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41° Congreso Federal del PSOE (Sevilla, 29 noviembre-1 diciembre 2024). No ha constituido, sin más, un acto de "resistencia". Lo ha sido de relanzamiento, reconociendo los límites que la realidad—injusta como llega a ser, tan lejos de cualquier ideal— impone a la acción colectiva en y desde la política.

Un encuentro de 1.100 delegados/as —representando a más de 170.000 militantes— trabaja 48 horas. Discute y aprueba enmiendas a un documento programático: recursos para la reconstrucción de los daños de la DANA, vivienda (prioridad social imperiosa e inaplazable), financiación de servicios con fiscalidad progresiva, defensa de la convivencia en la sociedad abierta frente a la internacional del odio, entre otros asuntos relevantes. Y desemboca, cómo no, en un plenario festivo en que los decibelios hacen temblar el graderío del Palacio de Congresos.

Pero no es un acto reactivo (como la contraprogramación, de libro, tan "obligatoria", de la "Intermunicipal" que convocó el PP en Valladolid esos días), sino de afirmación de identidad, historia, y voluntad compartida de perseverar el trabajo en los años venideros, conscientes de cuál es el coste, y cuán ingrato y doloroso es acusarlo en carne propia.

Esa coordenada es tan obvia, su presencia es tan palmaria, que no precisa ilustración: nunca en la democracia desde la Constitución de 1978 se habían alcanzado estas cotas de envilecimiento de la competición política por el acceso a las tareas de gobierno. 

La derecha intransigente —y su desprendimiento ultra—, desde la investidura misma del presidente Sánchez en esta Legislatura que arranca el 23 de julio de 2023, describiendo el Parlamento más fragmentado hasta ahora (el que la ciudadanía decidió, por cierto, con su voto), ha llevado al paroxismo sus tácticas de "crispación" practicadas cada vez que el resultado de las urnas los situó en la oposición.

A lo largo del último año, esa polarización extrema se ha trasladado a una plétora de acusaciones penales y causas judicializadas tan carentes de fundamento como de base probatoria. Rechina todas las costuras de la coherencia en política oír vociferar al PP —con el corifeo injurioso de su desprendimiento ultra —acerca de un "Gobierno corrupto" y un "Congreso de imputados" (el concluido en Sevilla), infamando a personas honorables (ministros/as sin tacha), sin aportar la menor evidencia: Máxime cuando todavía se arrastran contra el PP y sus etapas de gobierno tantos procesos abiertos sobre episodios gravísimos (la "policía patriótica", por señalar solo uno).

Con toda probabilidad, el ejemplo más sangrante de este desbordamiento de acusaciones truculentas —por no decir descabelladas— reside en la conversión en causa por "revelación de secretos" de un escrito de la Fiscalía General en que se desmiente una mentira. Desmontar una patraña dolosamente propalada desde al taller más tóxico —Puerta del Sol, Comunidad de Madrid— de ese enjambre de cabeceras digitales tan divorciadas del periodismo y sus más elementales exigencias legales y deontológicas, en ningún caso es "revelar secreto" alguno: la falsa noticia (desmentida) circulaba como pólvora por redacciones, rotativas y tertulias de radio y televisión. 

Ofende a la conciencia jurídica que la misma Justicia que dice investiga esos hechos filtre descaradamente a medios y pseudomedios no solamente los objetos de pesquisas a cubierto de secreto de sumario, sino que adopte diligencias carentes manifiestamente de toda proporcionalidad (¡como ese "volcado del móvil" del Fiscal General!, violando la privacidad y la confidencialidad de sus comunicaciones, que son derechos fundamentales conforme a la Constitución y a la Carta de la UE, que sólo proceden con criterios de necesidad y de proporcionalidad para la investigación de que se trate), ¡y que lo haga revelando secretos de su instrucción sumarial, 24/7!

No puede sorprender por tanto que la primera reacción de cualquier socialista ante injusticias tan groseras sea, como siempre ha sido, rebelarse contra ellas. "La causa de la Justicia (proclamó Martin Luther King) es, por sí, incompatible con toda forma de injusticia, donde sea, cuando sea". Ahora, mañana; aquí, como en todas partes.

Son cada vez más resonantes las voces autorizadas que están llamando por su nombre esta ofensiva desatada en mil acciones judicializadas sin causa reconocible (salvo recortes de prensa falsarios y no contrastados con las personas afectadas, lo que contradice no sólo la legalidad orgánica que desarrolla el derecho de rectificación (LO 2/84) sin el precepto constitucional que reconoce el "derecho a comunicar y recibir una información veraz por cualquier medio de difusión" (art.20.1.d) CE), difamando sin freno ni medida, sin respetar los derechos garantizados en el art.18 CE, y sin aportar para ello ninguna base probatoria.

Publicado en Huffington Post