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Durante el Pleno de junio del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo, tuvo lugar un debate con la Comisión Europea (Comisión VDL II) y el Consejo acerca de las perspectivas y retos de ampliación de la UE. Coincidía, con escasas fechas de diferencia, con el 40 Aniversario de la adhesión de España y Portugal (12 de junio de 1985) a las entonces Comunidades Europeas (CCEE).

La sola evocación de esta efeméride ilustra el sentido histórico y éxito de la política y estrategia de ampliación. En los casos de España y Portugal, tan distintos y tan hermanadas en todo, con trayectos paralelos (y diferentes entre sí) desde sus dictaduras hacia la democracia, la ampliación (y su incorporación al proyecto supranacional europeo) supuso no solamente un respaldo decisivo a sus reformas políticas y constitucionales y su modernización económica y la paz en los dos países ibéricos, que lo necesitaban imperiosamente, sino la ocasión de probar que la adhesión mejoraba y reforzaba cualitativamente la propia construcción europea.

Por ello, la Política de Cohesión —como el conjunto de la Política Regional y la Política Agrícola Común— debe muchísimo al impulso y liderazgo de España y Portugal. También el refuerzo de la Política Social y de Solidaridad entonces, y la Ciudadanía Europa introducida en Maastricht (1992), y el emblemático Erasmus, tienen una deuda clara con el valor añadido aportado por España y Portugal.

Sucede que, 40 años después, cuando la actual UE ha crecido ensanchando y complicando su cohesión interior y su propia identidad; cuando ha sumado adhesiones —desde su núcleo fundador, de seis Estados iniciales— hasta contar 28 (27 tras el Brexit consumado en 2021), la lista de nuevos candidatos a la adhesión suma 9 (desde la inercial Turquía hasta Moldavia y Ucrania, pasando por Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania e incluso Georgia), delineando un horizonte que, en caso de completarse, ¡supondría una UE de 36!

A diferencia de España y Portugal, que soñaron con la adhesión con ferviente europeísmo mucho antes de conseguirla, y que transitaron a la UE de la mano de sólidos y amplios consensos transversales —entre los diferentes partidos que podían aspirar a alternancias democráticas— e intergeneracionales, entre los nuevos candidatos los hay que no sólo hace tiempo abandonaron la senda de la convergencia europea, para emprender singladuras con vocación de relevancia regional propia (caso notorio, Turquía, sin que nadie, hasta la fecha, haya tenido el coraje de descatalogar una adhesión que es, desde hace tiempo, inverosímil), sino, sobre todo, un buen número en el que la causa europea dista de ser pacífica en sus sociedades internas y entre los partidos que compiten por el Gobierno en elecciones (casos notorios de Georgia, Moldavia, Serbia, Macedonia del Norte…). Por no hablar de que, en su mayoría —siendo Ucrania un ejemplo palmario—, se trata de países y sociedades que no acreditan, ni de lejos, una razonable aptitud para incorporar el acervo de la UE (Estado de Derecho, democracia, derechos protegidos por jueces independientes, estándares institucionales y mecanismos eficaces contra la corrupción), sin padecer en su seno o sin provocar en el conjunto de la UE disrupciones insuperables.

Resulta exigible, ante ello, un ejercicio de realismo, que pasa por todo lo contrario a engañarse con placebos ni autoengaños que conduzcan a frustración exasperada. Resulta insultante la hipocresía de que Turquía permanezca formalmente en la "lista de espera" de las "negociaciones de protocolos de adhesión", cuando es más que evidente que hace tiempo que se abandonó toda expectativa creíble de culminar ese proceso, habiéndose cualificado nuestro vecino del Bósforo como un actor regional con estrategias propias y alternativas en todos los ámbitos y campos que inciden en la gobernanza y/o el desgobierno de la globalización.

En otros casos —Moldavia, Georgia, Serbia, incluso Ucrania—, parece utópico exigir una aproximación a la comprensión normativa de los valores comunes de rango constitucional consagrados en el art.2 TUE y en el Marco del Estado de Derecho de la UE (idea europea de democracia con promoción del pluralismo y protección de minorías, independencia judicial y lucha contra la corrupción).

Hablar en serio de ampliaciones futuribles de la UE a vista de la actual generación de ciudadanos/as europeos implica reconocer y explicitar sus exigencias. No sólo para el examen de las aptitudes mostradas por los países candidatos sino para un examen riguroso de la UE. Si de verdad la UE aspira a sumar 36 EEMM, cuyas estructuras políticas e instituciones no se disolverán con su adhesión, sino que pervivirán tras ella, es impostergable abordar los métodos de decisión y los procedimientos legislativos comunes. 

Porque, si en la actual UE a 27 EEMM (más heterogéneos y desiguales que nunca, con prioridades divergentes en casi todo lo que importa existencialmente a la UE), a muchos ya nos parece insoportable el contraste entre los objetivos proclamados ("una Unión más perfecta" en Política Exterior, de Seguridad y Defensa, un Espacio de libre circulación y Justicia basado en la confianza mutua y en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales…) y nuestras realizaciones, y la distancia entre nuestras ambiciones declaradas y nuestro disfuncional y a ratos impracticable método decisional (desembocando a menudo en inacción, bloqueo o parálisis ergo en la irrelevancia)… ¿cuánto peor sería, aún, una UE a 36?

Hungría, una vez más, lo ilustra de forma sangrante. Cuando se requiere unanimidad —como en la aplicación de sanciones previstas en el art.7 por violación de las reglas del Estado de Derecho, en el nuevo Derecho penal transfronterizo, en decisiones estratégicas en Política Exterior, sanciones contra Netanyahu…—, el Gobierno ultraderechista de Victor Orbán hace de Hungría el missing link, el eslabón fallido de la cadena decisional, obligando a todos los demás a conformar una artificiosa Coalición de Voluntarios (Coalition of the Willing) para poder acometer lo que el país magiar veta a todos los demás.

Basta de hipocresía, inercial "lengua de madera". Un poco de seriedad. Un ejercicio mínimo de realismo y rigor impone que una reforma institucional relativa a la fiscalidad y al Presupuesto Europeo, a los Recurso Propios para nuevas ambiciones, a la preservación de las Políticas de Cohesión y de Solidaridad ante nuevas prioridades (Defensa y Seguridad), y por supuesto del método decisional y legislativo (superando de una vez la disfuncional unanimidad en favor de mayorías cualificadas), ha de ser un paso previo—imprescindiblemente previo— a toda futura ampliación de una UE que siga siendo reconocible y fiel a sus valores y promesas.

Publicado en Huffington Post