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La catástrofe de Lesbos, el devastador incendio que ha arrasado el ignominioso campo de refugiados de Moria en que llegaron a hacinarse hasta 30000 personas, de las que permanecían cerca de 13.000 cuando ardió el fuego, consuma, sí, una tragedia predecible y anunciada. No es una tragedia griega, sino europea. Y global: el drama llevado a su extremo ha dado visibilidad mundial a una situación insostenible desde su origen -dura más de cinco años-, y, sin embargo, no lo bastante conocida salvo por los muy motivados y los especialistas.

En efecto, las dolorosas imágenes de los migrantes aherrojados a una absoluta miseria, difundidas por los medios y redes a escala planetaria, han conseguido, con una fuerza rayana en el patetismo, romper las estructurales barreras de comunicación que tan a menudo obstan a que los asuntos europeos se sitúen en el centro de las polémicas públicas. Pero el debate que suscita no se confina tan sólo a sus aspectos morales, con ser éstos tan conmovedores: se sitúa también en un escalón jurídico de alcance e interés europeo, en la medida en que las situaciones de que tenemos conocimiento cuestionan y contravienen, y cómo, reglas de Derecho europeo.

Tal y como hemos insistido durante todos esos años desde la Comisión de Libertades, Justicia & Interior y desde el Pleno del PE, junto al Espacio Schengen y la Política de Migraciones, la Política de Asilo conforma, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE), un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) (arts. 77 a 80 TFUE). Y este sistema debe -¡no “debería”, debe!- regirse por los principios de solidaridad (vinculante) y responsabilidad compartida (art,80 TFUE).

En la medida en que estas normas de Derecho europeo sigan siendo incumplidas, el entero ordenamiento -e incluso proyecto europeo- resultan puestos en cuestión en su dimensión más sensible. Lo mismo cabe decir de los programas de realojamiento entre los EEMM de la UE, y de las medidas destinadas a las personas que requieren una atención perentoria: menores no acompañados, mujeres solas con hijos a cargo, personas con demanda fundada de protección humanitaria. Programas que son desoídos, incumplidos o violados a las bravas por los recalcitrantes gobiernos del Grupo de Visegrado (Hungría y Polonia a la cabeza).

La solución -huelga insistir- no es erigir otro campo, otra pesadilla, otra Moria. En el PE decimos en todas las lenguas: “¡No más Morias!” Si la migración es un hecho y la migración es un reto, más que en “soluciones” mágicas o actuaciones taumatúrgicas (la superstición de pensar que “si hiciéramos algo eficaz” que todavía no hemos hecho, migraciones y migrantes dejarían de existir), no cabe pensar sino en su comprensión a largo plazo y su gestión racional, inteligente, y humanitaria. Con una combinación de políticas y esfuerzos en planos concatenados: en lo urgente, en la rectificación de las lagunas e incumplimientos del Derecho Europeo (New Pact on Asylum & Migration), y en el más largo plazo con actuaciones en origen (Africa, el Mediterráneo). El horizonte, sin embargo, no admite más dilación: ¡No más Morias! Ni en Lesbos, ni en Lampedusa, ni en Chipre, Malta, o Canarias, ergo España: los campos y tiendas de campaña deben dar paso a una respuesta que sea de una vez por todas solidaria y europea.  

No es difícil imaginar la desesperación y la desolación de los hasta 13.000 migrantes que han quedado sin techo, sin medicinas, sin acceso a sanitarios ni alimentación. Como tampoco es difícil imaginar, por cierto, el cansancio y malestar de la población civil de Lesbos, tras años arrastrando a cuestas la sensación cronificada de haber sido abandonados a su suerte por el resto de la UE ¡Una isla con una población de 8.000 habitantes, ha asumido durante años la presencia en su territorio de hasta 25.000 migrantes en un campamento carente de capacidad, dotaciones y servicios remotamente parejos a la envergadura del reto!

Pero ninguna exasperación, por entendible que sea la reacción local a la sensación de abandono, puede justificar no ya la ignorancia o incumplimiento de las reglas europeas sino la violación de los derechos humanos más básicos y preciados. Ni en las Islas griegas, ni en las fronteras exteriores de la UE, ni en ningún rincón de la geografía europea, es tolerable que se produzcan intervenciones de fuerza que violen derechos humanos.

Es el caso de los alegados “push backs” (rechazo y devolución al mar de embarcaciones irregulares en aguas de las Islas griegas), contrarias en sí al principio de non refoulement que está en la base del Derecho internacional humanitario (Convención de Ginebra de 1951 de Estatuto del Refugiado, Protocolo de Nueva York de 1967) y del propio ordenamiento supranacional europeo (CEDH, CDFUE) y del Código de Fronteras Schengen (art.4.14: Prohibición de expulsiones colectivas en fronteras antes de poder constatar el planteamiento o no de una demanda de asilo o protección humanitaria).

Los pasados 2 y 3 de marzo, una intervención de fuerza de las Policía y Fuerzas Armadas helenas ha dado lugar a una preocupante serie de denuncias de violaciones de derechos humanos consagrados en la CDFUE y en el Derecho europeo legislado. El ministro griego de Migraciones, Giorgos Kaomoutsakos, se queja regularmente -con fundamento, a mi juicio- del prolongado stress a que, con cargo a sus limitados recursos, se ven obligadas las administraciones griegas y sus unidades operativas ante el sistemático desbordamiento de sus fronteras marítimas, la diplomacia de hechos y de presiones impuesta por el gobierno turno de Recep Tayip Erdogan, y la propia coordenada de su política doméstica, en que la extrema derecha xenófoba impone demasiado a menudo el paso y el tono del debate... y todo ante la indiferencia cínica o insolidaridad contumaz de sus socios europeos. 

Es cierto que el hecho y reto migratorio se presta mal al “name & shame”, “fingerpointing” o señalamiento cruzado de culpas de unos contra otros, máxime cuando entre los “unos” y los “otros” abundan los bienpensantes que descargan su conciencia por el sencillo expediente de escandalizarse y sacar los colores a gobiernos nacionales en apuros o saturados hace tiempo por la insolidaridad del resto. 

Pero nada de ello exime del cumplimiento del Derecho. Como he recordado en el curso de estos debates, el Derecho importa. No es sólo que importe también o incluso en tiempos de crisis: Es que el Derecho importa sobre todo en tiempos de crisis.

Por eso, como presidente de la Comisión LIBE me he dirigido al primer ministro de Croacia ante las insistentes alegaciones de brutalidad policial en su frontera externa de la UE; y me he dirigido igualmente a los responsables griegos para que observen el Derecho europeo en todos sus parámetros. Que velen por el respeto de los derechos humanos de los migrantes y demandantes de asilo. Y que activen, sin demora, una investigación independiente que esclarezca plenamente los sucesos y episodios cuyo conocimiento ha sido trasladado al PE por prestigiosas y creíbles organizaciones humanitarias -ACNUR, entre otras- que actúan en este rincón tan sensible y dolorido de la UE que compartimos.

Publicado en Huffington Post