Nadie en el Parlamento Europeo (PE) discute el derecho que asiste a los padres para velar por la educación de sus hijos e hijas. Pretender que el intenso y apasionado debate monográfico sostenido el 7 de julio en el Pleno de Estrasburgo sobre la inaceptable Ley anti-LGTBI del Parlamento de Hungría tuvo algo que ver con eso, como escuchamos en las protestas del Primer Ministro húngaro Viktor Orbán y de sus propagandistas, es el colmo de la hipocresía.
En ningún lugar de la UE necesitan los menores ser protegidos contra la difusión de contenidos informativos o educativos acerca de la diversidad de orientación sexual o de identidad de género. ¡Sí necesitan, en cambio, ser protegidos contra la homofobia y el discurso del odio! La homosexualidad no es contagiosa; no es ningún “mal” ni “amenaza” ante la que “proteger” a nadie: ¡los prejuicios y el odio sí lo son!
La indecente Ley anti-LGTBI aprobada por el Parlamento Húngaro no sólo es frontalmente contraria a los valores fundantes de la UE consagrados en el art. 2 TUE -y cuya violación se sanciona con el procedimiento contemplado en el art. 7 TUE-, sino que es también incompatible con el Derecho Europeo legislado y en vigor. ¿O es que acaso no han leído los arts. 11 (libertad de expresión y de comunicación de información), 20 (igual dignidad de todas las personas sin discriminación), y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE/ CDFUE (prohibición de discriminación por razón de orientación sexual)?
Asociar e incluso identificar, como sugiere la Ley húngara, homosexualidad y pederastia es una ignominia abyecta. La pederastia es un delito grave en todos los Estados miembros (EE.MM.) de la UE, y debe ser perseguido sin cuartel y castigado. Diferentemente, la igual dignidad de todas las personas sin discriminación por su orientación sexual o identidad de género no sólo no es un delito, sino que es un derecho fundamental vinculante para todos los EE.MM. de la UE (art. 21 CDFUE, en vigor desde 2009 “con el mismo valor jurídico” que el Tratado de Lisboa -art. 6 TUE-).
En el curso de los más de 10 años en los que Viktor Orbán, al frente del Gobierno de Fidesz, viene ejecutando sin pausa ni escrúpulo su deliberado plan de desmoronamiento constitucional en Hungría (“Constitutional Breakdown”), el PE ha hecho cuanto ha estado en su mano para plantarle cara y hablarle con claridad.
Fue el PE el que en 2017 (hace ya casi cuatro años) activó el procedimiento de sanción extraordinaria del art. 7 contra Hungría por constatar un “riesgo cierto” (Clear Risk) de “violación grave” y sistémica (Serious Breach) de los valores del art. 2 TUE (Estado de Derecho, imperio de la Ley, Democracia, Separación de Poderes, Independencia judicial en garantía de la libertad, la igualdad, el pluralismo político y la tutela de las minorías). Y es el PE el que continúa exigiendo al Consejo de la UE (órgano que reúne a los Gobiernos de los EE.MM.) para que haga de una vez su parte del trabajo y deduzca consecuencias del art. 7 TUE por mayoría cualificada.
Fue el PE el que estableció el Marco de Estado de Derecho, Democracia y Derechos Fundamentales con el que, desde 2020, la Comisión Europea (Comisario de Justicia D. Reynders) examina a todos los EE.MM. (27) de la UE, con alcance general y preventivo, periodizado (anualmente) y sobre parámetros objetivos.
Ha sido el PE el que ha urgido una y otra vez a la Comisión Europea, con sus Resoluciones, para que incoe contra Hungría los correspondientes Procedimientos de Infracción (Infringement Procedures, que suman ya hasta 40) por su contumaz violación del Derecho de la UE.
Ha sido el PE el que ha regulado el Reglamento (Ley europea) de Condicionalidad del acceso de los Fondos de la UE al cumplimiento del Estado de Derecho (Rule of Law Conditionality), y demanda a la Comisión Europea que impida al Gobierno de Orbán continuar corrompiéndose con los dineros de la UE sin entender de qué va ser EM de un club que asegura, sí, ciertos derechos, pero impone también obligaciones de respeto a sus valores. Y sin comprender tampoco que el “respeto del Derecho” que garantiza el TJUE (art. 19 TUE) es la regla esencial por la que se está en la UE.
¡Y es el PE el que dice a Orbán que su grotesca Ley anti-LGTBI no tiene cabida en la UE! Como tampoco los crímenes de odio, ni asesinatos homófobos como el que segó la vida del joven Samuel Luiz en España o atentados liberticidas como el que sufrió en Ámsterdam (Países Bajos) el periodista Peter R. Vries.
¡Sí tienen su lugar en la UE esos millones de húngaros/as que resisten contra Orbán, afirmando sus derechos frente a los atropellos que les inflige su Gobierno cada día más antieuropeo! Y por eso, Pleno tras Pleno, el PE les dirige su mensaje, alto y claro: “¡No estáis solos! ¡Este PE os representa! ¡Defiende vuestra igual dignidad de ciudadanía europea! ¡Vuestra indignación y vuestra lucha son las nuestras, las de tod@s l@s euroepe@s!”.
Publicado en Huffington Post