Inicio     Tribuna de Prensa  

En el orden del día del Pleno de enero del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo se incrustó un debate temático de urgencia (llamado Topical Debate, en nuestra jerga) sobre la “Situación del Estado de Derecho en España” (Rule of Law in Spain).

Proceden dos aclaraciones antes de expresar mi opinión en esta tribuna europea. La primera es de procedimiento: al objeto de intensificar el interés político de la sesión plenaria mensual del PE (de una semana de duración, un total de 12 al año), se han consolidado en esta Legislatura 2019/2024 dos prácticas innovadoras que no han requerido, por el momento, reforma del Reglamento interno del PE (Rules of Procedure): una, un tiempo de control parlamentario en vivo (Question Time) con preguntas y respuestas orales a la Comisión Europea; otra, un Topical Debate cuyo objeto es elegido y propuesto, por turnos, por cada Grupo del PE, siendo obligatoria su inserción en el Pleno a no ser que lo objeten por unanimidad todos los demás el tema (Topic) del debate político de urgencia. 

La segunda aclaración es la siguiente: siguiendo la agenda de confrontación incesante del PP español contra el Gobierno de España (excuso explicar aquí: Gobierno democráticamente legitimado desde su investidura por el apoyo sostenido de una mayoría parlamentaria en las Cortes Generales), el Grupo del PPE eligió discutir este último pleno de enero en Estrasburgo sobre las pretendidas “amenazas” al Estado de Derecho y la democracia en España.

No sorprenderá aquí si concluyo que al PP español le salió el tiro por la culata, en la medida en que la suma de las intervenciones corales en este punto del orden del día (miércoles 17 enero a 13:00) consiguieron revertir la ofensiva del PPE. Importa más, sin embargo, deplorar hasta qué punto produce desolación, estupefacción y tristeza en las bancadas del PE que el PP español se empeñe en atacar en Europa, con todas las armas y bagajes de que dispone, la reputación constitucional de España, con el acompañamiento de corifeos y potenciales aliados de la extrema derecha (Vox) y de los declinantes Cs del Grupo de Liberales/Renew (en trance de extinción en España).

España ostentará la presidencia semestral del Consejo de la UE en la segunda mitad de este año 2023, y lo hará por quinta vez. Lo hará en un momento decisivo de la legislatura 2019/2024, en modo que muchos objetivos de este mandato político, incluido el Nuevo Pacto de Migraciones y Asilo que debe darle, por fin, un carácter vinculante a la solidaridad y a la responsabilidad compartida entre los Estados miembros (EEMM). 

Nunca como en esta ocasión había asistido el conjunto de las Instituciones de la UE (la Comisión Europea que preside Von der Leyen, el Consejo que reúne a los Gobiernos nacionales, y el PE que representa a la ciudadanía europea por sufragio universal de 450 millones de ciudadanos/as europeos/as) a una expresión de cainismo españolísimo por parte de quienes están en la oposición en la política doméstica: minar y torpedear el esperable éxito de la presidencia española de la UE es, efectivamente, la ofensiva desatada sin ningún tipo de escrúpulo por el PP, como primer factor de lo que actúa a menudo como pollo sin cabeza, no sólo contra la agenda de ambiciones europeas del conjunto de la UE, sino contra la imagen exterior de su propio país, contra el que malmeten sin desmayo todos los días del año, 24/7. 

Y lo hacen sin parar en mientes en el contraste, a menudo grotesco, entre su distorsión apocalíptica de las cosas y el reconocimiento que esa misma realidad obtiene de los observadores europeos e internacionales más acreditados (y desapasionados, no sospechosos por tanto de complicidad ideológica con el Gobierno progresista que preside Pedro Sánchez), tal y como se manifestó hace escasos días en Davos.

Grotesco y caricatural resulta, efectivamente, el esfuerzo desplegado por el PP español en la UE para denunciar una supuesta “deriva totalitaria” del Gobierno de España, cuyo supuesto de hecho es ser un Ejecutivo minoritario (“hiperminoritario”, se le considera a menudo en la politología compararativa de la UE), en modo que la suma de los dos componentes de la coalición gobernante (inicialmente 150, habiéndose producido dos bajas en la bancada de Podemos, hasta 148) ¡se queda a 28 escaños de la mayoría absoluta! Ni “rodillo”, por lo tanto, ni posibilidad de arrollar los derechos de la oposición (cuyos recursos, por mucha discusión que merezcan, han llegado a prosperar incluso en sus efectos suspensivos decretados por el TC contra procedimientos legislativos en curso), ni comparación posible, por supuesto, con Hungría y con Polonia, donde sus mayorías absolutas gobernantes han impuesto, con su sesgo ultraconservador y de extrema derecha, en el curso de apenas unos pocos años (una sola Legislatura, en el caso de Polonia) su propia agenda de reformas constitucionales y legales sin contemplación alguna contra los derechos de las minorías en sus Parlamentos nacionales respectivos.

Abyecto y engañoso resulta, en particular, la farisaica denuncia por el PP español de un pretendido “intento de ocupación del Poder Judicial” por parte del Gobierno de España, como si, a estas alturas, pudiesen engañar a nadie. Todo el mundo en la UE sabe que la principal crítica contenida en los sucesivos Informes sobre el Estado de Derecho (Country Reports on Rule of Law in the EU) presentados hasta ahora por el Comisario de Justicia D. Reynders ante la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE, que tengo el honor de presidir, consiste precisamente en el bloqueo del CGPJ desde hace 5 años (su última renovación tuvo lugar en 2012, debiendo haberse renovado su mandato quinquenal en 2017). 

Todo el mundo sabe que el bloqueo de ese órgano —que no es jurisdiccional ni ejerce Poder Judicial, sino que gobierna los asuntos administrativos y profesionales de la judicatura— es responsabilidad exclusiva del PP. Del PP, de nadie más. Y todo el mundo sabe la razón: el PP gobernaba con mayoría absoluta en 2012 (última renovación del CGPJ) y la perdió en 2015. Hace ahora cinco años que le toca ejercer oposición contra el Gobierno legítimamente investido por mayoría parlamentaria. Pero es incapaz de acatar las reglas constitucionales con las que se llena a gritos la boca: ni las que ordenan la renovación del CGPJ, cada cinco años, por mayorías de 3/5 de cada Cámara; ni las que determinan a qué fuerzas corresponde la responsabilidad de Gobierno desde la investidura y cuáles la de oposición. Ese es el actual problema de España en la UE. No un alegado, inexistente, “abuso de poder” que “amenace” la democracia en España o las reglas distintivas del Estado de Derecho.

En efecto, la idea europea de democracia exige saber gobernar desde el respeto a las minorías y a la oposición. Pero exige también saber perder desde el reconocimiento a la legitimidad del Gobierno de tu país, cuando este Ejecutivo ha obtenido la confianza parlamentaria que se expresa en la investidura, en las mayorías que aprueban las leyes en el Parlamento y rechazan, cuando se presentan, las de la oposición (incluidas sus mociones de censura, que también las hemos visto).

Entre los libros que, en los últimos años, han tenido mayor impacto y difusión en la ciencia política de las democracias avanzadas, hay tres que explican con detalle cómo la confrontación y la “polarización” que dinamitan todos los puentes contra la convivencia y alimentan las retóricas del odio y la intransigencia recíproca entre compatriotas (que así se viene llamando al guerracivilismo por otros medios) sí que constituyen, sin duda, una amenaza real contra la democracia: Cómo mueren las democracias (Levitsky & Ziblatt); Por qué fracasan los países (Acemoglu & Robinson); El ocaso de la democracia (la seducción del autoritarismo)” (Applebaum). Sus lecciones son claras.

Muchos queremos creer que aún estamos a tiempo de compartir un país y su defensa ante la UE. Presidencia española, segunda mitad 2023: una oportunidad.

Publicado en Huffington Post