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El pasado 17 de abril, en la fase álgida de la propagación de la covid-19, el Parlamento Europeo (PE) adoptó una extensa e importante Resolución sobre la Estrategia Europea de Lucha contra la pandemia y por la Recuperación, anticipando en ella muchos de los esfuerzos que van a ser necesarios para reparar los destrozos y la desigualdad.

La longitud y densidad de esta Resolución (54 parágrafos) se explica por sus ambiciones: la primera, por referir pormenorizadamente la gran variedad de instrumentos y de políticas públicas que hará falta combinar para atender la dimensión sanitaria de la crisis con la conjugación de sus impactos financieros y presupuestarios (macromagnitudes y cuentas públicas); pero, en segundo lugar, también la de incorporar los mensajes requeridos por las medidas de emergencia adoptadas por los Estados miembros de la UE (EE.MM.) sobre el espacio Schengen y la libre circulación de personas, así como sobre los valores fundamentales y principios constitutivos de la UE (art. 2 del TUE, Estado de derecho, democracia y derechos fundamentales), incluyendo la salvaguardia de la privacidad y confidencialidad de los datos personales ante la perspectiva de la generalización de aplicaciones tecnológicas de rastreo de contactos indicativos de contagios.

Pues bien, la semana pasada, en el Pleno del PE celebrado en Bruselas el 14 y 15 de mayo (las actuales circunstancias continúan haciendo impracticable su sede de Estrasburgo), el PE reforzó su mayoría proeuropea (sólo se excluyó de ella la extrema derecha) al adoptar una nueva Resolución, más escueta, concentrada en las medidas económicas y presupuestarias para hacer frente a la recesión posCovid, apuntalando la Estrategia Europea para la Recuperación y Transformación de la UE. Vista la magnitud de males y padecimientos, la Resolución delinea un cóctel de multiterapias que apunta al restablecimiento de la salud del paciente. Y propone para ello una combinación de instrumentos financieros (préstamos del BEI para la estabilización de la actividad de autónomos y de empresas,  y programas de compra de deuda pública a largo plazo  por parte del BCE, que alcanzarían nada menos que un 8% del PIB de la UE) e incrementos presupuestarios (que incluyen el lanzamiento de bonos europeos para la Recuperación con el respaldo del MFF), al tiempo que eleva el techo de gasto (ceiling) hasta un 2% del PIB: el objetivo es nada menos que movilizar 2 billones de euros en los próximos siete años (2 trillions, en la jerga inglesa).

Mientras el PE continúa urgiendo un Plan de la Comisión VDL que no se base en “multiplicadores fantasma” (Ghost Figures), sino en una estructura de subsidios (directos a los EE.MM., con cargo al Presupuesto europeo) y compromisos de gasto, este lunes 18 de mayo hemos conocido una nueva propuesta franco-alemana. Si bien es cierto que el eje franco-alemánresultó durante largo tiempo históricamente crucial para explicar y mover Europa hacia sus propósitos (siquiera por el peso específico de sus dos remeros en el conjunto de la UE), también lo es que hace años que ya no resulta suficiente para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. Con todo, su relanzamiento no puede ser subestimado. Ante las actuales dificultades, resulta un punto de partida seguramente insuficiente, pero en todo caso es ingrediente inexcusable de toda esperanza de solución para la continuidad de la integración europea.

La buena noticia es que, expuesta por el Presidente Macron y por la Canciller Merkel, esta iniciativa apuesta por movilizar hasta 500.000 millones euros en transferencias directas (¡no préstamos condicionados!) del Presupuesto a los EE.MM. que necesiten y soliciten respaldo europeo para activar sus “estabilizadores automáticos” (ayudas a parados, emprendedores, autónomos y empresas). Además, se pronuncia expresamente por el establecimiento de mínimos impositivos (armonización de bases contra el dumping fiscal) y por una fiscalidad común contra los gigantes en la Red y grandes empresas tecnológicas (un objetivo común irrenunciable para los socialistas europeos).

Pues bien, lejos de cumplimentar por sí sola el horizonte fijado por la Resolución del PE en 2 billones de euros (para aspirar a alcanzarlos habrá que combinar los préstamos del BEI y las compras de deuda del BCE), la Propuesta franco-alemana ha sido recibida con palabras de reconocimiento -como un “buen punto de partida”- por parte de aquellos gobiernos que, como el español, más claramente se han pronunciado en favor de una respuesta europea ambiciosa, solidaria, “fuerte” (consistente) y ambiciosa (de largo aliento transformador). Pero también con indisimulados y desdeñosos jarros de agua fría por parte de los campeones de la autoproclamada “liga de la frugalidad” (Países Bajos y Austria, entre otros, a ratos acompañados por escandinavos que cuentan con gobiernos progresistas con liderazgo socialdemócrata) empeñados en que los préstamos sean condicionados y, como tales, se devuelvan con intereses y cláusulas que les impongan “reformas estructurales” sobre su fiscalidad.

La mala noticia es que el debate continúa siendo descriptivo de una UE dividida. Sigue habiendo gobiernos que no comprenden que esta crisis -“exógena, de manual”, como la describió el portugués Antonio Costa- no admite señalar culpables (¡puesto que aquí sólo hay víctimas!) y exige respuestas comunes. Sigue habiendo, sí, gobiernos que pretenden imponer sus patrones ideológicos a una realidad mutante que resulta ser, seguramente, la más dura y exigente que, generacionalmente, han/hayamos conocido en nuestro tiempo vital desde la IIGM. Y, sin embargo, pese a la magnitud inescapable del envite, las respuestas conocidas continúan siendo, a día de hoy, fragmentarias, insuficientes, sincopadas. ¿O no es ese el caso de Schengen?: Italia restaura la apertura de sus fronteras con EE.MM. de la UE y sus comunicaciones, mientras que otros EE.MM. se acechan con suspensiones prolongadas o cuarentenas expuestas a las negativas dinámicas del ciclo de acción/reacción.

En medio de las expectativas generadas, la Comisión VDL sigue tomándose su tiempo. Es cierto que su discurso no es -no ha sido, hasta ahora- antisocial ni inaceptable (y en esto marca ya la diferencia con respecto de abyecto diseño y ejecución de la respuesta de la UE ante la Gran Recesión), pero también que sus hechos no han acompasado todavía sus proclamaciones. Sigue habiendo distancia -demasiada, y prolongada. - entre sus intenciones y sus compromisos materializados en cifras y en el consiguiente reparto de las responsabilidades mancomunadas. Sigue habiendo un ancho trecho entre las musas y el teatro. Es cierto que la Comisión va en la buena dirección, pero también lo es que todavía no ha asumido el liderazgo que le exigió el PE en su enérgica y masiva Resolución del pasado 15 de mayo, particularmente sonora en las intervenciones del Grupo S&D liderado por Iratxe García, y en cuyo equipo negociador figuraron destacados socialistas españoles como Eider Gardiazábal y Jonás Fernández.

Una vez conocida la Propuesta franco-alemana ¿A qué espera la Comisión VDL? La Comisión VDL debe hablar. Es la única forma de que la polifonía europea suene como una orquesta, no como una cacofonía expuesta a las disfunciones de la perplejidad, el rechazo y la desafección, que son el archiconocido caldo de cultivo de ese populismo eurófobo en que los enemigos de la UE pescan en río revuelto. Ante quienes se preguntan “¿Pero, a qué estamos esperando?”, la única respuesta plausible ha de ser el liderazgo. La dirección propositiva de la coordinación, del valor añadido europeo, y la reivindicación de sus valores distintivos: solidaridad, integración de la diversidad, cohesión social, interterritorial e intergeneracional.

Y todavía un último apunte. Tal y como anticipamos en la anterior entrega de esta tribuna de opinión, la sentencia del TCF alemán del pasado 5 de mayo no sólo ha sido celebrada con gran  fanfarria y desparpajo, por los autodenomidados gobiernos “iliberales” de Polonia y Hungría, escorados hacia la extrema derecha nacionalista y reaccionaria, sino que sus razonamientos han sido rápidamente invocados como argumentos de fuerza para justificar de manera truculenta su resistencia a someterse a la jurisdicción del TJUE, así como a acatar sus sentencias relativas al Rule of Law (Estado de derecho, Democracia y Derechos fundamentales).    

Sí, Polonia y Hungría (sus gobiernos de derecha extrema) se presentan a sí mismos como víctimas de una “conspiración izquierdista” de la que, absurdamente, estarían formando parte la OSCE, el Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, la comunidad académica, Freedom House, el PE, la Comisión, la UE... de la que siguen siendo parte... y de cuyos presupuestos continúan beneficiándose sin ningún escrúpulo moral. Pero, a la vista de la sentencia del TCF alemán, a nadie puede sorprender que los gobiernos de Hungría y Polonia pregunten desafiantemente: “Pero a mí, ¿por qué me miran?... Acaso, si Alemania no cumple las sentencias del TJUE... ¿por qué debería cumplirlas yo?”.

Publicado en Huffington Post