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Tras largos años de anunciación, asombra que todavía haya quien se sorprenda de que nos hallemos en un tris de estamparnos de bruces con la epifanía del 155.

Hemos desempolvado tanto la vigencia de este artículo de la Constitución que duele tener que recordar, a estas alturas del requeteanunciado choque de trenes, que el 155 no contempla en ningún caso la "suspensión" de la autonomía de Cataluña: 

Eso es lo que dice literalmente: por ningún lado hay "suspensión" de la Generalitat ni de la autonomía. Pero no es ninguna broma.

Importado de la cláusula de "coerción federal", y especialmente del recurso a la bundesexecution del artículo 37 de la Ley Fundamental alemana (su Grundgesetzt, Constitución), el mecanismo previsto en el artículo 155 debe ser entendido como una garantía coactiva de primacía estatal. 

Asegura los poderes del Estado (de la Unión de los EEUU, o del Bund en Alemania) ante la eventualidad de graves incumplimientos de sus obligaciones por parte de las entidades o partes vinculadas por el todo (los estados en EEUU, los Länder en Alemania, las comunidades autónomas en España).

Ante una explicable ausencia de desarrollo legislativo de este artículo (por no haber llegado, hasta hoy, al extremo de necesitarla), venimos asistiendo estos días a una exploración prospectiva acerca de los contenidos de su aplicación en la práctica.

La concentración de facultades coercitivas del orden público en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado emergen como primera opción, inmediatamente sucesiva a toda esa batería de impugnaciones ante el TC, recursos jurisdiccionales ordinarios y las eventuales querellas por desobediencia, desacato o sedición que puedan interponerse contra personas concretas por sus responsabilidades penales individuales en este desaguisado.

Era evidente que la desafección y las ganas de confrontación abierta no podían -como el dentífrico no regresa al tubo- ser rebobinadas sin más. No sin que nadie hiciera nada desde esta posición que ha dado en llamarse "unionista".

Lo más desolador -y más grave- orbita todavía en la pregunta "¿cómo hemos llegado a esto?". 

Porque se ha permitido. Era evidente que la desafección y las ganas de confrontación abierta no podían -como el dentífrico no regresa al tubo- ser rebobinadas sin más. No sin que nadie hiciera nada desde esta posición que ha dado en llamarse "unionista", y que debería congregar, no sólo a ese PP empecinado en no mover ficha en nada y conjurar toda amenaza de afrenta unilateral, por real que haya llegado a ser, sola y exclusivamente con técnicas leguleyas y abogados de Estado, sino también a quienes estamos dispuestos a preservar la integración constitucional española promoviendo cambios y reformas acordadas para desatascar en alguna dirección el actual status quo. 

Ese impasse en el que hemos estado como sentados al borde de una vía de tren cada vez más minada no ha sido, sin embargo, un escenario de "mutua destrucción asegurada" en que se profesaran creciente animadversión los insensatos secesionistas, de un lado, y los recalcitrantes inmovilistas, de otro. 

Lamentablemente, la realidad contrastada es otra: unos y otros han tensado una cuerda que está a punto de romperse sobre las cabezas de millones de españoles sensatos. Y lo han hecho porque han preferido obtener réditos políticos, y aun peor, electorales, de su polarización extrema y su enconamiento recíproco.

Esa es, también, entre otras, una de las amenazadoras sombras de confusión, incertidumbre y angustia que acechan el 20-D. Esa fecha capital en la que los españoles nos jugamos la redefinición de nuestras reglas de juego.

Unos y otros han tensado una cuerda que está a punto de romperse sobre las cabezas de millones de españoles sensatos. Y lo han hecho porque han preferido obtener réditos políticos, y aun peor, electorales, de su polarización extrema y su enconamiento recíproco.

Porque está cada vez más claro que secesionistas e inmovilistas se han mostrado dispuestos a aparcar todo lo que en democracia merece ser debatido -desigualdad, paro, corrupción- para concentrar sus retóricas y energías negativas en confundir ante millones sus responsabilidades, en un historial de Gobierno cuyos estragos sociales y pufos de corrupción están aún hoy calentitos, de tan recientes en el tiempo y de tan terrible su tufo. 

Artur Mas y sus corifeos son los culpables últimos, no hay discusión sobre esto. Culpables de un embolado que sin duda es el más grave al que, desde el 23-F, haya debido enfrentarse nuestra democracia herida.

Alucinantemente, Mas y sus turiferarios aspiran, no solamente a salirse con la suya, sino a recibir la palma de la gloria y del martirio. La buscan, soñándose a sí mismos como reencarnación de Gandhi o Mandela, ignorando que Cataluña no es la India contra el Imperio colonial ni la Sudáfrica del Apartheid, sino una sociedad abierta y plural que hasta hace poco fue referente envidiado de europeísmo y convivencia. 

Ni esos recursos y querellas, ni el "falso 155" que se ha incrustado al TC para transmutarlo penosamente en un Tribunal de Orden Público, ni el verdadero y genuino 155, producen a esos sujetos una fuerza disuasoria en disposición de evitar que hayamos llegado a esto. 

Es tal el delirio grotesco en que se han embarcado, que es más que evidente a estas alturas que estos sujetos no temen los recursos y querellas. Pero eso recursos y querellas es lo que vienen anunciando con redobles y tambores los portavoces del PP, que piensan que todo se arregla invocando una y mil veces el estado de Derecho y el Imperio de la Ley democráticamente legitimada y subordinada a la Constitución; por supuesto, faltaría más.

Pero hará falta algo más. Lo veía todo el mundo, salvo -y cuánto nos duele- el presidente del Gobierno llamado Mariano Rajoy, y una mayoría absoluta que se ha ganado figurar -y no solamente por eso- en el libro de los récords de los desplomes a pulso.

Que no nos arrastre a todos es lo que los españoles, también, vamos a decidir el próximo 20-D.

Artículo publicado en El Huffington Post