Inicio     Tribuna de Prensa  

El artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) obliga a la UE a proteger a los menores y su interés superior con todos los instrumentos a su alcance, también por medio del Derecho penal contra delitos gravísimos, como son el abuso sexual en la red, la pornografía infantil y el reclutamiento de menores para objetivos de explotación sexual, incluidos los delitos eventualmente perpetrados mediante técnicas de inteligencia artificial.

Pero sucede que, además, el Parlamento Europeo (PE) es el único legislador que, por su magnitud y escala supranacional, tiene la capacidad de imponer obligaciones jurídicamente vinculantes a los grandes servidores en la red —los gigantes de la nueva oligarquía tecnológica— y su modelo de negocio basado en algoritmos adictivos, especialmente cuando estos provocan delitos tan graves y tan ofensivos como los que se ceban sobre la vulnerabilidad de los usurarios menores de edad; nativos digitales cuya formación y desinformación bebe de redes sociales y plataformas digitales.

Durante la pasada legislatura 2019/2024, ya se adoptaron dos nuevas leyes en este ámbito: un reglamento destinado a reforzar el mandato de Europol en la lucha contra el abuso sexual infantil en línea, y un reglamento provisional que permite a los proveedores de servicios de comunicación en línea seguir detectando y denunciando material de abuso sexual infantil de forma voluntaria, como excepción a las normas establecidas en la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (ePrivacy Directive). 

Aún está pendiente la adopción de una propuesta presentada en 2022, que establecería normas permanentes para obligar a los proveedores a detectar, denunciar y retirar material de abuso sexual infantil de sus servicios, y que contemplan la creación de un Centro de la UE para combatir y prevenir el abuso sexual infantil.

Del mismo modo, la revisión de la Directiva 2011/93/EU para combatir el abuso sexual y explotación sexual de menores, actualmente vigente, representa un avance crucial en la protección de los menores y la infancia. 

Esta revisión establece definiciones penales claras, impone penas más severas ante delitos muy graves, se amplían las definiciones de delitos para incluir nuevas formas de abuso sexual infantil en línea, y, sobre todo, por su imprescriptibilidad —que no puedan prescribir esos delitos—. 

Además, la nueva directiva incorpora técnicas de prevención como son líneas telefónicas de apoyo y protección a las víctimas y a los testigos y mecanismos eficaces de denuncia, con una financiación adecuada. Incluye además la posibilidad de realizar investigaciones encubiertas. Del mismo modo, el material de abuso sexual infantil producido mediante IA se incluye de forma más clara.

Destaca el trabajo en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), como Comisión legislativa competente en la materia. La Comisión LIBE ha logrado un consenso amplio y significativo para respaldar, rayando la unanimidad, esta iniciativa legislativa.

Con este respaldo, el mandato del PE para negociar en esa fase final es sólido e inequívoco, coherente con el acervo legislativo asentado en el desarrollo de la Agenda Digital UE (Ley UE de Mercados Digitales, Ley UE de Servicios Digitales, y Ley UE de Inteligencia Artificial) completado en la Legislatura 2019/2024. Y es consistente asimismo con el estándar europeo de Protección de Datos (GDPR y Directiva para la Investigación de los Delitos), sin duda el más alto del mundo.

Corresponde al Consejo de la UE (reunión de los Gobiernos de los 27 EEMM) alcanzar un compromiso con el PE. Y hacerlo cuanto antes, vista la importancia sustantiva del empeño. Lo que implica desbloquear esta legislación penal europea tan oportuna como necesaria, que debe entrar en vigor cuanto antes para garantizar una protección efectiva de los derechos de los menores en toda la UE.

Publicado en Huffington Post