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Al arrancar el año 2025, enero siempre cargado de simbolismos en la vuelta al trabajo tras la pausa de Navidad, se reafirma en la palestra de las prioridades europeas la imperiosa ejecución de las obligaciones legales impuestas por el Pacto UE de Migraciones y Asilo a los 27 Estados miembros (EEMM) de la UE.

Coincidiendo con el primer Pleno de Estrasburgo del año que comienza, la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas (RUPs) de la UE sostiene su reunión anual con un punto obligado relativo a la ruta canaria hacia la UE en su Orden del Día. Esta conversación —abierta, por inagotada— realza la ineludible "dimensión exterior" de la Política y Legislación de Migraciones y Asilo de la UE.

El Parlamento Europeo (PE) ha hecho suyo, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) el denominado "enfoque integral" (Holistic Approach) de esta Política y Legislación, entendiendo por tal la necesidad de conciliar todas las variables internas y externas del hecho migratorio y la protección de refugiados.

Tanto en unas como en otras las líneas diferenciales entre la mirada del nacionalismo reaccionario y del europeísmo progresista son tan marcadas como determinantes de las respuestas propugnadas por una y otra posición.

Cuando la ultraderecha —con amplia presencia en Parlamentos nacionales, en el PE y en Gobiernos nacionales de EEMM de la UE— habla de la "dimensión exterior" de migraciones y asilo, su prioridad obsesiva bascula sobre los retornos de "irregulares" (Illegal Migrants, en su jerga) y la consiguiente urgencia de condicionar toda cooperación, ayuda y comercio o partenariado con los países de origen y tránsito a la negociación de cláusulas de repatriación (deportación) de migrantes no deseados en la UE.

La posición progresista no niega esa preocupación —ciertamente constatable— en torno al refuerzo de fronteras exteriores para su "gestión integrada" y "común" bajo el Derecho de la UE. Tampoco niega, sin más, la viabilidad de los retornos, siempre y cuando cumplan las condiciones irrenunciables de voluntariedad y respeto de la dignidad de las personas y sus derechos humanos y fundamentales protegidos por la CDFUE (que ampara no solo a la ciudadanía europea, sino a toda persona a la que se aplique el Derecho de la UE, lo que incluye a migrantes y demandantes de asilo), además de su cobertura por acuerdos internacionales sometidos a la última palabra (Final Say, art.218 TFUE) del PE y bajo su escrutinio y control.

Pero, además de eso, la posición progresista incluye —en esto consiste una lectura “integral” u “holística” de la política— la negociación europea de vías legales y seguras (Legal Pathways) de migración a la UE que creen oportunidades de trabajo digno para personas (en su mayoría jóvenes, con cierta cualificación laboral en sus países de origen) que, de otro modo, en ausencia de ellas, arriesgarán la vida o la perderán en el empeño de abrirse paso: solo en la ruta canaria, el número de personas rescatadas por Salvamento Marítimo en 2024 ascendió a más de 47.000, tras haber sobrevivido a una pesadilla indecible de sacrificio y sufrimiento; pero se estima en 10000 el número de quienes perecieron en el intento de alcanzar su sueño de llegar a Europa, sabedores del riesgo cierto de sucumbir al hambre, a la sed, o a la oscuridad insondable de las olas del atlántico.

Adicionalmente, la mirada progresista a la lectura "integral" del hecho migratorio es también inclusiva. Incide en la imperiosa urgencia de acentuar el vector de la integración social, laboral, educativa y cívica —valores, convivencia, respeto— de migrantes y demandantes de asilo. 

La UE invierte actualmente cuantiosas sumas de recursos en obtener de los Gobiernos de los países de origen y tránsito su colaboración decisiva para “prevenir” (eufemismo que cubre tanto frenar como retener en su territorio) los "flujos" de "irregulares".

Cualesquiera que sean las condiciones con las que se apliquen estos "memorandos de entendimiento" (MoUs, en la jerga), estos dineros europeos bien podrían financiar, alternativamente, políticas de integración mucho más inclusivas, comprometidas en modo más enérgico y eficaz con los valores de la UE, con los derechos humanos y, particularmente, con la igualdad entre hombres y mujeres que debiera ser el faro de inspiración, no ya de la diplomacia europea, sino de la entera irradiación de toda su acción exterior.

Pero hay, además, otro factor de singular interés en la aportación europea a la solidaridad vinculante con Canarias ante la abrumadora incidencia de la ruta atlántica a la UE a través de las islas y de las aguas con las que el archipiélago colinda con la cornisa noroccidental africana. Se trate de que el Consejo de la UE (órgano que reúne a los Gobiernos de los 27 EEMM) mandate a la Comisión Europea VDLII la negociación y conclusión de acuerdos de cooperación de la Agencia UE de Guarda de Fronteras y Costas (Frontex) con los países de origen y tránsito en la cornisa africana de nuestra vecindad.

El sentido de esos Acuerdos de Cooperación no consistiría, obviamente, en "patrullar" con mayor intensidad (España dispone de 14 embarcaciones de Salvamento Marítimo que efectúan 24/7 el servicio de rescate de vidas en la mar), y menos aún en "rechazar" (pushbacks, en todo caso ilegales y contrarias al Derecho europeo) cayucos o pateras una vez iniciadas sus dramáticas travesías. Debería, en su lugar, formar y capacitar agentes especializados en esos terceros países africanos.

Y hacerlo desde un compromiso de pleno respeto a los derechos humanos y al Derecho internacional (marítimo, humanitario) que la ha de ser la referencia innegociable de toda implicación de la UE y sus agencias. Un compromiso que resulta particularmente exigible en un continente africano cuya explosión demográfica y cuya desesperanza está en el motor genésico de esa ruta migratoria que tanto preocupa en Canarias.

Publicado en Huffington Post