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El tiempo corre mientras penden todavía de cumplimiento algunos de los objetivos más señalados de esta etapa.

En el denso orden del día del primer Pleno del Parlamento Europeo (PE) en septiembre en Estrasburgo destaca la celebración anual del Debate sobre el Estado de la Unión con la Presidenta de la Comisión Europea Ursula Von del Leyen (VDL). Momento para pulsar el cumplimiento de los compromisos contraídos en su Investidura y discutir la respuesta de la UE a los retos sobrevenidos, que no estaban en la agenda, pero que miden la estatura y calidad de la integración supranacional: la superación, largamente demorada, de la pandemia del covid y el restablecimiento de la gobernanza de Schengen, a la que se incorpora —por fin— Croacia; la aceleración de la transición justa hacia una economía sostenible, verde y descarbonizada, en la que la autolesiva dependencia del gas y el petróleo ruso por algunos Estados miembros (EEMM) aporta nuevos contenidos a la solidaridad y a la multiplicación y diversificación de fuentes de suministro de fuentes alternativas, y en que la posición estratégica de España le granjea un protagonismo y emergente liderazgo en la determinación de las opciones disponibles, son dos objetos del debate que se suman a la inevitable ponderación de sacrificios económicos y sociales —que deberán ser justamente repartidos— que se están probando inevitables para hacer frente a la amenaza que la férula de Putin impone a la paz en Europa desde la vecindad gigantesca e ineludible de la Federación Rusa en nuestra frontera exterior.

Pero, junto a los contenidos, orbita también sobre el Debate del Estado de la UE una cuestión de coordenadas y de apremio temporal. La Legislatura del PE 2019/2024, a la que se debe el mandato de la Comisión VDL, avanza decididamente hacia su recta final. El tiempo corre mientras penden todavía de cumplimiento algunos de los objetivos más señalados de esta etapa: el reto de poner en pie —tal como ordena el Tratado de Lisboa (TL) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) desde su entrada en vigor hace ya más de 12 años— un verdadero Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) basado en los principios de solidaridad (vinculante) y responsabilidad (compartida), art.80 TFUE, se ha reflejado estos primeros días en una ceremonia solemne de la que me honrado en formar parte como presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del PE: la firma por las tres Instituciones de la UE (Consejo, con las presidencias semestrales de la UE hasta final de legislatura, incluida la española en el segundo semestre de 2023; Comisión Europea, con la Comisaria de Interior, Ylva Johansson, y PE, con su Presidenta, Roberta Metsola) de la hoja de ruta y calendario legislativo del Pacto de Migraciones y Asilo compuesto por cinco nuevos reglamentos (leyes europeas) y la reforma profunda de las leyes pendientes desde 2016.

Sin duda, queda todavía mucha tela que cortar y el tiempo apremia, pero la formalización, firma y rúbrica por escrito de una apuesta compartida para alcanzar en esta Legislatura (antes de las elecciones europeas de 2024) un pacto equilibrado en que todas las piezas del rompecabezas (desde la Ayuda al Desarrollo y la Diplomacia Europea hasta la integración e inclusión de los migrantes, pasando por la lucha contra los tráficos ilícitos, por el respeto a los Derechos Fundamentales y al Derecho de la UE por los EEMM y la apertura de vías legales para llegar a la UE sin perder la vida en el empeño) encajen en un equilibrio y una red de solidaridades mutuas, supone un paso adelante, un avance estimulante y un acicate para consumir en tan difícil como arriesgado ejercicio de voluntad política toda la energía y empeño —con las negociaciones arduas que serán menester— para completar el trabajo.
Aún otro asunto ocupará en esta primera e intensa sesión Plenaria de septiembre del PE en Estrasburgo, una de esas citas habituales en la recuperación del curso parlamentario tras las semanas de agosto: el debate y resolución del informe sobre el estado de los Derechos Fundamentales en la UE, del que tengo el honor de ser ponente en cuanto Presidente de la Comisión LIBE.

Es cierto que el PE se ocupa con habitualidad de los derechos humanos en su contribución a la gobernanza democrática de la globalización: no en vano la UE es la campeona mundial de la Ayuda Humanitaria y la Cooperación al Desarrollo, y dispone para ello de una Diplomacia europea (que dirige el HighRep, Josep Borrell) que condiciona Fondos europeos a programas de respeto a los derechos y al pluralismo, igualdad de género, protección de minorías, libertades y valores. Pero no menos exigente ha de ser la mirada respecto del estado en que se encuentran esos valores comunes que vertebran los principios constitucionales consagrados en el art.2 TUE en el interior de la propia UE y sus 27 EEMM. Tres consideraciones han de tenerse en cuenta al abordar anualmente este debate en el PE.
La primera es que la historia demuestra con claridad que el Estado de Derecho, la democracia y las libertades no están nunca, en ninguna parte, garantizadas para siempre, ni pueden darse por sentadas. En todas partes —también entre nosotros, los EEMM de la UE y la ciudadanía europea que lo es por serlo de alguno de sus Estados integrantes— la libertad, el orden de convivencia basado en el imperio de la Ley democráticamente legitimada y su corolario que es la paz, es un bien frágil y perecedero a menos que preservemos con celo, esfuerzo y conciencia instituciones garantes y remedios efectivos —también jurisdiccionales— contra cualesquiera abusos y contra la injusticia de la arbitrariedad. De modo que tenemos razones para prestar atención al Informe que anualmente la Comisión VDL (Comisario de Justicia, Didier Reynders) presenta ante la Comisión LIBE sobre el Estado de Derecho en los 27 EEMM, distinguiendo claramente entre “violaciones graves” —esto es, amenazas sistémicas— y situaciones concretas que, mereciendo observación y corrección, no indician desviaciones generalizadas del Derecho de la UE.

La segunda es que, con todo, la UE sigue siendo –en el contexto de un mundo expuesto a turbulencias, violencia, guerras y masivos quebrantos de derechos humanos, para empezar por las que perpetúan discriminación, violencia y explotación contra las mujeres y menores vulnerables— un oasis de derechos en que todavía se conjugan estándares admirables de libertad, de cohesión y de protección social junto a oportunidades para la prosperidad en un contexto de paz (cada día más amenazada, pero todavía distintiva de nuestro modelo social y de la razón de ser de Europa).

Y la tercera es que, al combinar uno y otro razonamiento, debemos guardar un equilibrio en la ponderación del juicio. Tanto para ser justos con la UE —es decir, con nosotros mismos— como para contribuir sin acidez ni acritud (sin desdoro, por tanto, de la credibilidad de nuestras resoluciones del PE) al amejoramiento de nuestra convivencia en el respeto al derecho y a los principios europeos, siendo al mismo tiempo exigentes y constructivos, practicando dentro de la UE los valores que predicamos fuera. De otro modo será resbaladiza —y sumamente riesgosa— la pendiente de la grandilocuencia crítica, de la iracundia exacerbada, aunque sea tóxicamente acompañada de exageraciones en las que anida la banalización de los derechos y libertades, como si fuese buena idea abandonarse a la retórica de elevar el listón de sus proclamadas exigencias sin una cuidadosa atención a las deficiencias concretas de su régimen jurídico, su desarrollo legal, su protección judicial y la financiación presupuestaria de los servicios y programas que realizan en la práctica y en la vida cotidiana esos grandes objetivos, que es donde en rigor se testan los principios europeos del Estado de Derecho, la Democracia y los Derechos Fundamentales de la UE.