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Es la hora de acabar con la venta de residencias y pasaportes de la UE a los oligarcas rusos.

Putin pretende maximizar el factor tiempo en su guerra injusta e ilegal contra Ucrania como una ventaja estratégica frente a quienes se atrevan a contrariar sus ambiciones: tras más de 20 largos años en ejercicio de un poder crecientemente absoluto, piensa seguir gobernando durante otros 20 más. No teme “perder elecciones”, que es donde se castigan las acciones temerarias de gobernantes rechazables en un sistema que merezca ser llamado democrático. Tampoco le importa a Putin el empobrecimiento instantáneo que esto provocará en su propia población: su prioridad está fijada en el agigantamiento de su figura a una escala global, y en el miedo que suscita su botón nuclear a todo lo ancho del planeta.

Lo que sí puede temer Putin es el efecto económico en los oligarcas de su entorno, que son los únicos que pueden revolverse ante sus pérdidas hasta decirle que pare. Esto nos lleva a un escenario, al menos en el corto plazo, centrado en la adopción de medidas sancionadoras muy duras para actuar sobre intereses de los oligarcas rusos en el sistema Swift de comunicaciones
financieras internacionales. Pero esa congelación de sus activos financieros ha de acompañarse, a su vez, de otras decisiones tan costosas como necesarias: desde el cierre de las importaciones con el consiguiente impacto económico a asumir por parte de la entera UE, por rectitud y por coherencia, tal como ha hecho Olaf Scholz cerrando el gasoducto Nord Stream aunque ello perjudique de inmediato el abastecimiento energético y el calentamiento en invierno de la propia Alemania.

Uno de los opositores más conocidos de Putin, el excampeón mundial de ajedrez Gari Kaspárov sostiene que la disyuntiva actual pasa en elegir, sea por acción o inacción, el mundo en que queremos vivir, porque se trata de escoger entre “dejar que Putin aplaste y asesine a miles de inocentes en una guerra de conquista europea, o apostar por detenerlo”. En efecto, la mortífera brutalidad de la agresión de Putin contra Ucrania (sí, de Putin, no de “los rusos” ni del pueblo ruso) —y, por extensión, a la UE y a la entera comunidad internacional—
exige, de forma seguramente más imperiosa que nunca desde la IIGM, no mirar para otro lado. Es esta la realidad inexorable que enfrentamos: ha de saberse de una vez que en la política global —llamada ahora geopolítica— es más inexorable que nunca que la realidad es la que es, no la que nos gustaría, por desagradable que sea.

Rusia es el país más extenso del mundo: hace frontera directa con la UE en Estonia, Letonia, Lituania (Kaliningrado) y Finlandia, pero también con EEUU por el Estrecho de Bering ¡y aún disputa con Japón las Islas Kuriles en el otro extremo asiático! Rusia no es una superpotencia económica; nunca lo ha sido. Su PIB es similar a la de países europeos de la zona euro (Italia o España, por ejemplo). Sí que es, sin duda alguna, una gran potencia militar con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (NU), lo que le confiera poder de veto sobre sus Resoluciones.

La conclusión es meridiana: la vía más verosímil para frenar a Putin —que en ningún caso reside en deslizarse en la pendiente de una escalada militar ante una potencia nuclear, de consecuencias pavorosas además de incontrolables— es atacar desde la UE y a todo lo ancho de la UE el estatus e intereses de ese círculo de oligarcas putinescos con el Hard Power coercitivo preconizado abiertamente por el High Rep Josep Borrell. De modo que, en otras palabras, no puede (ni debe) haber una “intervención militar” de la UE ni de la OTAN contra
la invasión rusa de Ucrania en la medida que ésta no es un país miembro de la OTAN, razón por la que no se activa la cláusula de socorro mutuo del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Como tampoco puede ser que la UE asuma una capacidad militar de la que en este momento simplemente no dispone (aunque el desafío esté planteado por el jefe de la diplomacia europea, el High Rep Josep Borrell: deberíamos aspirar a mancomunar cuanto antes alguna capacidad de “intervención de emergencia”). Pero aquello que sí podemos y
debemos situar como objetivo realista es intentar dañar esa telaraña en red de complicidades corruptas público privadas de Putin en los circuitos financieros de la economía global.

Putin ha edificado, en sus más de 20 años acumulando un poder irrestricto e irrefrenado sin parangón en el mundo, una oligarquía corrupta que ha venido blanqueando en todo el orbe planetario los beneficios generados por sus negocios ilícitos y el crimen organizado. Resulta, a este respecto, especialmente intolerable —tal y como consta en los muchos Informes y Resoluciones críticos que hemos aprobado desde 2014 en la Comisión LIBE del PE que tengo el honor de presidir— que varios EEMM de la UE hayan puesto en vigor las llamadas Golden Visas por leyes para una pretendida “promoción de inversiones extranjeras” que brindan privilegiados permisos de residencia (cuya prolongación en el tiempo abre paso a la obtención de la ciudadanía del EM y, por extensión, de la UE) a quienes alleguen ingentes masas de capital comprando de inmuebles de lujo, castillos o mansiones inmensas, yates y otras propiedades por precios inasequibles o simplemente prohibitivos, de los que los oligarcas rusos se han beneficiado a mansalva, por execrable o inconfesable que pueda ser en cada caso el origen de sus fortunas. ¡Nada hay de “inversión” en la compra de chalets ni de embarcaciones de lujo; nada hay de promoción de empleo ni oportunidades!: sólo blanqueo de dinero corrupto e ilícito a cambio de —ahí es nada— ¡un pasaporte de la UE!

Chipre, Malta, o Bulgaria (que se ha comprometido recientemente a su supresión, según la agenda de su nuevo Gobierno de coalición), se han situado a menudo en el epicentro de las acerbas críticas que semejante mecanismo ha suscitado en los debates del PE (la más reciente en nuestro Informe aprobado en 2021). Pero no menos lacerante es el caso de ¡Portugal! (con una ley, aún en vigor, aprobada durante el mandato del último Gobierno conservador) y ¡España!, en la que está vigente la Ley 14/2013 (de “dinamización” de “inversores y emprendedores”, aprobada durante el Gobierno de M. Rajoy con mayoría absoluta del PP): estas normativas abyectas, contrarias a todos los valores que debe propugnar la UE, han favorecido el blanqueo y/o la evasión fiscal de un número por determinar de oligarcas chinos y rusos, cuyos patrimonios serían incomprensibles —además de inexplicables— sin el paraguas protector de sus dictaduras de origen.

Acuciados por la guerra ilegal de Putin contra Ucrania y contra su pueblo, es la hora de acabar con la venta de residencias y pasaportes de la UE a los oligarcas rusos: NO a la guerra de Putin. Y NO a las Golden Visas.

Publicado en Huffington Post