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En esta segunda semana de junio de 2021, el Parlamento Europeo (PE) está de vuelta en Estrasburgo.

Después de casi año y medio sosteniendo los Plenos en Bruselas -ergo suspendiendo la regla mandatada en el Tratado de Lisboa (TL) de celebrar 12 Plenos al año (esto es, al menos uno cada mes, de duración de una semana) en su sede de Estrasburgo, Alsacia, símbolo de la reconciliación franco-alemana de la que arranca el proceso de construcción europea-, el PE ha resuelto regresar a su segunda ciudadela, volviendo a movilizar al ejército de eurodiputad@s, funcionari@s e intérpretes que desde hace más de 40 años -desde su primera elección directamente democrática, en 1979- venimos a esta ciudad a debatir los procedimientos legislativos y de la agenda política de la actualidad europea, votando sobre cada asunto.

En este Pleno del PE destaca un asunto sobre el que me he empleado a fondo como Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE (LIBE) y como Ponente Legislativo por el procedimiento de urgencia: la aprobación definitiva del EU Digital Covid Certificate (periodísticamente conocido como “Pasaporte Covid”) para la libre circulación, con la vista puesta en restablecer cuanto antes Schengen, activo preciadísimo de la ciudadanía europea, cuya suspensión en el zafarrancho de medidas de emergencia impuestas por los Estados miembros (EE.MM.) ante la pandemia de la Covid nos ha hecho echarlo de menos, en la conciencia viva de que nunca somos tan conscientes de que algo nos importa hasta que lo perdemos.

También un segundo asunto singularmente relevante en la perspectiva española se ha abierto paso en el Plenario. Se cierne, grosso modo, en el insólito episodio provocado por un vecino estratégico de la EU -el Reino de Marruecos- en una frontera exterior de la UE, la ciudad española de Ceuta, que resulta ser, con Melilla, la única frontera terrestre de la UE con el continente africano. 

La crisis política y diplomática abruptamente desatada por Marruecos ha obtenido una respuesta europea de alineamiento con España. De forma rápida y eficaz, las principales Instituciones decisivas de la UE -Consejo (Presidente Michel), Comisión Europea (Presidenta Von der Leyen, VDL), PE (Presidente Sassoli)- reaccionaron de inmediato a la ofensiva marroquí en Ceuta -seguida de otra, breve, en Melilla- asegurando una inequívoca unidad en la respuesta. Como consecuencia, es un hecho que ha sido el Reino de Marruecos quien ha padecido un coste reputacional.

Las decisiones de Rabat - Palacio, Mohammed VI- no se prestan a menudo a interpretación política unívoca o lineal: la lectura de sus intenciones y objetivos no es tampoco, por lo general, transparente ni mecánica; pero caben pocas dudas de que, en esta ocasión, el Gobierno de Marruecos ha debido recular tras haber jugado duro la carta de la presión directa que tantas veces en el pasado ha probado ser eficaz en la prosecución o el avance de lo que estima que es su interés nacional más urgente y prioritario: un cambio de la posición de España y toda la UE sobre su soberanía en la “marroquinidad” del Sahara Occidental, un territorio sobre el que pende, como es conocido, un contencioso en Derecho internacional con componentes humanitarios, de seguridad regional y de aprovechamiento de recursos económicos (fertilizantes y pesqueros).

Resta ahora, tras la marejada, un amplio margen por delante para la deseable recomposición de las relaciones de cooperación mutuamente provechosa entre la UE y Marruecos en el marco de su Acuerdo deAsociación Estratégica; y, particularmente, para el restablecimiento de una interlocución animada por la recuperación de confianza entre el Reino Alauí y España, vecinos inexorables, para los que resulta tan conveniente como inevitable convivir en mutuo respeto y equilibrio.

Pero la cuestión de Ceuta suscitada por Marruecos enlaza también con otros asuntos de alcance y envergadura, incorporados ágilmente al orden del día del PE -conforme a su característica “responsividad”, que busca respuesta rápida a los hechos o sucesos merecedores de debate y voto de Resolución- para su discusión por el Pleno en Estrasburgo. 

Una primera dimensión concierne a la naturaleza de la crisis en Ceuta (seguida por un coletazo en la frontera de Melilla): desde la DSE en el PE hemos empleado energía en explicar que no nos hallamos en rigor ante una emergencia migratoria o de asilo. Y ello no, evidentemente, porque no haya, entre las miles de personas que cruzaron dramáticamente a nado la distancia alrededor del espigón que divide la costa marroquí de la playa de El Tarajal, seres humanos que ansían una vida mejor con oportunidades frente a su actual horizonte de frustración u oclusión, como también, seguramente, quienes proceden de zonas de opresión a las que no pueden volver con garantías de seguridad e integridad, sino porque es evidente que su arribada en tropel no respondió a un impredecible estallido de desesperación sino a una decisión política, de marcado carácter táctico, de las autoridades de la policía marroquí, que los incitaron al empeño. Una segunda dimensión es la que atiene, específicamente, a los menores vulnerables a los que se instrumentalizó en un descabellado ejercicio de presión.

La indignación provocada en España por ese “uso de los niños”, abuso y/o violación de sus derechos humanos más elementales, con tan impactante desprecio a su dignidad como connacionales por parte de las autoridades marroquíes que debieran priorizar su protección y su “superior interés” por ser menores de edad, ha resonado en toda la UE: el eco de ese reproche se expresó en un punto monográfico en la mañana del jueves de este Pleno de Estrasburgo, en el que participé. 

Pero, además de esta consideración ciertamente obligada, la situación en Ceuta y Melilla -con su extensión obligada a la situación que se ha venido viviendo en Canarias durante más de un año, en coincidencia no casual con la pandemia de la Covid y las restricciones impuestas a la conectividad, perfilándose esta ruta como la más peligrosa y mortífera de migración hacia la UE-, plantea la imperiosa urgencia de acometer el Nuevo Pacto de Migraciones y Asilo propuesto por la Comisión VDL (en trámite legislativo en el PE). Y hacerlo combinando su dimensión externa (la cooperación con los países de origen y tránsito de migrantes) con su dimensión interna (asegurando de una vez la solidaridad vinculante y la responsabilidad compartida de migraciones y asilo). 

Pero una y otra pasan por la gestión integrada de las fronteras exteriores, que no son sólo de los EE.MM. con costas en el Mediterráneo o (Canarias) el Atlántico, sino que son las fronteras exteriores de la UE: Ceuta, Melilla, Canarias... Territorios fronterizos, sí, pero europeos, de cuerpo entero, en los que sólo cabe una respuesta que asuma que tan UE son sus costas y sus playas como la sede de Estrasburgo a la que regresa el PE.

Publicado en Huffington Post