Inicio     Tribuna de Prensa  

Cuando se cumplen 71 años de la Declaración Schuman y la UE celebra el Día de Europa, el 9 mayo, arranca finalmente la anunciada Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFEU, por sus siglas en inglés).

Asumida como un compromiso de investidura por la presidenta de la Comisión Europea en la legislatura 2019/2024, Ursula Von der Leyen, ante el Parlamento Europeo (PE), su puesta en marcha ha sufrido, como todo en esta legislatura, inevitables retrasos debidos a las emergencias de la pandemia covid y a la subsiguiente crisis económica y social.

Aunque el tópico remacha una y otra vez en la historia cómo la UE ha madurado en sus crisis, tal como anticiparon los padres fundadores, lo cierto es que nunca habíamos visto una secuencia de crisis de tanta profundidad como esta desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL) y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) hace ya más de 10 años: la Gran Recesión, la deuda soberana, el Brexit, la crisis de los refugiados, el desafío a los valores constitucionales comunes agresivamente planteado por los autodenominados Regímenes Iliberales (con la activación por el PE de la sanción excepcional del art. 7 TUE), y, como corolario, la pandemia de la covid y su enérgica respuesta en la conjugación de un marco financiero 2021/2027 al alza y el Next Generation EU —fondo de recuperación: con 750.000 millones de euros de endeudamiento federal sin precedentes en la historia—, junto al reglamento que establece la Rule of Law Conditionality.

Dos años de trabajo por delante debieran dar de sí para entablar una conversación abierta, multifactorial y polifónica. Desde un principio las discusiones a su propósito han encarado el reto de superar el formato de la “burbuja de Bruselas”, mostrándose capaz de conectar con la ciudadanía y con las terminales de la sociedad civil: organizaciones juveniles, universidades, colegios profesionales, think tanks, ONG, sindicatos, ciudadanía y toda suerte de voces refractarias al encuadramiento en formaciones convencionales para la interlocución social.

El objetivo proclamado es el de que la CoFEU abra un “nuevo espacio de debate con la ciudadanía para abordar los desafíos y las prioridades de Europa”, superando habitual punto de encallamiento de todas las conversaciones acerca de “dónde estamos” (la manida referencia a la “encrucijada europea”) por un tránsito a la apuesta por “dónde queremos ir”. “Manteniendo el apoyo de la ciudadanía de la UE a nuestros valores y objetivos comunes”, ofreciéndoles al tiempo canales y oportunidades en que poder expresarse.

Por parte de la UE, se ha superado el precedente de encomendar su presidencia a una personalidad de relumbrón para residenciar su palanca de impulso y casilla de salida en el triunvirato (“Comité Ejecutivo tripartito”, con secretaría común) de las instituciones decisivas de la UE: “en una empresa común entre PE, la Comisión Europea y el Consejo”. La campanada inaugural ha tenido lugar en Estrasburgo, capital europea cargada de simbolismo, más allá de la insistencia del presidente Macron, promotor de la idea, en restablecer la sede del pleno mensual del PE tal y como contemplan los Tratados en vigor.

Para la animación de la CoFEU se han creado plataformas digitales —con paneles de ciudadanía nacionales junto a paneles europeos— carentes de precedentes, pero su proyección en el tiempo —dos años todavía por delante— permite pensar en la recuperación de las asambleas como las hemos conocido en el pasado, en las que habrá ciudadanía y representación por tramos de las distintas instituciones europeas. Para procesar aportaciones se ha establecido un “mecanismo de retorno de información”.

La agenda está abierta a disposición de sus actores, pero es difícil pensar que pueda evitarse su alcance sobre las perspectivas de reforma institucional. Unanimidad y mayorías cualificadas. Control parlamentario y question time. Y la aplazada cuestión de la armonización electoral, las listas transnacionales y la recuperación del debate del SpitzenKandidat. Una profundización democrática capaz de “reforzar el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones a su servicio”.

Es esta una ocasión también para reflexionar sobre el acompasamiento de la legislatura europea (que dura 5 años) y del MFF (que, diferentemente, cubre un período de 7 años). Pero, sobre todo, también, para la superación del contumaz bloqueo de la legislación europea aprobada por el PE en el eslabón del Consejo: a lo que ayudaría, quizá, la deseable fusión de las presidencias del Consejo y la Comisión Europea. Y un objetivo irrenunciable: fortalecer la dimensión global de la política exterior y de seguridad de la UE, para conseguir que sea “más asertiva” en su “papel de liderazgo en un mundo cada vez más turbulento”.

Sí, ya lo sabemos: es cierto que para ello habrá que reformar la arquitectura de la UE, sus procedimientos de revisión y de reforma simplificada (art. 48 TUE). Y acometer de una vez la respuesta necesaria a una pregunta recurrente: el art. 50 TUE permite a un Estado miembro abandonar la UE (como sucedió cuando Reino Unido decidió activar el Brexit). Pero, ¿para cuándo debatir la posibilidad de expulsar a un Estado Miembro de la UE por manifiesto y contumaz incumplimiento de sus obligaciones?

9 de mayo de 2021, una fecha en que resuena en toda la UE el vector federalista del movimiento europeo (fundado en 1948), de cuyo renovado aliento da cuenta el documento firmado en ésta por más de 400 personas de compromiso público europeo y europeísta. Pero una fecha también para jalonar el trayecto a las reformas que aguardan a la UE en la desembocadura de la CoFEU, que abre ahora sus trabajos.

Publicado en Huffington post