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Todos y cada uno de los logros de la Legislatura europea 2019/2024 pueden ser revertidos en esta Legislatura 2024/2029 que acaba de comenzar. Depende de la correlación de fuerzas decidida en las urnas del 9J que se apueste por su preservación o por su revocación.

Naturalmente, el diagnóstico tiene que ver con la escora a la derecha del arco parlamentario y con la posibilidad verosímil de que se constituyan en el Parlamento Europeo (PE) hasta tres grupos ultras competitivos entre sí con capacidad de arrastrar al PPE (derecha mainstream) hacia sus posiciones en cada votación. 

Esto podría afectar al desarrollo o implementación de los grandes paquetes legislativos aprobados en el quinquenio pasado como: Agenda Verde, Inteligencia Artificial, Migraciones & Asilo, Derecho penal contra el Blanqueo, cibercriminalidad (abuso sexual contra menores en la Red) y contra los tráficos ilícitos (explotación laboral o sexual de víctimas), son sólo algunos ejemplos del prontuario de asuntos pendientes de validación por las nuevas mayorías parlamentarias y expuestos, por tanto, a su bloqueo o erosión por una mayoría contraria o minorías de bloqueo.

De ahí la tensión acumulada en esta etapa de arranque en cada uno de los tableros de ajedrez en los que se juegan partidas simultáneas, mutuamente condicionantes. Por un lado, el Consejo Europeo, conformado por los líderes de los 27 EEMM, debe despejar la asignación de las posiciones en la cúspide de cada institución, pero sobre todo debe acordar qué mayoría va a resolver esa ecuación. 

La disyuntiva concierne al papel que desempeñarán en el período que ahora se abre los Gobiernos de la UE liderados o participados por fuerzas de derecha extrema y sesgo nacionalista (suman 9 de 27, a expensas de cómo se decanten las legislativas francesas convocadas por Macron). 

Por otra parte, el propio PE debe acordar las mayorías que afianzarán sus órganos de gobierno internos y sus exigencias de cara a la investidura de la Comisión Europea, a desenvolver en tres fases: investidura de la Presidencia; examen individualizado de las personas nominadas por los Gobiernos nacionales para formar parte del Colegio de Comisarios ante la comisión legislativa competente para su cartera (hearing de su probidad y competencia para el cargo en que, habitualmente, se producen varias caídas que obligan al EM a proveer nueva propuesta); y, finalmente, votación de confianza por el Pleno del PE sobre el conjunto del Ejecutivo europeo así formado.

Es seguro que la próxima Comisión Europea será, inevitablemente, más plural y compleja que la anterior, presidida por Úrsula Von der Leyen (como todo indica que será el caso en esta Legislatura). Por un lado, es inexacta —o falsa, sin más— la simplificación que pretende que la Comisión Europea se conforme a partir de una entente entre las tres grandes familias del PE (PPE, S&D y Renew/Liberales): no sólo porque varios Gobiernos de coalición incluyeron en sus acuerdos de Legislatura la nominación de personas procedentes de la familia de los verdes, sino también porque en el arranque de la pasada Legislatura dos carteras procedían de Gobiernos ultraconservadores (Hungría y Polonia).

En esta Legislatura 2024/2029, abundando en esa complejidad, el número de Gobiernos nacionales con liderazgo socialdemócrata se ha reducido dramáticamente (restan en pie España y Malta: Alemania compromete su plaza en la Comisión Europea en la persona de Von der Leyen, procedente de la CDU; Dinamarca tiene Gobierno de coalición y no es seguro el color de su propuesta para una cartera). Por contra, el número de Gobiernos salpimentados por la extrema derecha se ha multiplicado como nunca.

El proceso de desarrollo y garantía de aplicación de la legislación europea pende ahora de la combinación de fuerzas del Consejo (Gobiernos de los EEMM) y del PE. Sin un compromiso persistente y leal de los Gobiernos nacionales con el Derecho legislado por el PE, el camino que ahora se inicia puede tornarse problemático, si es que no un campo minado por dificultades prácticas. Cualquier deslealtad o resistencia de los Gobiernos nacionales obligará a la futura Comisión Europea a emplearse a fondo como "guardiana de los Tratados y del Derecho de la UE", así como, eventualmente, al TJUE como "garante del respeto del Derecho", sentenciando caso a caso la primacía y eficacia directamente vinculante de la legislación europea respecto de la nacional.

De ahí que afirmar con claridad las reglas y condiciones de partida para la Legislatura entrante sea de importancia crucial para desbrozar la ruta hacia la aplicación de los grandes avances normativos asentados en el pasado mandato representativo del PE. En otras palabras, debe quedar meridianamente diáfano el mensaje político concerniente a la contención de las fuerzas de ultraderecha y su representación en el PE (que aspira a conformar tres grupos a la derecha del PPE). 

He explicado en muchas ocasiones que no basta con extender al mal llamado "cordón sanitario" (acuerdo entre Grupos europeístas para cerrar el paso de la ultraderecha a posiciones principales o decisorias en el PE): hay que atender seriamente las causas de fondo del crecimiento del voto a candidaturas eurófobas sin ninguna propuesta política ni legislativa digna de ese nombre.

Así, lamentablemente, en la jornada electoral del 9J se han abierto paso hacia el PE listas caracterizadas por un discurso de odio trufado de mentiras, patrañas e insidias conspiranoicas cargadas de violencia verbal y matonismo puro y duro. Cómo atajar la abstención —que mantiene fuera de las urnas a la mitad del censo de ciudadanía con derecho a elegir el PE por sufragio universal directamente democrático— sigue siendo un desafío —a mi juicio prioritario— para el tiempo venidero. 

Su acometimiento ha de ser una exigencia inaplazable de la mayoría proeuropea que invista a la Comisión Europea en el calendario apremiante que hemos de desovillar en estas jornadas de verano, solsticio que nos convoca a los días más largos del año.