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Precisamente por haber llegado a este punto de dramatismo en el desgaste institucional causado por tanto bloqueo unilateralmente impuesto por el PP contra un órgano constitucional del Estado (art.59 LOTC), contra la Constitución misma (art.122 CE) y contra todo vestigio de lealtad y sentido constitucional por parte de quien se autoproclama no sólo como principal partido de la oposición sino como “defensor” y “adalid” de un “constitucionalismo” tan infatuado como carente de ninguna verosimilitud en su ejecutoria sobre este asunto, resulta no ya descorazonador sino sumamente alarmante que una llamada telefónica cursada mientras el presidente del Gobierno se encontraba liderando una misión oficial en dos países africanos haya servido de pretexto – el enésimo, ad nauseam- al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, para reventar in extremis lo que parecía ser un último, agónico y prácticamente culminado acuerdo para la renovación -¡por fín!- del CGPJ caducado.

Pero hace mucho que, además, esa tensión irrogada por el filibusterismo unilateral del PP apunta también a explotar el daño sistémico causado a esa reputación constitucional de España que tanto nos costó construir tras el prolongado y humillante ostracismo que décadas de dictadura nos impusieron frente a Europa. Imperdonable es, por tanto, que la misma derecha que mina la credibilidad de la Justicia española ante la UE sea la que reverbera, con redoble de tambor, incluso con regocijo, cada vuelta de tuerca adicional con la que se recrudece nuestro examen por la Comisión Europea en cada “Informe Anual del Estado de Derecho”.

Y hay todavía un alcance más: el PP no solamente ha decidido condenar al CGPJ a la parálisis, sino que incluso pretende que su congelación se proyecte sobre la también necesaria -y ya hace seis meses pendiente- renovación parcial del tercio del TC que corresponde decidir tanto al CGPJ (dos miembros) como al Gobierno (otros 2), conforme, una vez más, a lo preceptuado estrictamente por la Constitución.

Ante los incuantificables perjuicios que a la credibilidad y prestigio de la Constitución podría llegar a causar esta derivada -tan abyecta como inaceptable-, sólo cabe una conclusión: nada puede impedir al Gobierno efectuar legítimamente sus dos nombramientos para el TC sin sujetarse a la condición -de cada vez más remota hipótesis de cumplimiento- de que el CGPJ aporte con simultaneidad los dos que le corresponden. Esta es inequívocamente mi lectura constitucional de la situación a la vista de sus riesgos inasumibles, coincidente punto por punto con la sostenida en El País por mi viejo amigo y colega de la Universidad de Granada, prof. Miguel Azpitarte, con colación explícita de las SSTC 49/2008 y 191/2016.

Procede expresarlo de forma taxativa. Como la Constitución no puede querer ni menos aún imponer un resultado manifiestamente inconstitucional, sólo cabe interpretar que hora es ya de que el Gobierno ejerza su responsabilidad, sin conferirle al PP -único responsable de la intolerable degradación institucional que, en este punto, sufrimos todos cuantos tomamos la Constitución en serio- ningún derecho de veto ni, por aproximación, ni un palmo del derecho de pernada que se ha propuesto perpetrar sobre el CGPJ y, por extensión, sobre ese TC sin el cual no hay Constitución normativa ni garantía constitucional de los derechos en amparo.

Publicado en Huffington Post