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Al inicio de mi primer mandato en el Parlamento Europeo (PE) entró en vigor el TL y la CDFUE, síntesis de los materiales del no nato Tratado Constitucional Europeo. Sus contenidos encerraban el más ambicioso salto adelante de la integración supranacional europea a lo largo de la su historia.

Una de las expresiones más señaladas de esa dimensión política y constitucional reside en la incorporación de un ELSJ como ámbito competencial del PE (sujeto al procedimiento legislativo ordinario), en el que se encuadra el mandato de diseñar una Estrategia de Seguridad Interior de la UE con su correspondiente Comité de Seguimiento (COSI, art. 71 TFUE). Asimismo, en el TL se sientan las bases para el establecimiento de una Política Exterior, de Defensa y Seguridad Común, con una Diplomacia europea bajo la dirección del Alto Representante.

La primera aplicación del nuevo dispositivo de Seguridad Interior cristalizó en la Comunicación de la Comisión al PE y al Consejo (22 nov 2010): “Cinco Medidas para una UE más Segura”). Quedaron entonces fijadas sus 5 prioridades: “1. Delincuencia internacional. 2. Terrorismo y Radicalización. 3. Ciberespacio. 4 Gestión de fronteras. 5. Crisis y catástrofes”. De esta primera posición destaca la reivindicación de la “cláusula europea de solidaridad” ante emergencias catastróficas (art. 222 TFUE). A este documento de arranque siguió con posterioridad la Comunicación de la Comisión:EUStrategy on Security (28 abril 2015). A fines de la pasada legislatura, el Consejo de la UE adoptó su Renewed EU Strategy on Internal Security Stragegy (20 febrero 2019), y ya durante el presente mandato: Future Direction of EU Security Strategy (22 nov 2019).

¿Qué ha ocurrido en este tiempo? ¿Cómo se ha comportado la UE ante las emergencias? La historia es un juez implacable; por eso los ciclos históricos nos juegan, de vez en cuando, algunas malas pasadas. Porque, en coincidencia cronológica con el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del TL y la CDFUE (diciembre de 2009), la construcción europea ha sufrido los peores seísmos que recuerda. Con la Gran Recesión (crisis del euro y de la deuda soberana), la crisis de los refugiados, el art 7, Brexit, y ahora la Covid-19 y la recesión que vendrá. Venimos, efectivamente, de la sucesión de crisis más profunda y prolongada desde que se puso en marcha la construcción europea.

Europa se hizo tras las guerras. Tras sus monstruosos desastres y su balance de incontables muertes y aniquilación. Es cierto que, entre otras razones, parte de la voluntad de Europa desfallece poco a poco con la extinción de la generación que vivió en primera persona la devastación provocada por la IIGM. Por eso mismo sorprende y choca todavía más la recuperación de un lenguaje de resonancias bélicas, tras 75 años de paz sobre el mismo suelo que derramó tanta sangre, habiendo hecho de la paz un activo principal de la legitimación de la integración europea: “estamos en guerra”, se nos dice, “la guerra de nuestra generación”, y “el virus es el enemigo”.

Cuidado con este lenguaje y con sus consecuencias. Arriesgamos demasiado ante la propagación del miedo, de la angustia ante el futuro y de la vulnerabilidad ante su explotación política y electoral por actores sin escrúpulos: nacionalismos extremos, populismos reaccionarios, la difusión de fake news y la generación de un estado de incertidumbre y desorientación. Porque ese es el virus más lesivo y potencialmente peligroso al que se enfrenta la UE. Expresado en los términos de ese lenguaje bélico que ha venido propalándose: ¡el miedo es el enemigo!

De modo que, seamos claros, la seguridad importa. Por supuesto que sí. De hecho, es una prioridad para el conjunto de la UE (arts. 70 y 71 TFUE). Lo ha sido particularmente desde la entrada en vigor del TL y la CDFUE (su art. 6 la consagra como un derecho fundamental de la ciudadanía europea). Ahora, en estas circunstancias de un dramatismo sin precedentes, procurar seguridad a la ciudadanía ha de ser, con mayor fuerza, un objetivo renovado para la UE.

El PE ha asumido su responsabilidad legislativa en la articulación de esa prioridad: ha apoyado la Estrategia de Seguridad Interior fijada por la Comisión Europea. Y lo ejemplifica el esfuerzo de la Comisión LIBE de PE para facilitad la adopción del Paquete de Interoperabilidad (VIS; SIS; Eurodac, ESTI, ETIAS, Eu-Lisa).

Pero su mayoría proeuropea recuerda también, y en todo caso la vigencia de la CDFUE, que impone el respeto debido a los exigentes principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en cualesquiera medidas que impacten sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía europea (especialmente las que imponen restricciones de la libertad de movimientos, en lo que ya viene conociéndose como como la Gran Reclusión). Y consciente, además, de la preocupación que suscita un creciente número de escaños antieuropeos o rabiosamente eurófobos, tanto en los Parlamentos nacionales de los EE.MM. como en el PE, la mayoría proeuropea combate enérgicamente la falsa identificación de migrantes y asilados como supuesta amenaza a la seguridad e identidad nacionales. Refuta así el argumento más distintivo de esa xenofobia reaccionaria que alimenta y multiplica las actitudes contrarias a la integración europea.

En lo demás, contra la pandemia de la Covid-19 y por la recuperación que habrá que apuntalar después, la mayoría proeuropea del PE pide, asimismo, en todo caso, respuestas ajustadas a Derecho. Al derecho de la UE (principios de primacía y de eficacia directa garantizados por el TJUE) y al Estado de derecho e imperio de la ley en los EE.MM. (art. 2 TUE). E insiste, enfáticamente: también el derecho importa. Importa ante la emergencia sanitaria y la crisis de la Covid-19. Porque es indudable que su impacto redefine las prioridades previamente establecidas, y los recursos oportunos para atenderlas y honrarlas.

Esa convicción se proyecta sobre todos los ámbitos de actividad del PE. También en la Comisión LIBE: es el caso del análisis que merecen las medidas de suspensión de Schengen (que deben ser comunicadas y, en su caso, prorrogadas respetando los límites temporales establecidos en el Código de Fronteras Schengen, que continúa en vigor); es el caso, asimismo, de las leyes de emergencia adoptadas por  los EE.MM. y de la necesidad de que se ajusten a los principios  de Rule of Law, democracia y derechos fundamentales del art. 2 TUE; y es el caso de las apps de rastreo de comunicaciones y trazabilidad de contagios, que deberán respetar los estándares europeos del Data Protection Package.

El paisaje de la UE tras la batalla en curso contra la Covid-19 acusará los destrozos de sus grandes sacudidas. Habrá que reparar estragos, y ofrecer un mañana para muchas vidas rotas, truncadas por la pandemia, el cese de actividad, la destrucción masiva de empleo y oportunidades. Sin duda, es imprescindible -a mi juicio, inaplazable- una respuesta europea a la altura de la magnitud del reto, incrementando su potencia de fuego con todas las herramientas disponibles: BCE, BEI, MEDE, liquidez extraordinaria. Pero también recursos propios y Fondos extraordinarios, en el presupuesto europeo, en el MFF y en los presupuestos nacionales de los EE.MM. Sin condiciones. Sin penalizaciones por “déficit excesivos”. Y sin recortes impuestos sobre sus sectores públicos, ni mucho menos aún sobre las capacidades de sus sistemas sanitarios.

Aprendiendo de las lecciones de la pésima gestión de la “Gran Recesión” (en la que la reacción de la UE se caracterizó por la práctica del too little, too late, and in the wrong direction), en esta ocasión la UE se está moviendo con una mayor prontitud y en la dirección adecuada. La discusión tiene un trasfondo político e ideológico: se libra ahora tanto en torno a la magnitud (la cantidad: se aspira a movilizar 1,5 billones de euros con garantía común en el MFF) como en torno a los instrumentos con los que financiarla (su calidad: transferencias vs préstamos). Pero merece ser librada (y así se está haciendo, en su debate en el Consejo Europeo).

Pero, además de hacer esto, habrá que pensar en restaurar la seguridad. Porque la seguridad es base de la confianza, mutua entre los EE.MM. (art. 69 TFUE) y conjunta en el proyecto, e incluso de la esperanza. Restaurar en una ciudadanía europea aturdida de forma más abrupta e intensa que en ninguna crisis anterior. Y restaurar la vigencia y operatividad de los activos más preciados de la UE: la libre circulación en el espacio Schengen: es decir, tránsitos aéreos, comunicaciones, intercambios, sin los que no hay ni volverá a haber recuperación a la vista. Y habrá que restablecer el vínculo de confianza y pertenencia al conjunto de la UE, brutalmente golpeado entre la ciudadanía de los EE.MM. donde más se acusa la percepción de insolidaridad.

La sensación instantánea es que la UE se enfrenta a una crisis existencial, a un stress test en que se juega su propia supervivencia: una y otra vez, escuchamos Do or die! Make or brake!  

El tiempo de actuar es ahora. La Presidenta VDL termina todas sus intervenciones con “Vive l´Europe!, Long Live Europe!, Es Lebe Europa!”. Que viva: de nosotros depende. Hagamos que pase: Let´s make it happen! Hagamos que la UE sobreviva, que reviva, que perviva.

Publicado en Huffington Post