Inicio     Tribuna de Prensa  

La primera semana de noviembre tuve el honor de presidir una Delegación de la Comisión Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo (PE) a la República Helénica. Su objetivo principal era compulsar la situación de migrantes y refugiados, en la perspectiva del Nuevo Pacto de Migraciones y Asilo planteado por la Comisión Von der Leyen y actualmente en trámite legislativo en la Comisión LIBE del PE.

Por eso sus puntos fuertes residieron en las visitas al Centro de Retención de Petrou Ralli, el campo de refugiados de Malakasa (en las afueras de Atenas) y el Centro de Recepción de Samos, isla griega en la que se emplaza uno de los cinco HotSpots (centros habilitados para la recepción, identificación, y procedimiento en frontera para la demanda de asilo o expediente de retorno) asignados por la Comisión Europea en territorio griego (junto a los de Lesbos, Khios, Kos y Leros) para hacer frente al punto álgido de la crisis de los refugiados. 

Grecia es, seguramente, el EM de la UE que mejor emblematiza la contraproducente estrategia de la austeridad recesiva (Austerity Only Politics) impuesta como respuesta -abyecta por desigulitaria, además e equivocada- a la Gran Recesión y la crisis del euro y la deuda soberana. En un caso de libro de decisión ideológicamente sesgada, se impuso a Grecia -como a otros EEMM de la Europa del Sur, como España y Portugal- una medicina de caballo, contraindicada con la salud del paciente, que sólo empeoró sus constantes vitales. En la práctica, la sociedad griega resultó abruptamente empobrecida, sus salarios y pensiones demediados, su paro y deuda pública disparados como nunca antes. 

Con esas dificultades de partida, Grecia afrontó la primera línea del frente de la llamada Crisis de los Refugiados de 2015, con una afluencia de demandantes de asilo y desplazados de la Guerra Civil siria y de los sucesivos reveses de la que dio en llamarse “Primavera árabe”. Con más de 2000 islas y más de 13000 Km de costa para patrullar, su diezmada Guardia Costera (Hellenic Coast Guard) ha venido desplegando un esfuerzo ímprobo en operaciones de Salvamento & Rescate (S&R) en el Egeo, seguidas por el procedimiento de identificación y procesamiento de situaciones en los HotSpots financiados con los Fondos de la UE (AMIF y FSI).

Las situaciones dramáticas y tragedias sucedidas desde entonces (Campo de Moria en Lesbos, vituperado un millón de veces en los debates del PE como “campo de la vergüenza”, hasta la culminación de la catástrofe con su incendio intencionado en 2020) han sido deploradas y condenadas por el PE en un buen número de Resoluciones aprobadas por su Pleno. Pero el punto de apoyo causal de esa situación inaceptable e insostenible tiene que ver, paradójicamente, con alguna de las piezas del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA, art. 67 TFUE) legislado por el PE desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL) y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) en 2009, y con clamorosos incumplimientos de algunas otras piezas de ese mismo entramado. 

Hablamos, concretamente, de la injusticia con que se aplica el Reglamento de Dublín -pieza basilar del PE, por el que se asigna la responsabilidad de gestionar la demanda de asilo y la ayuda humanitaria al país de primer ingreso-, y del incumplimiento del mandato de solidaridad vinculante y responsabilidad compartida del art.80 TFUE, traducido en violaciones de los programas de reubicación (entre EEMM de la UE) y de reasentamiento (trasladarlos a los EEMM de la UE, con la intercesión del Alto Comisionado de NU para los Refugiados, ACNUR) desde un país tercero al que hayan llegado o donde se encuentren. La interpretación generalmente asumida del Reglamento de Dublín penaliza de hecho a los EEMM con fronteras vulnerables, como si fuesen culpables por tener islas o fronteras marítimas expuestos a la presión de vecinos inmediatos (tan estratégicos como problemáticos) que lo son, en rigor, de toda la UE en su conjunto (Turquía, Túnez, Libia, Argelia Marruecos...). 

En Grecia pudimos compulsar, una vez más, los prolongados daños de la saturación de 2015, sus rescoldos y secuelas, particularmente en Petrou Ralli, cuyas condiciones resultan inaceptables para los estándares exigibles a la UE. Pero también mejoras, como en Malakasa, y sobre todo en Samos, donde unas nuevas instalaciones albergan con dignidad a personas y familias, proporcionándoles las primeras atenciones a las que pueden aspirar en su huida del horror del que proceden.

Grecia, Chipre, Malta, Italia y España se han constituido en Mede-5, un subgrupo de EEMM de la UE, todos ellos con fronteras abiertas al Mediterráneo, altamente motivados por la oportunidad de superar el actual statu-quo, insostenible por desequilibrado, planteada por la tramitación en el PE de los cinco actos legislativos (todos ellos Reglamentos, directamente vinculantes para los EEMM) que componen el New Migration & Asylum Pact promovido por la Comisión Von der Leyen 2019/2024. El Med-5 es una expresión que nace de la necesidad hecha virtud: compartiendo problemas propios de ser frontera exterior vulnerable de la UE, resulta imprescindible que pongan en común prioridades y estrategias comunes para apuntalar sus puntos de vista, siquiera para contrarrestar las dinámicas regresivas y negativas impuestas por el autodenominado Grupo de Visegrado, encabezado por los Gobiernos iliberales de Hungría y Polonia, y erigido en campeón de la insolidaridad con los países con fronteras marítimas en el Mediterráneo y en el Atlántico (la ruta canaria a la UE, la más peligrosa y mortífera en coste de vidas humanas.

Como pude explicar en rueda de prensa conjunta con el ministro griego de Migraciones & Asilo, Notis Mitarachi, la situación en Samos y las otras Islas griegas en que se alojan HotSpots está mejorando gradualmente. Pero queda, desde luego, todavía mucho por hacer si es que de verdad aspiramos a superar el actual gap entre las normas del SECA y su aplicación en la práctica y en la realidad de las cosas. El objetivo irrenunciable es el de poner en pie una estructura creíble y eficaz de solidaridad vinculante y responsabilidad compartida en la gestión de la política y legislación europea de migraciones y asilo, tal y como ordena el art.80 del TFUE.  

¿Es aún preciso insistir? Lo hemos reiterado mil veces: sólo será posible y habrá ese Nuevo Pacto de Migraciones & Asilo en la UE si el PE lo hace suyo: el PE es legislador en migraciones y asilo, y sin su acuerdo y su voto no habrá solución, ni mejora, respecto de una distribución de las responsabilidades, la actual, que se ha venido demostrando tan inequitativa como, por ineficaz, inasumible. 

Publicado en Huffington Post