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La sucesión de crisis que ha venido sacudiendo la política europea desde la Gran Recesión que arrancó en 2008 (Brexit, Crisis de los Refugiados, ofensiva de los autodenominados regímenes iliberales, pandemia de covid, guerra de Putin contra Ucrania…) subyace a la explicación que tanto la ciencia política como el análisis periodístico han venido elaborando para explicar los seísmos que han venido a transformar los paisajes electorales y políticos tanto de la UE en general como de sus Estados miembros (EEMM).

La contracción de las fuerzas que tradicionalmente vertebraban los espacios conservador y socialdemócrata (las familias europeas de los Partidos Popular y Socialista) ha sido condicionada por la paralela emergencia de formaciones populistas y plataformas diversas que reivindicaban la aurora de una “nueva política”. No son pocos los experimentos que, en ese contexto, han envejecido deprisa y parecen desinflarse, sin que esté claro, no obstante, si ello equivale al repunte mecánico —como un efecto reflejo de vasos comunicantes— de las fuerzas veteranas, largo tiempo contrastadas tanto en su radicación como en su resiliencia.

Menos se ha escrito, sin embargo, acerca de la deriva —ascendente, descendente o, en su caso, estructural, tendente a su permanencia— de algunas de las expresiones más cualitativas que cuantitativas de los movimientos tectónicos que han tenido lugar en la política europea y de sus EEMM. Baste pensar en la indignación contra la política y los políticos que alcanzó un grado paroxístico en el pico de la Gran Recesión —el movimiento 15-M fue su altavoz en España—; o en la conciencia (y la rabia) ante los abusos de poder de la Banca —los grandes bancos— y cuantos sectores de negocio continuaron depredando los intereses generales, y más acusadamente los de los sectores más vulnerables y perjudicados por la crisis, insensibles a los sacrificios que les habían sido impuestos al conjunto de la ciudadanía para rescatarles de sus quebrantos especulativos.

Una concreta expresión de estos cambios cualitativos es la que se residencia en la percepción cristalizada —y, pese a las dificultades y resistencias opuestas, cada vez más arraigadas— de la amenaza que se cierne sobre la democracia (esto es, sobre el modo de vida y orden de convivencia que creíamos sólido hasta que nos estremecieron tan tremendas sacudidas) por parte de poderes fácticos y de actores no estatales que no se presentan a las elecciones (escapando, por lo tanto, a nuestra legitimación de su poder con el voto y de nuestro castigo con la misma herramienta) pero que influyen decisivamente, si es que no determinan, la realidad materia de nuestra vida cotidiana y nuestras instituciones.

La conmoción que produce la penetración de tramas organizadas de claro carácter mafioso —y, por tanto, criminal— en el funcionamiento de poderes del Estado que deberían estar fuera de toda sospecha (la “policía patriótica”), la subordinación de decisiones políticas a intereses espurios (contratos corruptos, privatizaciones orientadas al “capitalismo de amiguetes”), las manipulaciones periodísticas al servicio de estrategias radicalmente antidemocráticas (difusión mediática de fabricaciones y bulos para perjudicar objetivos políticos previamente seleccionados, y silencios decretados acerca de hechos contrastados y corrupciones sobre los que se quiere desplomar un gran vacío de ocultación y complicidad) son ejemplos de algunas de estas manifestaciones de una nueva fenomenología de “fuerzas fácticas” que ya no se identifican con las que campearon históricamente en los peores y más trágicos capítulos de la historia de España (la jerarquía católica y la del Ejército).

Los abusos de la Banca, lejos de haberse corregido como lección y corolario de las ayudas de Estado con que se rescató a sus principales entidades, han recrudecido el sangrado de la ciudadanía, no solo mediante el cobro sistemático de comisiones prohibitivas a los tenedores de cuentas, sino recurriendo también a repercutir sobre los consumidores y sobre los ahorradores cualquier intento del poder político de acotar o restringir sus beneficios exorbitantes en los momentos más difíciles para el conjunto del país. Las grandes empresas energéticas exponencian esta estampa de prepotencia y desprecio no solo de los padecimientos de los millones de español@s que han sufrido largamente incrementos inasumibles de sus facturas sino de los intereses generales en la prosecución de una transición justa hacia una economía descarbonizada, desde la obligación de acelerar la autonomía energética (como componente esencial de la autonomía estratégica) respecto de una larga historia de dependencia de gas y del petróleo rusos.

Ese y no otro es el contexto de las denuncias sumatorias de tales abusos de poder de nuevos “poderes oscuros” (fácticos, no formalizados por su sujeción a control por sufragio universal, ni por su exposición a la crítica ni a los checks & balances de la arquitectura de la democracia representativa) que tan alto perfil han adquirido en estos últimos tiempos. ¿O no se habló de todo esto en el último debate del Estado de la Nación, dentro y fuera del recinto del Congreso de los Diputados, en el entorno periodístico y en el seguimiento social de lo que allí se propuso para atajar la apabullante espiral inflacionista y las dificultades que irroga en las penalidades cotidianas de los segmentos más vulnerables de una sociedad desigual? ¿O no expone claramente la coerción determinante de esos poderes fácticos sobre las opciones legítimas de que disponen los responsables políticos y los representantes electivos de la ciudadanía, el hecho de que ante el anuncio de una imposición especial, extraordinaria y temporal a los beneficios de la Banca y las grandes energéticas (falazmente presentados como “caídos del cielo”), el pensamiento dominante (con su hegemonía desde siempre en los medios de comunicación convencionales) disponga su “inutilidad” o “carácter contraproducente”, puesto que esos poderes repercutirán cualquier carga impuesta sobre sus ganancias sobre los sufridos hombros de la ciudadanía, esto es, los paganos de siempre.

Cuando el presidente del Gobierno habla de “poderes no democráticos” que se conciertan en “cenáculos” para revertir decisiones legitimadas por los votos y por las alianzas que suman mayorías parlamentarias, apunta a una realidad que ha emergido como nunca ante la conciencia de millones, factor y fuente de poder que incide en las transformaciones de la democracia en España, en la UE y en el conjunto de sus EEMM. Cómo asegurar el margen de opción —ergo, de elección— que en democracia corresponde a la ciudadanía, y solo a la ciudadanía, es una cuestión crucial de esas que los constitucionalistas —estudiosos del proceso histórico que aspira a la sujeción de todo poder a Derecho— solemos calificar como “constituyente”.

Publicado en Huffington Post.