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A lo largo del segundo Pleno del Parlamento Europeo (PE) en el mes de octubre en Estrasburgo tuvo lugar un debate sobre un punto del Orden del Día especialmente afortunado. No solamente porque puso de manifiesto, incluso en un PE fragmentado y escorado a la derecha como nunca, una defensa, ampliamente mayoritaria, cerrada y firme de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino porque, además, reveló una rara unanimidad en el apoyo a lo que hemos denominado "soberanía cultural europea".

Bajo esta expresión se recubre un rechazo a la amenaza explícita de la Administración Trump de imponer un arancel del 100 % al acceso a EEUU de producciones culturales europeas. Por idéntica razón, la mayoría del PE celebró que en el "Acuerdo" entre la Comisión Europea y la Presidencia Trump —escenificado en el campo de golf del magnate en Escocia, en julio de 2025, en una foto de la que muchos no nos sentimos en absoluto orgullosos— se haya excluido, justamente, la producción cultural de la sujeción a aranceles unilaterales del 15% en su entrada en el mercado estadounidense (sin reciprocidad, lo que resulta humillante).

Es importante saber que la UE es una superpotencia global no solo como primer actor comercial y en ayuda al desarrollo y cooperación humanitaria, sino también, sobre todo, en la creación cultural. Así la debemos entender, preservar y defender. Estamos hablando de un sector enormemente dinámico en el que la UE es campeona en el mundo: la cultura, las artes, la literatura, el pensamiento y, cómo no, en la originalidad y en la diversidad de su producción audiovisual.

Pero hay que alertar asimismo de un riesgo que amenaza esta Legislatura europea 2024/2029 desde su minuto uno, acentuado dramáticamente desde el comeback de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2024: el riesgo de degradar, rebajar o diluir el imponente balance legislativo del PE en la pasada Legislatura 2019/2024: Agenda Digital, Reglamento de Servicios Digitales, Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, Reglamento UE de Inteligencia Artificial; todo ello en coherencia con el Reglamento General de Protección de Datos que sienta el estándar más alto del mundo de protección de datos personales y en la confidencialidad de las comunicaciones.

Pero ese riesgo se convierte en una amenaza si, además, la UE incurre en el error —muchas veces ensayado— del apaciguamiento ante los poderosos cuando estos esgrimen bravuconamente su voluntad de intimidar, pongamos que hablamos, por ejemplo, de los gigantes en la red, Google, Amazon, Meta...

Por eso resulta tan relevante la claridad de mensaje y de posición política en el sostenimiento de la "soberanía cultural europea": el PE apoya decididamente esa multa ejemplar de 3 000 millones de euros por abuso de un modelo publicitario monopolístico inaceptable de Google impuesta por la Comisión Europea (Vicepresidenta Ribera, responsable de Competencia). 

Pero nuestro trabajo al respecto no estará completo hasta que —cumpliendo nuestra promesa de autonomía estratégica— seamos capaces, conforme al Informe Draghi (2024), de desarrollar también nuestra propia "soberanía digital", tal como la han llamado algunos Informes y Resoluciones del PE. Se trata, en otras palabras, de desarrollar nuestra propia industria tecnológica, e incluso redes sociales públicas que permitan a las Autoridades e Instituciones de la UE proteger más y mejor los derechos de los europeos.

Un segundo debate -sobre Economía Circular- abundó en la determinación de la mayoría del PE de preservar el estándar europeo de protección de derechos frente a competidores globales (China, India, Rusia...). Nunca estuve de acuerdo con que en la pasada Legislatura la Vicepresidenta de la Comisión Europea VDL I (2019/2024) encargada de los Derechos Fundamentales lo fuera al mismo tiempo de la Protección del Consumidor (la checa Věra Jourová). Pero encuentro, sin embargo, que esa conexión puede estar justificada justificada en este nuevo marco legislativo del PE (Legislatura 2024/2029, Comisión Europea VDL II) para la aseguración de la así denominada Transición Digital y Sostenible hacia la economía circular.

Porque reforzar los derechos digitales de la ciudadanía europea implica el fortalecimiento de los derechos de los consumidores europeos frente a la obsolescencia planificada de la llamada Fast Fashion. Se alude en la UE con esa jerga a la tendencia organizada por nuestra estructura productiva y sus modelos negocios al desperdicio masivo, incuantificable en sus costes, basado, por diseño, en tirar a la basura más que a reparar y conservar los bienes que se consumen en intervalos de tiempo cada vez más acelerados.

Y porque, al mismo tiempo, una regulación europea que reduzca este desperdicio masivo y sujete a las empresas a responsabilidad social es expresión de una apuesta por la calidad más que por la cantidad. El acto legislativo UE de Economía Circular exhibe un objetivo primario: hacer posible que, por fin, en lugar de degradar el estándar europeo previamente fijado, y que debemos preservar, pasemos a reforzarlo, incrementando no solo la protección de los consumidores, sino la responsabilidad de las empresas para que se adapten a un nuevo marco regulatorio que les obligue a reforzar la sostenibilidad con la incorporación de la UE a la economía circular.

Publicado en Huffington Post