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Durante las jornadas 20 y 21 de marzo, una delegación de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo (PE) sobre el spyware Pegasus (Comisión PEGA, en la jerga) visitó España en el marco de los desplazamientos programados en su Plan de Trabajo inicialmente previsto para seis meses (con viajes a Israel, sede de la empresa que patentó el sistema de interceptación, a Hungría y a Polonia) y prorrogado luego a un año.

El eco de las recientes misiones del PE en España (recuérdese la resonancia en medios de comunicación de la visita de la Comisión de Control Presupuestario/CONT sobre el manejo de los Fondos UE de Recuperación, y de la de la Comisión de Igualdad/FEMM, sobre las medidas legislativas aprobadas por las Cortes Generales), plantea tres reflexiones en la perspectiva europea que anima esta tribuna.

La primera se concentra sobre el contraste entre el indudable —y positivo— interés mediático suscitado por esas Delegaciones del PE en España, habitualmente acompañadas por tribunas de opinión, y la hostilidad con que, en cambio, se recibe a esas mismas visitas en aquellos Estados miembros (EEMM) —casos de Hungría y Polonia— cuestionados por sus quebrantamientos del Derecho europeo (desafiando abiertamente su primacía sobre el Derecho interno) o por su incumplimiento de las sentencias del TJUE de Luxemburgo o del TEDH de Estrasburgo. 

He experimentado en carne propia esa ingrata indisposición y hostigamiento mediático cuando me ha tocado presidir, en mi calidad de Ponente del PE para el procedimiento extraordinario de sanción contemplado en el art.7 TUE y Presidente de la Comisión competente, la de Libertades, Justicia e Interior del PE (Comisión LIBE).

La explicación es palmaria: mientras en España la libertad de prensa y el pluralismo informativo conforman un sustrato sólido en el que muchos medios audiovisuales, impresos y digitales arrean con cualquier pretexto —una visita de miembros del PE, por ejemplo —contra el Gobierno de coalición progresista que preside Pedro Sánchez, tanto en Hungría como en Polonia se acusa una asfixiante concentración de medios directamente en manos del Gobierno y bajo su férreo control como una estrategia deliberada y sostenida en el tiempo de achicamiento de espacio cuando no de persecución de las opiniones críticas, al punto de que la protección de la libertad de informar es un capítulo constante en los Informes anuales de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en los autodenominados regímenes iliberales.

La segunda reflexión descansa en mi fundada convicción de que, en su contexto europeo, España es un referente sobresaliente, y desde luego positivo, en cada uno de los ámbitos sobre los que se han cernido las tres recientes Delegaciones del PE: a)- Control Presupuestario y corrección en la gestión de los Fondos Europeos de Recuperación (en proyectos estratégicos de transformación ecológica y digital, modernización económica, reindustrialización y perspectiva de género); b)- Políticas de igualdad con particular avance de la igualdad de las mujeres con un combate en varios frentes a la brecha de género (salarial, de promoción y de acceso a pensiones dignas); y C)- Regulación de los Servicios de Inteligencia conforme a las exigencias de un Estado constitucional de Derecho (CNI, Ley 11/2002 y LO 2/2002 de su Control Judicial, con autorización judicial previa de todas las medidas que afecten a derechos fundamentales y control parlamentario (Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputado).

En mi conocimiento del Derecho comparado y la secuencia descrita por la experiencia política en los distintos EEMM de la UE, en cada una de estas tres materias, España puede recibir con tranquilidad una misión del PE, garantizar una interlocución constructiva y señalar con ella una referencia significativa de la que extraer lecciones que contribuyan a asentar un nuevo estándar europeo en las respectivas conclusiones en las que desembocarán los trabajos de investigación actualmente en curso en la Eurocámara.

La tercera, sin embargo, se centra en una coordenada distintivamente nacional: la coincidencia de la visita de la Comisión PEGA del PE con la sustanciación en el Congreso de los Diputados de España de la segunda moción de censura (arts.114 y 114 CE, arts.177 y ss. RCD) interpuesta por el Grupo parlamentario de Vox (extrema derecha, a la derecha del PP) contra el Gobierno de coalición progresista presidido por el líder socialista Pedro Sánchez.

Los miembros del PE desplazados a España con motivo de su misión han podido acceder no sólo a sus interlocutores en las Cortes Generales, sino al vivo y en directo de una situación que expresa a niveles paroxísticos, con claro acento español, un síndrome del que se duele el conjunto de la política europea. Suele hablarse de “polarización” para describir una política crecientemente divisiva, en la que una sociedad pluralista y democrática arriesga abismarse en el desencuentro y la confrontación respecto de ejes capitales para la convivencia: la formulación retórica de la extrema derecha consiste precisamente en el desdén por las formas y en la voluntad expresa de generar desafección, desde el rechazo hasta el odio, mediante un lenguaje y una acción en que su falta de respeto por el adversario se troca continuadamente en su desprecio a la verdad.

La instrumentalización de la figura de un profesor nonagenario no es, en este escenario, lo esencial del desafío de la extrema derecha española —a ratos ofensivo, a ratos simplemente grotesco— a la ritualidad y el rigor que un debate concebido para oponer una alternativa de Gobierno en la que se entremezclen la crítica al Ejecutivo en ejercicio y la construcción de una nueva mayoría de investidura (que debe ser absoluta, en eso consiste la censura constructiva) en torno a un/a candidato/a capaz de poner punto y aparte al curso de la Legislatura.

La singularidad de este recientísimo episodio nacional —insólito, por sus características, incluso en el abultado registro de las ya abundantes mociones de censura habidas en nuestro parlamentarismo desde la democracia— merece, claro, un comentario más extenso del que me proponía en esta tribuna europea. Baste aquí la reseña de la perplejidad que ha suscitado en la UE, y a todo lo largo y ancho de la representación del pluralismo político supranacional que legitima y vertebra al PE.

Y de la grave e injustificable responsabilidad que están contrayendo cada día, en estos tiempos turbulentos y por lo mismo exigentes, quienes están trabajando para horadar, perjudicar y erosionar sin desmayo ni pudor la reputación de la España constitucional y europea de la que, pese a ellos, con toda legitimidad nos enorgullecemos varias generaciones de europeístas españoles.