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Todas las alarmas se han desatado en la UE. Las declaraciones de la recién investida, para un segundo mandato, Presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen (VDL), anunciándose dispuesta a avalar "soluciones innovadoras" como las propugnadas por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, han suscitado de inmediato no solo preocupación sino rechazo frontal entre quienes esperamos de la Institución que ha de ejercer como "guardiana de los Tratados" haga respetar el Derecho de la UE en vez de pisotearlo, defraudarlo o ignorarlo.

A lo largo de las dos últimas Legislaturas (2014/2019 y 2019/2024), en el Parlamento Europeo (PE) trabajamos con denuedo, hasta la extenuación, para cumplir el mandato del Tratado de Lisboa (art.80 TFUE): poner en vigor un sistema europeo (político y legislativo) de Migraciones y Asilo, basado en los principios de responsabilidad compartida y solidaridad entre los Estados miembros (EEMM). Me he implicado intensamente —tanto como Presidente de la Comisión legislativa competente, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE), como negociador del Pacto de Migraciones y Asilo— en alcanzar un acuerdo con enormes dificultades en un PE extenso, compuesto por ocho Grupos, de escala supranacional, y coronarlo con un Consejo de Ministros de Interior en el que tiene amplia presencia la visión negativa ante el hecho migratorio, rechazado como una amenaza contra nuestra seguridad y contra nuestra identidad.

Alcanzamos ese acuerdo in extremis, a fines de la Presidencia española (diciembre de 2023), desde la convicción de que es mejor un resultado que ninguno, de que es preferible tener legislación europea que esta expuestos a parches, falsas respuestas ad hoc, reacciones fragmentarias y carentes de todo sistema y de cobertura legal (como los rechazos en frontera o las promesas de dinero a cambio de retención de los migrantes fuera de las fronteras de la UE).

El Pacto UE de Migraciones y Asilo —compuesto de ocho actos legislativos, Reglamentos directamente vinculantes, generadores de obligaciones para los EEMM y de derechos invocables ante Tribunales tanto para demandantes de asilo como para migrantes, derechos singularmente intensos para personas vulnerables— fue definitivamente aprobado por el Pleno del PE de abril en Estrasburgo. 

La presente Legislatura 2024/2029 asume como reto explícito —suscrito por VDL en su nueva investidura para Presidir la Comisión Europea en un segundo mandato, Comisión VDL II— la elevación por los EEMM de sus "Planes de Implementación" y de sus correspondientes "ofertas de solidaridad" para programas de realojamiento coordinados por un EU Coordinator. El plazo para la plena efectividad de esas obligaciones se ha fijado en 2026 (el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez ha pedido adelantar este término a 2025).

Es falso que el Pacto UE permita, sin más, a los EEMM "rechazar cualquiera realojamiento de migrantes y asilados pagando 20.000 euros". Desde el PE muchos trabajamos porque la solidaridad fuese obligatoria (de otro modo es solo buen deseo o wishful thinking) y que se tradujese en realojamientos vinculantes de acuerdo con criterios objetivos. 

En la fase final de las negociaciones (trílogos con el Consejo), muchos ministros/as del Interior se resistieron a esta opción y exigieron una fórmula complementaria de solidaridad igualmente obligatoria: financiar el Fondo de Migraciones y Asilo y el Fondo de Solidaridad Interior en el Presupuesto de la UE por al menos 20.000 euros por cada persona arribada a una frontera exterior que podría corresponder a algún otro EM en un programa de reubicación. 

Por mucho que pueda criticarse que no todos los Gobiernos estén dispuestos a ser parte de programas de realojamiento obligatorios en sus territorios —y yo lo he criticado acerbamente— lo cierto es que también esa contribución financiera será, a partir de la eficacia plena de la legislación del Pacto, una forma de solidaridad actualmente inexistente. 

Una solidaridad con la que podrá financiarse la prestación de servicio hoy a cargo de los países de la primera entrada (FrontLine Member States), particularmente gravosa en las regiones de fronteras (Canarias, Islas Pelágicas, Islas Griegas...).

Es falso también, además, que el Pacto UE permita, autorice o encubre la "externalización de la gestión de fronteras, de los flujos migratorios y las demandas de asilo". Nada en el Pacto da cobertura a la aberrante retórica y política de Meloni y de quienes se han apresurado, en el Consejo de la UE (reunión de líderes, Jefes de Estado o de Gobierno) a darle un espaldarazo a sus "soluciones innovadoras". 

Nada en el Pacto habla de "subcontratar" la atención a migrantes rescatados en la mar, ni mucho menos aún a demandantes de asilo, protegidos por el Derecho internacional humanitario (Convención de Ginebra de Estatuto de los Refugiados de 1951), que es fuente del Derecho europeo (arts.3 y 6 TUE y Carta de Derechos Fundamentales de la UE/CDFUE, que prohíbe expresamente las “expulsiones colectivas”, art 18).

El Pacto impone lo contrario: una gestión integrada de las fronteras exteriores (corolario de la ausencia de fronteras interiores que conocemos como “Schengen”) y un riguroso respecto del Derecho europeo legislado (los ocho Reglamentos, de obligado cumplimiento por los EEMM sin necesidad de transposición a su Derecho interno). De la Comisión Europea —empezando por su Presidenta VDL, investida por segunda vez en julio de 2024)— sólo cabe un compromiso constante, firme y exigente con el Derecho europeo, tanto el Derecho primario (los Tratados, la "Constitución europea") como del Derecho legislado (Pacto UE de Migraciones y Asilo).

El Pacto UE reclama su oportunidad de ejecución y desarrollo leal por los EEMM, bajo la supervisión estricta de la Comisión Europea. El Pacto no necesita “relecturas imaginativas” que defrauden, rebajen, degraden o decoloren la ambición fijada en su texto normativo, Ley ya de obligada observancia para los EEMM. El Pacto UE no es compatible con la "subcontratación" ni con la "externalización" de derechos humanos protegidos por el Derecho de la UE. La belleza y la nobleza de la CDFUE reside en que protege a todas las personas por igual bajo la aplicación del Derecho de la UE: no sólo a la ciudadanía europea (450 millones de personas, que los son de sus EEMM), sino también, especialmente, a personas extranjeras (migrantes, demandantes de asilo) en territorio de la UE.

Las manifestaciones de VDL son no sólo un error grave: caminan en una dirección peligrosamente cómplice con las estrategias de la ultraderecha, con sus retóricas, sus narrativas, sus imaginarios trufados de falsedades que no resisten su contraste con los datos, con las cifras reales (asumibles por la UE sin concesión alguna al pánico ni al zafarrancho del rechazo o del negacionismo del hecho migratorio en sí), ni con los intereses estratégicos de la UE a la vista de nuestro avanzado invierno demográfico (envejecimiento y declive poblacional que amenaza la sostenibilidad de nuestro modelo social).

Y, como siempre sucede con las "soluciones" de la ultraderecha, ni son tales ni funcionan: lamentablemente erróneas, condenadas al fracaso (como la deportación de 16 personas desde Italia a un centro de acogida en Albania, con un coste de un millón de euros, saldada en escasos días en su regreso al completo, primero de los menores y luego de los adultos al anular los Tribunales italianos la medida por ilegal e incompatible con el Derecho internacional al que Italia se obliga).

Fui el primero en el PE en hablar de la inquietante "melonización" de VDL. La expresión rompió, por una vez, la espesa barrera de explicación pública que se cierne sobre las Instituciones europeas y en especial sobre el PE, el único "déficit" (el de comunicación) que cabe reconocerle. Una Comisión Europea "melonizada" es ya motivo de alerta en todas las tribunas especializadas en asuntos europeos. Arriesga el proyecto en curso, su razón de ser, el Pacto UE y el modelo social sobre el que descansa la entera experiencia de la integración supranacional europea.

Pie en pared. Muchos en el PE nos aprestamos a una de esas batallas que merecen ser libradas, con todas sus dificultades, ardua como pueda ser. Tanto como haga falta. As much and as long as it takes.

Publicado en Huffington Post