Inicio     Tribuna de Prensa  

De un negocio amañado en lo peor de la pandemia del Covid por la pareja de la Presidenta de la CA de Madrid, del PP, con un beneficio de dos millones de euros y cuya corrupción se investiga penalmente, resulta un fraude fiscal de 350.000 euros —cantidad que en España es delito —en concurso con delitos de falsedad documental.

El Gabinete de la Presidenta de Madrid, enteramente al servicio del encubrimiento de delito fiscal, fabrica y difunde en medios mercenarios una avalancha de mentiras con las que acusa a la Fiscalía del Estado, que investiga de oficio. Una supuesta filtración de una secuencia de correos electrónicos que desmienten esas mentiras esparcidas por medios afines acerca de graves delitos, revelando la verdad de lo realmente sucedido, es tristemente el origen de un procedimiento truculento activado por asociaciones de ultraderecha. Como resultado, se ha incoado al FGE un procedimiento abreviado, que no es firme y ha sido recurrido.

Juristas muy prestigiosos —incluidos antiguos magistrados de la Sala II del TS— han criticado duramente la parcialidad de un auto judicial que ignora todos los testimonios de descargo —entre ellos 6 periodistas que acreditan conocer esos correos antes que el FG y por aventar "instrucciones de Moncloa" sin ninguna prueba ni indicio—.

Lo de menos, aquí, es un proceso penal por una supuesta revelación de materia reservada, un hecho tan frecuente en España que estaría encausada con ese mismo fundamento la mitad de la judicatura en procedimientos penales. Sorprende, eso sí, que se impute "revelación de secreto" al desmentido de una mentira previamente propalada por el titular de ese secreto cuya difusión —derivada de un acto de su voluntad— desbarata por sí sola la invocación de ese derecho.

Lo más grave y preocupante aquí, desde una perspectiva europea, es la obsesión del PP y ultraderechas españolas por arrastrar, una y otra vez, sin tregua ni pausa, el nombre, el crédito de España y su reputación constitucional por cada Pleno de Estrasburgo. Lo hacen mediante una cacofonía de difamaciones, insultos, calumnias y acusaciones que no resisten un segundo la prueba de su propio espejo. 

Resulta ya inútil aquí colacionar de nuevo los más de 30 casos de corrupción del PP que van a ser enjuiciados en el próximo periodo, harta la ciudadanía del repulsivo "y tú más". Tampoco se exime al PSOE de explicar y depurar comportamientos condenables de aquellos que se muestren indignos de ejercer un cargo bajo sus siglas. 

Pero eso no impide rechazar cómo el PP y sus corifeos mezclan escándalos reales —que existen, y ante los que la diferencia radica en la forma en la que se reacciona— con falsedades al galope para que canse tener que refutarlas: la más grotesca, quizá, es la que alude a una "dictadura" que hostiga la independencia judicial cuando lo cierto, es real que, en la democracia española, al Gobierno progresista minoritario ha sido sometido, desde su minuto uno (2018), a una ofensiva múltiple de ofensas y acusaciones para que sea cada día más arduo discernir en serio el grano de la paja, lo verdadero de lo falso y la Justicia del Lawfare.

Con la complicidad del arco de derecha en el PE —más numeroso que nunca—, no hay sesión plenaria que se libre de este sañudo denuesto de la imagen de nuestro país en Europa. Ni una sola celebración de 40 años cumplidos desde nuestra adhesión, ni del trayecto de éxitos cumplidos desde entonces, ni sobre nuestra aportación a la cohesión europea y a los mejores avances del trayecto común, ni sobre la locomotora de España en derechos sociales y prestaciones en un marco crecimiento económico, empleo y contención del déficit sin parangón en la UE.

Ninguna aportación del PP a la convivencia en la España plural entre diferentes; ni a la normalización que hoy se vive en Cataluña después del quebranto sufrido con la derecha en el Gobierno; ninguna idea sobre la financiación autonómica; ni sobre cómo integrar el aporte migratorio en la sociedad española; ni sobre cómo repartir solidariamente entre CCAA la atención debida a los menores extranjeros que actualmente se hacinan en Canarias. Nada. Nada en absoluto.

Todo es así —y en eso consiste precisamente la estrategia— ruido, furia, infamia, incendiando la pradera en cada sesión del Congreso y en cada Pleno del PE. En su fijación obcecada por erosionar al Gobierno con su Presidente investido por mayoría parlamentaria como la Constitución ordena —tras fracasar clamorosamente Feijoo en su propia ocasión para la investidura—, no paran un segundo en mientes en zaherir y hacer daño a la imagen y credibilidad españolas ante el conjunto de una UE cada vez más estupefacta con el cainismo español.

España y Portugal entramos de la mano en la UE, hace 40 años. Hermanados entonces y ahora, y, sin embargo, distintos. Acuciado por investigaciones de corrupción en su entorno, el Primer Ministro luso, Luis Montenegro, anticipó elecciones generales. Ni entonces ni durante la campaña se escuchó en el PE ninguna diatriba fratricida en portugués: la cuestión se dilucidó exclusivamente en la arena interna portuguesa, sin desdoro de su imagen de país ante los foros y espacios del debate europeo.

Qué lamentable diferencia, este PP español emperrado en aullar a gritos en la tribuna de Estrasburgo su táctica del lobo feroz de la fábula de nuestra infancia, tantas veces ensayada siempre que gobierna la izquierda: ¡"Soplaréee, soplaréee hasta que tu casa derribaréee!". Así todo. Un no parar.