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A mediados de noviembre tuvo lugar en Bruselas una Reunión extraordinaria del Comité de las Regiones de la UE con ocasión de su trigésimo aniversario, puesto que fue creado en el Tratado de Maastricht (TUE 1992) y comenzó a operar un par de años después.

Tanto el Comité Económico y Social (ECOSOC, que integra representantes de la empresa, los sindicatos y el tercer sector) como el Comité de las Regiones (CdR) se perfilan en el Derecho primario de la UE (Tratado de Lisboa/TL) como organismos consultivos del Parlamento Europeo (PE) y las restantes Instituciones decisivas de la UE.  Tanto en uno como en otro a España le corresponden 21 miembros (7 de cada “tercio” en el ECOSOC; y uno por cada una de las 17 CCAA, más cuatro adicionales por los municipios, en el CdR).

En esa reunión conmemorativa de su 30 aniversario fue muy apreciado el trabajo del PE para incrementar en 3 000 millones de euros la previsión del Fondo de Solidaridad UE y del Mecanismo Europeo de Protección Civil que permitirán hacer llegar financiación europea para reparar los daños de la trágica riada que se cobró la vida -aciago 29 de octubre- de más de 200 personas en la Comunidad Valenciana, más otra decena de víctimas mortales en Castilla La Mancha y Andalucía.

La principal razón para ese reconocimiento de la revisión al alza de su partida inicial reside, con triste ironía, en que la cantidad inicialmente presupuestada para el Fondo de Solidaridad UE y el Mecanismo Europeo de Protección Civil era raquítica, sin más. Como raquítica ha sido, hasta ahora, la financiación del Fondo de Asilo y Migración UE y de la Gestión Integrada de Fronteras de la UE, a pesar de que, también en este punto, el PE los haya incrementado para 2025 (el de Asilo y Migración e Integración en dos millones de euros y el de Gestión Integrada de Fronteras en diez millones de euros).

La multiplicación de los montantes asignados hasta ahora a estas políticas es un objetivo imperioso para el Grupo Socialista (S&D) del PE. No sólo porque el Presupuesto expresa paladinamente la credibilidad de un compromiso político en la dirección señalada, sino porque la proliferación de episodios climáticos extremos a todo lo ancho de la UE (Fondo de Solidaridad y de Protección Civil) y la intensificación de flujos migratorios en regiones exteriores (frontera de "primera línea" de los Estados miembros/EEMM) reclaman un impulso enérgico a su soporte financiero. 

Su ficha presupuestaria ha de ser la medida de la promesa de la UE de continuar prestando adecuada cobertura a sus políticas de Cohesión y a la dimensión regional de su razón de ser, correctora de desequilibrios sociales y territoriales.

Sucede, entendiblemente, que ambos instrumentos —Fondo UE de Protección Civil y Fondo UE de Migraciones y Asilo— resultan ser absolutamente esenciales para una región de frontera exterior de la UE como es Canarias. 

Región ultraperiférica (la única RUP española, protegida por la base jurídica singularísima que le prestan el art.349 TFUE y la jurisprudencia del TJUE), Canarias lleva lamentablemente largo tiempo acuciada por los incesantes flujos de inmigración irregular procedente de la cornisa noroccidental africana, con cifras que se han situado en punto álgido en la UE, no sólo de embarcaciones y personas rescatadas sino de muertes certificadas y estimadas en el empeño de lograrlo cualquiera que pueda ser el coste.

De nuevo, esta es ocasión para recordar la urgencia de completar la reforma del art.35 de la LO 4/2000, de Derechos y Libertades de los Extranjeros, abriendo cauce en la España de las Autonomías (sí, esas 17 CCAA que tienen su representación en el CdR de la UE) a la solidaridad obligatoria en la redistribución justa y equitativa de los miles de menores actualmente situados bajo la competencia (y responsabilidad) exclusiva de los servicios sociales de la CA de Canarias. Ese es el objetivo, moralmente inapelable y jurídicamente inaplazable, al que apuntan los trabajos denodados del Gobierno de España -ministro Ángel Víctor Torres-, que no ha de conocer pausa hasta su consecución.

Con todo, he aquí una tarea para la Comisión Europea Von der Leyen II (2024/2029): elaborar y presentar ante el PE (Autoridad Presupuestaria de la UE), para su enmienda y aprobación, unos Presupuestos decentes en cuanto a sus previsiones tanto para Protección Civil y Solidaridad ante emergencias climáticas (como la dana de Valencia) como para los Fondos UE de Migración y Asilo y de Gestión Integrada de Fronteras Exteriores de la UE. Unos Presupuestos al alza, que sustenten la implementación eficaz de las obligaciones legales de los EEMM conforme al Pacto UE de Migración y Asilo que tan duramente trabajamos y negociamos, al límite de la extenuación, durante la pasada Legislatura 2019/2024.

Del Plan de Implementación de ese Pacto UE de Migración y Asilo -y de la aparejada Oferta de Solidaridad (Solidarity Pledge) de cada uno de los EEMM- penden las esperanzas de que no se cronifique la presión del hecho migratorio por la mortífera ruta canaria hacia la UE; especialmente en El Hierro, siempre en nuestros corazones por la constancia de su esfuerzo y su ejemplaridad.

Publicado en Huffington Post