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Una vez más, Hungría, Estado miembro de la UE desde la "gran ampliación" de 2004, como síntoma de la malaise europea. El Gobierno de Viktor Orbán -de la familia del Partido Popular Europeo-, ha tiempo que se ha instalado en una retórica nacionalista extrema y agresivamente antieuropea, rayando, incluso, en la eurofobia. Su último movimiento a propósito del pánico desatado por la mal llamada "crisis de refugiados": frente y contra las fronteras de sus países vecinos, EE.MM. de la UE, levanta muros y restablece barreras y controles.

Esto, por tanto, es un debate que afecta no solo a Hungría y sus países vecinos. Alcanza a toda Europa y la afecta por entero, en la peor crisis de su historia. Desafía los llamados "criterios de Copenhague" (Estado de Derecho, democracia representativa, derechos fundamentales, separación de poderes, tutela judicial y protección de minorías, además de acreditar capacidad para asumir las reglas del mercado interior). Criterios que, recuérdese, no solamente han de exigirse cuando se ingresa en el club, sino a todo lo largo de la permanencia en el club. 

La Comisión, "guardiana de los Tratados", debe actuar para defender los valores europeos puestos en crisis más gravemente que nunca de la mano del Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán en Hungría. Alguien debe decirle al Gobierno de Viktor Orbán -por si aún no se ha enterado- que incorporarse a la UE significa formar parte de un "espacio libre de pena de muerte" y de cualquier forma de debate sobre su reinstauración. Dicho más claramente, cualquiera que introduzca ese asunto en el debate político tendrá que responder ante toda la UE. Porque cuestiona una conquista de la civilización del Derecho y de las libertades que debe ser preservada activamente por la guardiana de los Tratados, que es la Comisión. Por eso debatimos en el Parlamento Europeo. Cuando un gobernante de la UE se atreve a hablar -como lo ha hecho Orbán ante el Europarlamento- de la potencial reinstauración de la pena de muerte como un objeto hipotético del que se pueda discutir bajo la "libertad de expresión", está faltándole al respeto al contrato que adquirió cuando pasó a formar parte de la UE.

Apoyándose exclusivamente en su mayoría parlamentaria, el Gobierno de Orbán acometió una reforma de la Constitución húngara -que entró en vigor en el año 2012- que ha supuesto un severo retroceso democrático. Al mismo tiempo implementaba -y lo sigue haciendo-, políticas restrictivas en asuntos de enorme sensibilidad -la criminalización de los "sin techo", por señalar solo un ejemplo- que contrarían los valores de la UE, menoscabando derechos y libertades que son parte del acervo comunitario europeo.

Análogamente, en 2011 el partido Finlandeses Auténticos, dirigido por Timo Soini, consiguió un resultado preocupante en Finlandia, deviniendo tercera formación del país, con un discurso ultranacionalista y profundamente antieuropeo. Y el UKIP de Nigel Farage fue la fuerza más votada en el Reino Unido en las últimas elecciones europeas.

El pasado domingo 6 de diciembre, el Front National, formación ultraderechista liderada por la eurodiputada Marine Le Pen, dio prueba de su pujanza en una sociedad acuciada por la zarpa del terror que la golpeó el 13 de noviembre. Fue la fuerza más votada en las elecciones regionales, con un 29,1% de los votos, por delante de la derecha PPE de Sarkozy, (26,78%) y de PSF de François Hollande (22,99%), quien, pese a su efectista respuesta tras los terroríficos atentados en París -con el constante uso de símbolos del Estado, la Marsellesa y la bandera tricolor-, no ha podido todavía desactivar el discurso del odio y la islamofobia esgrimido por Le Pen.

El ultraderechismo y sus huestes refuerzan el componente identitario más primario, situándose constantemente en una posición de confrontación cultural frente a la inmigración y, muy particularmente, frente a la comunidad musulmana, estigmatizada de un modo cada vez más desinhibido como una amenaza para la "Francia para los franceses" preconizada por el FN.

También por este contexto, que atraviesa las fronteras europeas al tiempo que las restablece, las acciones llevadas a cabo por Orbán en Hungría exigen una acción europea del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. La Comisión se ha mostrado incapaz, incluso, de poner en marcha el llamado "mecanismo del Estado de Derecho" para evaluar el deterioro de la calidad democrática, del respeto de los derechos de las minorías, de la independencia judicial y del derecho al juez predeterminado por la ley que se han consumado en Hungría de la mano de la reforma constitucional con los votos de FIDESZ (el PP húngaro ultraderechista). Así, clamorosamente lo pone de manifiesto nada más y nada menos que la presentación de una iniciativa ciudadana europea registrada el 30 de noviembre ante la Comisión para exigir la aplicación del artículo 7 del TUE: el dispositivo que prevé que, por mayoría cualificada, el PE solicite al Consejo que considere la retirada de sus derechos de voto a cualquier Estado miembro donde se haya constatado una quiebra grave y sostenida de los principios fundamentales de la construcción europea.

Artículo publicado en El Huffington Post.