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Que la construcción europea se ha hecho a partir de sus crisis, reponiéndose a sus crisis, a través de sus crisis y aprendiendo de ellas es uno de los más repetidos mantras de la literatura europeísta.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE), la UE ha remontado las que seguramente son las turbulencias más intensas y profundas de su historia, desde la Gran Recesión que arrancó en 2008 hasta la guerra de Putin contra Ucrania, con su impacto humanitario y su secuela de estragos energéticos a los que está haciendo frente la ciudadanía europea, el calibre de la respuesta ante los acontecimientos ha probado su resiliencia —palabro oficializado— y desafiado la imaginación y la voluntad de los actores políticos, sociales y económicos.

Esa singularidad es la que explica su base jurídica única —art. 349 TFUE— para exceptuarlas, cuando sea oportuno, de la aplicación de la legislación europea (buscando modalidades distintivas de trato y adaptación), y para adoptar actos legislativos especializados para sus características. Ejemplo de esa exigencia de tratamiento singular es la especialización (excepción) del régimen de adaptación de los transportes aéreos y marítimos (conectividad) con y desde las RUPs en la Estrategia de Sostenibilidad (Green Deal) que la jerga europea conoce como “Fit x 55” (compromiso reducción de un 55% de gases invernadero en 2030 y un 100% en 2050), votada en el Parlamento Europeo (PE) con el impulso decisivo de l@s eurodiputad@s RUPs, entre los que me cuento.

La Comisión Europea que preside Von der Leyen (VDL) en esta Legislatura 2019/2024 ha decidido actualizar su Estrategia para las RUPs 2021/2027, con una doble orientación: a) de un lado, diversificar sus economías tradicionalmente centradas en la agricultura y la pesca artesanal, un limitado sector industrial con crecientes extensiones en el sector servicios (RUPs francesas) así como en en el turismo (RUPs portuguesas —Azores y Madeira— y española, Canarias), b) de otro, complementariamente, apostar por la digitalización e innovación en economía verde, azul, y circular y por algunos ámbitos de oportunidad altamente selectivos como es el aeroespacial, la biología marina y los observatorios astronómicos, tan punteros en Canarias (La Palma).

La próxima presidencia española de la UE, prevista para la segunda mitad de 2023, ha incorporado a su ambiciosa agenda de actos y foros programados dos citas de particular significación en Canarias: a)— de un lado, un Consejo ministerial de Alto Nivel de la OCDE (que integra a 37 EEMM) de Economía e Innovación Digital; b)— De otro, la celebración en Canarias, y bajo su presidencia, de la periodizada (anual) Conferencia UE de RUPs.

En un contexto tan extraordinario de oportunidad y de futuro, el sector turístico canario acomete una ocasión innovadora en la que puede, una vez más, reinventarse y adaptarse para cumplir simultáneamente objetivos de una envergadura difícilmente cuantificable: a)— mantener en incrementar su rentabilidad y su contribución al PIB regional y al empleo sin que resulte inexorable el paralelo (e irrefrenable) número de turistas/año: incrementando el gasto por turista/día puede reequilibrarse la balanza con un amejoramiento de su sostenibilidad; b)— potenciar la innovación y la inversión en la participación de energías renovables en todos los eslabones de la cadena de valor (conectividad, planta alojativa, suministros energéticos); c)— relanzar, con tanto éxito como en etapas anteriores, la imagen internacional de Canarias en los más exigentes medios y mercados globales como un inmejorable destino y referente turístico global.