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En los márgenes de la Conferencia sobre la Unión Política Europea, celebrada el 1 de octubre de 2025, Edi Rama, primer ministro de Albania, e Ilham Alíyev, Presidente de Azerbaiyán, bromean chistosamente con Emmanuel Macron, presidente de Francia, acerca de la disparatada declaración efectuada en la jornada previa por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien, abogando por su propia candidatura al Nobel de la Paz, blasonaba haber obrado el milagro de la paz entre "Albania y Azerbaiyán... (sic) tras 500 años de conflictos".

Patinando en su delirio, Trump aludía en realidad a la surrealista fotografía en la Casa Blanca el 8 de agosto de este mismo año, acordando la entente de los presidentes armenio y azerí -estos dos, sí, mandatorios de países enfrentados en un prolongado contencioso por sus respectivos enclaves en sus países fronterizos.

No debe perderse de vista que ambos países forman parte del Consejo de Europa (CdE), círculo concéntrico de la UE en el que se integran 46 Estados miembros/EEMM (eran 47 hasta que, en 2022 se produjo la expulsión de Rusia tras su guerra de agresión contra Ucrania, miembro también del CdE). 

¿Qué hacen dos países del CdE en la Casa Blanca acordando su cese de hostilidades tras años de conflicto armado por Nagorno Karabaj (enclave armenio en Azerbaiyán) y Najicheván (enclave azerí en Armenia)? ¿Dónde queda la autonomía del CdE? ¿Y en qué papel deslucido, en rigor inexistente, se relega a la UE en una “pacificación” que ignora los derechos de los armenios expulsados de Nagorno Karabaj por las armas de Alíyev? Uno y otro episodios invitan más a la preocupación y a la crítica que a la chanza.

La regla de la unanimidad (ascenso de los 27 Gobiernos de los EEMM) con que la UE ha de adoptar sus decisiones en Política Exterior, Defensa y Seguridad la ha reducido a la impotencia y a la inanidad a la UE ante los escenarios en que más descarnadamente se expone el desorden mundial. 

La renuncia de la Hungría de Viktor Orbán (prorruso), secundada últimamente por la Eslovaquia de Robert Fico, ha obligado a los demás a una "coalición de voluntarios" (Coalition of the Willing) para hacer frente a Putin en una inacabable secuencia de “paquetes de sanciones” que está lejos de disuadir o modificar la estrategia del autócrata del Kremlin.

Pero donde más insoportable se muestra la incapacidad de la UE para llenar de contenido real su proclamada promesa de "autonomía estratégica" es, sin duda, en el reproche de su "doble rasero" (Double Standard) ante el genocidio en Gaza: la división de los 27 (y la negativa de Alemania a sancionar a Netanyahu, presa todavía hoy de cualquier señalamiento por "antisemitismo"), ha impedido parificar la contundencia de la respuesta ante Putin y la parálisis —silencio cómplice— de la UE ante los crímenes de guerra y flagrantes violaciones del Derecho internacional perpetrados por el Ejecutivo de ultraderecha que lidera el primer ministro israelí.

La crónica de la indignación anunciada por la "interceptación" de la flotilla humanitaria en aguas internacionales (la "zona de exclusión" ilegalmente decretada por Israel frente a Gaza) desata una nueva crisis en esa autolesiva tensión de las sociedades europeas, causada por la disputa en torno a las opciones disponibles. 

El mismo radicalismo de un populismo de izquierda que acusa al Gobierno español de ser "Gobierno de la guerra" —ignorando el reconocimiento que en todo el mundo ha merecido el coraje del Ejecutivo progresista que preside P. Sánchez al calificar de genocidio, y no de "guerra" a la masacre, y solicitar de la UE todas las sanciones disponibles (la suspensión de acuerdos comerciales y las sanciones económicas no pueden ser adoptadas unilateralmente por ningún EM, como se ha demostrado en la estrategia contra Putin)— se contradice a si mismo cuando reprende al Gobierno por ser “cobarde e hipócrita”, dicen-, por no haber provocado un encontronazo bélico con los buques israelíes, de consecuencias tan dramáticas como predecibles, visto el desprecio mostrado por todas las leyes del mar, por el Derecho internacional (incluido el Ius in bello, el Derecho que regula el uso de la fuerza militar en los conflictos armados) y por el Derecho humanitario.

El Gobierno de España ha fijado su prioridad en la protección de las vidas en riesgo, la preservación de su dignidad y derechos (la acusación de "connivencia con el terrorismo" esgrimida por Netanyahu es grotesca y descabellada), su inmediata libertad y su retorno seguro. Pero se sitúa, sobre todo, a la vanguardia de la UE en el reclamo de sanciones económicas, comerciales, políticas y diplomáticas contra el Ejecutivo israelí. Todas las que pueden funcionar deben ser acordadas por el conjunto de la UE: no resta, habiendo llegado las cosas a este punto, margen de maniobra efectivo para la adopción de acciones unilaterales, no ya digamos fragmentadas o contradictorias entre sí, por cada EM individualmente.

Es la UE la que puede y debe, con su personalidad jurídica única (art.47 TUE), ejercer acciones internacionales contra el Estado de Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), con sede en la Haya, por actos de piratería y violación del Derecho del Mar codificado en Montego Bay (1982). Y es la UE la que debe defender la jurisdicción penal del Tribunal Penal Internacional contra las personas responsables por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El ultimátum de Trump, leído cínicamente por el propio Netanyahu como “carta blanca” y "manos libres" para "acabar el trabajo", (¡!!), emplazará, de nuevo, a la UE ante su cita con la historia y con el estado de ánimo de una ciudadanía europea exasperada ante la matanza y el derramamiento de sangre. O la UE se muestra útil en la defensa de reglas frente al desorden global, o el resto de los actores —desvinculados de toda ley y del respeto al Derecho, como nunca antes desde la II Guerra mundial— la tendrán por desaparecida

No. No es materia de chanza. Lo es de preocupación. Y de alerta existencial.

Publicado en Huffington Post