasado en la Comisión PETI del PE, en la que —¡otra vez!—, sus miembros hubieron de asistir a una enésima refriega de fuego graneado en castellano sobre un punto del Orden del Día cansinamente hispano-español: un debate sobre la situación procesal en que ha situado el Fiscal General haber desmentido con la verdad las mentiras difamatorias contra el ministerio fiscal y su imparcialidad vertidas por el Director de Gabinete de la Presidenta de la CAM, del PP, para desviar la atención sobre una investigación penal dirigida contra su pareja por delitos graves, fraude fiscal y falsedad documental, expuestos a penas de privación de libertad.

No hay nada, nada, en este asunto —sobre el que cada cual, y desde luego yo mismo, tenemos opinión formada— que alcance a las competencias de la UE. Traerlo al PE una y otra vez— al Pleno, a un Panel (Hearing) de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) centrado en las "amenazas al Estado de Derecho", a la Comisión PETI— no tiene como explicación que España sea un problema en la UE, sino la correlación de fuerzas, escorada como nunca a la derecha y a la ultraderecha, que tan obsesivamente foguea al Gobierno de España causando un daño doloso a la reputación de nuestra democracia, de nuestras instituciones y de nuestra convivencia en el espacio europeo.

En el curso de los últimos meses, hemos visto —¡ahí es nada!— a un presidente de la República de Francia ingresar en prisión tras varias condenas penales; hemos visto unas elecciones anticipadas en Portugal forzadas por un escándalo de corrupción familiar de su primer ministro; hemos visto dimitir entre acusaciones de abuso de poder a un Pprimer ministro en Lituania... por señalar solo episodios frescos en nuestra memoria. Ninguno de esos asuntos ha conocido en el PE ninguna escaramuza librada por sus respectivas oposiciones nacionales: sus eurodiputados/as respectivos/as aun respetan la integridad nacional de sus políticas domésticas y su correspondencia con el control que se libra en sus Parlamentos nacionales.

Desgraciadamente para España, no es el caso de las derechas españolas, PP y Vox en el PE. Barra libre para desbarrar contra su propio país ante la perplejidad y asombro del conjunto de la UE ante el rabioso desafuero de un cainismo abocado al fracaso en su objetivo proclamado: porque no será en Bruselas ni en Estrasburgo donde encontrarán consuelo de su melancolía por no pernoctar en Moncloa.

Publicado en Huffington Post.