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En Italia se apunta (y se teme) a una victoria de la suma de la derecha (Forza Italia) con liderazgo de Fratelli d’Italia y Giorgia Meloni (heredera del posfascismo del MSI). La ultraderecha se situará así al frente del Gobierno de un gran país fundador

Del largo, y bien articulado discurso de la presidenta Von del Leyen (VDL) en el Debate sobre el Estado de la Unión que, cumpliendo su cita anual, ha tenido lugar este primer pleno de septiembre del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo, los socialistas europeos hemos aplaudido la apuesta por un esfuerzo común para topar los precios del gas que tanto acucian a la ciudadanía de los 27 Estados miembros (EEMM), y por imponer un impuesto extraordinario sobre los “beneficios caídos del cielo” de las corporaciones energéticas, singularmente las eléctricas, cuya recaudación (estimada nada menos que en 140.000 millones de euros) financiará las políticas sociales que paliarán los sacrificios impuestos por la guerra de Putin.

Huelga aquí, tribuna europea, cualquier comentario o sarcasmo sobre el contraste de este arrojo con la criticable oposición del PP en España a sumarse a esta estrategia, tan cargada de sentido como imperiosa a la vista del daño social causado por la espiral inflacionista (y exorbitantes beneficios) en el suministro de luz y de calefacción en los hogares y empresas.

Pero, con ser esto importante, no menos reseñable ha sido la reivindicación de la ¡solidaridad vinculante! como pilar insoslayable del nuevo Pacto UE de Migraciones y Asilo, cuyo debate y votación puede completarse en el PE antes de fin de año, para iniciar cuanto antes la negociación con el Consejo (reunión de los Gobiernos de los EEMM) con vistas a su entrada en vigor antes de finalizar la presente Legislatura 2019/24 con el impulso decisivo de la presidencia española de la UE (segundo semestre 2023).

Cuando todavía está reciente la firma solemne —apenas la semana pasada— del acuerdo interinstitucional sobre el calendario legislativo del Pacto UE de Migraciones y Asilo (PE, Comisión Europea y Consejo de la UE, presidencias semestrales hasta 2024), la entera UE ha sido sacudida abruptamente por el radical cambio de guardia producido el domingo 11 de septiembre en las elecciones en Suecia: pese a que la socialdemocracia liderada por la Primera Ministra Magdalena Andersson volvió a ganar con claridad como primera fuerza (30% de los votos), una coalición alternativa —en la que se conglomeran la maltrecha marca sueca del PPE (“Moderados”) y una pujante extrema derecha neonazi (¡cruelmente disfrazado bajo su autodenominación Swedish Democrats”!)— se alza con la segunda posición (¡20%!). Un nuevo y lamentable ejemplo de la connivencia del PP con la peor ultraderecha se erigirá, sin remedio, en el nuevo Gobierno de Suecia, ¡que asumirá la presidencia rotatoria de la UE, tras la actual presidencia checa, el primer semestre de 2023, inmediatamente antes de la sucesiva, española (segundo semestre de 2023)!

No puede ignorarse el impacto que este suceso de calado —el Gobierno de Suecia cae, inesperadamente, del lado oscuro de la fuerza, el de la xenofobia que rechaza a los inmigrantes con un discurso de odio que explota electoralmente el ansia de seguridad— en el RoadMap que conduce al Migration & Asylum Pact.

¡Pero es que las siguientes elecciones, ya inminentes, son las italianas!, donde se apunta (y se teme) a una victoria de la suma de la derecha (Forza Italia) con liderazgo de Fratelli d’Italia y Giorgia Meloni (heredera del posfascismo del MSI). La ultraderecha se situará así al frente del Gobierno de un gran país fundador de la construcción europea y activo miembro, hasta ahora, del Med Five (España, Italia, Malta, Chipre y Grecia), que aboga dentro del Consejo de la UE por la solidaridad vinculante y la responsabilidad compartida (art.80 TFUE) en la negociación del nuevo Pacto Migratorio y de Asilo en que venimos trabajando con denuedo desde el PE, y especialmente desde la Comisión legislativa competente (Comisión LIBE) que tengo el honor de presidir.

Malas noticias, pues, sumamente preocupantes, orbitan sobre nuestra agenda de ambiciones europeas y extienden un manto de sombra durante y tras el interesante Debate sobre el Estado de la UE con la Comisión VDL.

Pero, con todo y con eso, del discurso de la Presidenta VDL cabe resaltar aún otro pronunciamiento muy significativo: los valores de la UE no son fraccionables ni negociables, se erigen como principios constitucionales cuyo respecto obliga a todos los EEMM, de modo que su cumplimiento no solamente resulta condición previa de acceso a los Fondos de la UE, sino que el Derecho europeo debe reforzar su marco contra la corrupción en la administración de los dineros europeos. La Comisión VDL se hace así eco de una reclamación enunciada con coraje e insistencia por el PE: “No EU Money for Autocrats!”.

Es en este contexto que cobra fuerza, de nuevo, la denuncia —y reprobación— de la deriva antidemocrática en la que hace más de una década está embarcado Víctor Orbán al frente del Gobierno de Hungría. Calificado, literalmente, como una pseudodemocracia “híbrida” en que la invocación rutinaria de las victorias electorales del ultraderechista y ultranacionalista Fydezs recubre la falsa tesis de que la democracia consiste en mayorías en las urnas y en los Parlamentos como pretexto suficiente para el aplastamiento y posterior persecución de las minorías y de toda forma de oposición y disidencia.

El síndrome del Gobierno húngaro bajo el hiperliderazgo de Orbán conglomera, a estas alturas, lesiones de mayor entidad a todos y cada uno de los capítulos constitucionales de un Estado de Derecho: independencia judicial, autonomía de la fiscalía, libertad de información y pluralismo informativo, no discriminación (por orientación sexual e identidad de género), respeto a las minorías y a los derechos de crítica y manifestación contra el Gobierno, libertad académica, respeto a la sociedad civil y a las ONGs... ¡Todos y cada uno de los componentes esenciales de una democracia plena han padecido, con mayor o
menor intensidad y recurrencia, una deliberada estrategia de asalto y debilitamiento!

El Debate sobre Hungría en el Pleno de Estrasburgo —con su resolución— arroja luz sobre el hilo conductor que, reveladoramente, conecta la corrupción endémica y capilarizada del Gobierno de Orbán con la ocupación implacable del Poder Judicial y la reducción de su independencia a escombros: ¡nada hay más característico de los oligarcas corruptos que apuntalar su impunidad desactivando o neutralizando cualquier posibilidad de investigación o enjuiciamiento de su venalidad por una Justicia independiente, sin descartar su reemplazo por una pseudojusticia de juguete a manos de jueces incondicionales!

No es, por lo tanto, casual que estas mismas conclusiones inspiren el Informe Anual sobre el estado de los Derechos Fundamentales en la UE del que he sido ponente, asimismo aprobado por una mayoría rotunda en este pleno de Estrasburgo. Es cierto que no procede trasladar a la ciudadanía europea la impresión —equivocada e injusta— de que el Estado de Derecho y la democracia en la UE se encontrarían poco menos que en coma, en deterioro o en retroceso sin recuperación a la vista ni motivos para la esperanza: a pesar del incremento progresivo de los escaños eurófobos y de las extremas derechas en el curso de los años de vigencia del Tratado de Lisboa (TL) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE), el solo hecho de que siga siendo posible sumar en el PE claras mayorías de reafirmación de los valores constitucionales distintivos de la razón de ser de Europa —como la que ha respaldado la Resolución contra Hungría— es un dato alentador.

Y es, por tanto, un acicate para seguir apostando para la corrección efectiva de las desviaciones o de los descosidos que podamos constatar en la ejecutoria concreta de algunos Gobiernos nacionales en los EEMM timoneados por discursos cargados de odio a la diversidad, rabiosamente contrarios a los valores europeos.