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Para fomentar la cooperación con América Latina y hacer frente a desafíos criminales y ambientales, es necesario fortalecer la independencia del poder judicial y de los fiscales.

La semana pasada tuve el honor de intervenir, en Bruselas, en el III Encuentro de Justicia UE/América Latina, interesantísimo intercambio de experiencias y preocupaciones compartidas a uno y otro lado del Atlántico, con participación de ministros de Justicia latinoamericanos, fiscales generales y procuradores de la República de varios países de nuestra comunidad hermana, el secretario general de la CONJIB (antiguo ministro de Justicia de Colombia), y representantes distinguidos del CGPJ, del Poder Judicial de España y de la FIAPP. La UE se ofrece así un dialogo político entre administraciones públicas latinoamericanas y europeas singular en el mundo, y contribuye, además, mediante apoyo financiero, a programas transnacionales de cooperación judicial. En este sentido, es particularmente importante el papel del Parlamento Europeo (PE) y su vocación de institución abierta a lo que llama Diplomacia Parlamentaria.

Desafíos comunes ante la globalización del crimen como sin duda lo son el terrorismo, el tráfico de armas, drogas y personas, la corrupción, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, los delitos ambientales, el tráfico de animales salvajes, la caza y pesca ilegal y el tráfico de materias primas, hace ya tiempo que escapan a las capacidades y los confines de respuesta de ningún Estado miembro (EM) de la UE, o a una zona transfronteriza, individualizada, sino que, operando transnacionalmente, exigen de una respuesta de escala transnacional.

De hecho, este tipo de delitos y de criminalidad desafían el modelo clásico de asistencia jurídica mutua de cooperación en asuntos penales transfronterizos, ya que los autores suelen operar en otros Estados. Tales delitos exigen a menudo formas de cooperación más rápidas y eficaces. De ahí la importancia de Asambleas como UE/Eurolat.

En este preciso contexto, la UE se apresta a compartir su acervo de experiencias mediante órganos especializados en la cooperación penal como Eurojust, Europol, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea (EPPO) con mecanismos específicos de cooperación para la asistencia judicial en materia penal entre Estados Miembros (EEMM) de la UE. Ha creado normas para armonizar las normativas nacionales y conferido un mandato a la Fiscalía Europea para crímenes medioambientales sobre la base
jurídica del art.83 TFUE.

A todo lo largo de la última década, bajo la plena vigencia del Tratado de Lisboa (TL) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE), la UE se ha ocupado ya de manera significativa de la cuestión de la ciberdelincuencia en el marco del Espacio de Libertad, Justicia y Seguridad establecido por el TFUE. Así, por mentar solo un ejemplo, ya en 2013 impulsamos y aprobamos desde la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del PE la Directiva 2013/40 relativa a los ataques contra los sistemas de información, que aborda, entre otras cosas, la cuestión de las redes de bots y las herramientas de doble uso.

Además, en los últimos años hemos tenido que abordar delitos específicos cometidos online, por ejemplo, la lucha contra la captación de menores online (Directiva 2011/93 relativa a la lucha contra los abusos sexuales a menores) o, más recientemente, la cuestión de la eliminación de contenidos terroristas en línea (Reglamento 2021/784 relativo a la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea). En la actualidad, durante el mandato de la Comisión VDL y del PE 2019/2024, la UE está legislando un instrumento crucial para la cooperación judicial penal transfronteriza: la regulación de las pruebas electrónicas (e-Evidence Package) sobre el acceso transfronterizo a los datos electrónicos (los datos de los abonados, las direcciones IP, los datos de tráfico y los datos de contenido). Este sistema permitiría que las autoridades de un Estado soliciten directamente a los proveedores de otro.

La cuestión principal es hasta qué punto el otro Estado en el que se encuentra el proveedor debe ser informado y debe tener la posibilidad de rechazar dicha solicitud. Además, el Segundo Protocolo Adicional del Convenio sobre la ciberdelincuencia del Consejo de Europa (Convenio de Budapest) también prevé un sistema de este tipo. Dicho Convenio en el marco del Consejo de Europa está abierto también a la firma y ratificación de otros Estados, y varios Estados latinoamericanos y sudamericanos lo han hecho. Sin embargo, la cuestión principal para estos sistemas más rápidos de cooperación transfronteriza, especialmente en lo que respecta a la ciberdelincuencia, es el respeto del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales. Estos sistemas solo pueden introducirse y funcionar sin problemas si todos los Estados implicados se adhieren plenamente a los derechos fundamentales.

Por lo que respecta a los delitos contra el medio ambiente, el 14 de diciembre de 2021, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y que sustituye a la Directiva 2008/99/CE- 2021/0422 (COD), enérgicamente impulsada por la Presidencia francesa de la UE (primer semestre 2022).

La propuesta ha sido remitida a la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE). El objetivo principal de esta propuesta, basada en el artículo 83.2 del TFUE, es reforzar la protección del medio ambiente a través del derecho penal. En este sentido, define nuevos delitos ambientales, establece un nivel mínimo de sanciones y refuerza la eficacia de la cooperación policial. También obliga a los EEMM a apoyar y ayudar a las personas que denuncien delitos medioambientales y cooperen con la aplicación de la ley.

Del mismo modo, busca mejorar la eficacia de las investigaciones y el enjuiciamiento mediante la actualización del ámbito de aplicación de la Directiva mientras fomenta la investigación y el enjuiciamiento transfronterizos.

Para fomentar y darle un nuevo impulso a la cooperación con América Latina y hacer frente a desafíos criminales y ambientales, es necesario, por un lado, fortalecer la independencia del poder judicial y de los fiscales. Por otro, perseguir una armonización legislativa, proteger los operadores de justicia y defender el Estado de Derecho. Para ello, juegan un papel clave para reforzar la capacidad institucional y jurídica en los países ALC programas como el PacCTO, COPOLAND, Instrumento de Cooperación al Desarrollo, Programa Ruta de Cocaína, Instrumento en Pro de la Estabilidad y la Paz. Procede insistir aquí en el papel fundamental de la sociedad civil en adopción y supervisión de normas penales.

Crear estructuras comunes para combatir la delincuencia transnacional y ratificar convenios europeos en materia penal en los países de ALC, como la creación de tratados de asistencia judicial penal mutua y la colaboración entre Agencias es simplemente crucial, como lo es potenciar la firma de Acuerdos entre Eurojust y Estados terceros: baste pensar en la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica y perseverar en los Acuerdos de nivel policial ya existentes entre Europol, Ameripol e Interpol. Sin olvidar la importancia y reconocimiento del Tribunal Penal Internacional (TPI) como un salto cualitativo de la Justicia
penal internacional, en el marco del Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible de la ONU, titulado ‘paz, justicia e instituciones fuertes’.

Publicado en Huffington Post