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Un suceso en la frontera exterior de la UE que se salda con un balance de muertes todavía por determinar —pero en todo caso abrumador— es no solo lamentable; es, además, inaceptable.

A partir de ahí, se hace preciso dejar constancia de inmediato —para quienes hayan perdido vista acusando la conmoción que sin duda ha producido— que lo que sucedió el aciago 24 de junio no tuvo lugar “en Melilla”, como escuchamos proclamar una y otra vez a lo largo del ineludible debate en el Pleno del Parlamento Europeo (4 de julio, Estrasburgo) inmediatamente posterior a esos acontecimientos. Ocurrió al otro lado de la frontera entre España y Marruecos, es decir, entre la entera UE y el entero continente africano.

No, no sucedió en Melilla. La inaceptable mortandad —por la que hay que expresar las más sentidas condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas— se desencadenó del otro lado de la frontera, en la provincia de Nador de nuestro vecino del sur, el Reino de Marruecos. No en Melilla; no en España; no en el espacio la UE, sino en territorio de soberanía ajena a nuestra jurisdicción.

Pero, afirmado esto, es sin duda inevitable que el PE haya resuelto debatirlo de inmediato, con urgencia inaplazable, para concluir, primero, que cabe a la UE exigir la puesta en marcha por las autoridades de un socio y vecino de la UE —el Reino de Marruecos lo es— de una investigación independiente y exhaustiva que esclarezca la secuencia de los hechos y las causas de cada fallecimiento; que, en su caso, determine las responsabilidades; y que deduzca las lecciones de esta tragedia al objeto de adoptar en adelante las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir.

Cualquier respuesta de fuerza que se haga necesaria para proteger adecuadamente las fronteras exteriores —sea en la UE, sea en las jurisdicciones de nuestra vecindad con las que cooperamos— ha de ser proporcionada -que es lo contrario de excesiva desproporcionada- y respetuosa en todo caso con la dignidad inviolable e integridad de las personas, tanto de las migrantes que puedan tomar al asalto un punto no fronterizo como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cumplen con su deber profesional cumpliendo órdenes jerárquicas de sus responsables políticos.

Pero, del mismo modo, que no basta con expresar, con tono airado, dolor y consternación, tampoco es suficiente centrar —ni detener— la vista ni el foco sobre Marruecos, como si fuese admisible ignorar que ese país soporta en su territorio, con cargo a sus propios recursos (considerablemente más limitados que los cualquier EM de la UE) una imponente presión migratoria de personas procedentes del África subsahariana. La mayoría de los miles de personas —hombres, jóvenes— que se vieron involucrados en este penoso suceso en la frontera exterior entre la UE y África eran sudaneses y chadianos.

No ciudadanos marroquíes, pues, sino subsaharianos, víctimas ellas, también, de esos terribles tráficos ilícitos y de esas despiadadas mafias que explotan a seres humanos que, en su desesperación, y en ausencia de vías legales para migrar regularmente al espacio de la UE, se ven, también ellos, sometidos, a ese ciclo infernal de sometimiento criminal, a la esclavitud anudada, a los costes prohibitivos de la ruta migratoria, y a amenazas y chantajes que perdurarán durante el resto de sus vidas.

Porque el negocio delictivo es la causa eficiente del mal finalmente causado; en otras palabras, es lo que explica el escenario dificilísimo al que nos enfrentamos en la frontera exterior más desigual de la UE, una de las más desiguales del planeta, la única frontera terrestre de la entera UE con el entero continente africano y su paisaje torturado por sequías, desertificación, hambrunas, conflictos (a menudo espoleados por los mercenarios rusos de la organización de paramilitares Wagner), tiranías y corrupción endémica (regada a pachas por China y por Rusia, sin miramiento alguno con los derechos humanos y la igualdad de género por los que vela la Ayuda Humanitaria y Cooperación de la UE).

En consecuencia, sí — por supuesto que sí— es imprescindible que el PE debe reclamar de nuevo el cumplimiento por parte de los EEMM de la UE del mandato contenido en el art.80 TFUE: responsabilidad compartida y solidaridad en la gestión de las fronteras exteriores y de los flujos migratorios — solidaridad vinculante y efectiva— , tal como ordena el Derecho europeo legislado para regir la política migratoria y de asilo de la UE y sus EEMM.

Y no. No es admisible que la UE exija el control de sus fronteras exteriores en términos de “seguridad colectiva” solo a los EEMM que tienen islas o puertos singularmente vulnerables, puertas de entrada expuestas a los más crueles tráficos ilícitos. Ni sólo a aquellos EEMM que tienen frontera próxima al continente africano ante el Mediterráneo o ante la enormidad del Océano Atlántico (caso de España, en Canarias, de lejos la ruta más mortífera y arriesgada hacia la UE).

La UE debe, antes bien, actuar con unidad ante su frontera terrestre con el continente africano (porque esa es la situación única que distingue a Ceuta y Melilla), porque esa frontera exterior lo es del conjunto de la UE. Y debe exigirse también, como objetivo político, desactivar el business model, esto es, el modelo de negocio de las mafias criminales que trafican con seres humanos. Y ha de exigirse, finalmente, multiplicar y potenciar vías legales y seguras a todas esas personas que, en su desesperación, de otro modo arriesgarán la vida en el intento, o la perderán trágicamente, como hemos lamentado esta vez, una vez más, a propósito de los hechos sometidos a debate en el Pleno del PE de julio en Estrasburgo.

Publicado en Huffington Post