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BOLETÍN LIBERTADES EN TELA DE JUICIO junio 2019
Juan F. López Aguilar
eurodiputado, exministro de Justicia. Patrono de la Fundación Pedro Zerolo

La Constitución española de 1978 ha cumplido 40 años. Efeméride redonda. Tras cuatro décadas de maduración, resulta ya inabarcable la jurisprudencia constitucional y la literatura doctrinal que explica las múltiples acepciones del valor superior de la igualdad (art.1.1 CE) tanto en la Norma Fundamental (arts.9.2, 14, 32, 35, 39, 138.2, 149.1.1, 156.2, 157.2 CE) como su impacto en el conjunto del ordenamiento. Sin embargo, seguramente es menor el énfasis con que se recuerda que, pese al tiempo transcurrido, esa igualdad no se halla aun plenamente conseguida. 

La cláusula de igualdad prohíbe discriminaciones singularmente odiosas (como lo son las basadas en el “sexo”, art.14 CE), y por lo tanto se muestran carentes de fundamentación constitucionalmente legítima y de objetivación razonable entre la finalidad perseguida por cualquier eventual medida diferenciadora y la proporcionalidad de sus efectos respecto del fin invocado. Ni su proclamación general ni sus concreciones taxativas en ámbitos como el trabajo (art.35 CE) o el derecho de familia (art.32 y 39 CE) permiten asegurar que toda discriminación en sus relaciones jurídicas haya desaparecido. 40 años después de la Constitución de 1978 sigue existiendo en España violencia criminal machista, brecha salarial de género, techo de cristal en la empresa, acoso sexual en el trabajo, educación sexuada en roles.... y múltiples y capilares formas de discriminación por género, orientación e identidad sexual. 
Y es cierto que el primer paso para el combate contra las discriminaciones que estimamos inaceptables es la norma jurídica -requisito, sine qua non-; pero también lo es que la realidad encuentra intersticios de desigualdad en cada recodo en el camino hacia la igualdad de trato. Si esto es así en comunidades políticas legalmente comprometidas con la igualdad -formal y material, ante la ley, en la ley y en la aplicación de la ley-, en aquellas sociedades en donde todavía campan, incólumes e intocadas, todas las formas de prejuicio y discriminación contra enteras categorías de personas, esa exigente batalla cuesta arriba por la igualdad de trato se hace aún más ardua y cruda. La injusticia en cualquier parte, por remota y minúscula que esta resulte a la vista, es enemiga de la Justicia, imperativa, donde sea, como enseñó Martin Luther King. 
Por eso la igualdad ha adquirido también dimensión jurídica europea. Los arts. 1 a 6 TUE y a la entera Carta de Derechos Fundamentales de la UE, recuerdan a sus Estados miembros la entidad de la estrategia hacia la igual dignidad en libertades y derechos de todas las personas. Y los retrocesos en derechos, libertades y calidad democrática registrados en el seno de la UE a rebufo de la crisis que arrancó en la Gran Recesión -a veces palmarios, a ratos sutiles y menos perceptibles-, recuerdan a los activistas de la igualdad de trato hasta qué punto este valor es una flor marchitable a poco que se la descuide en el riego y mimo que reclama. Y que cuando no se avanza la inercia es retroceder, arriesgando la erosión o el abrupto deterioro de lo que se creía conquistado. 

Viene todo esto a cuento de la pujante emergencia de una extrema derecha -en la UE, en España- teñida en discurso del odio, hambrienta en el señalamiento de chivos expiatorios a los que estigmatizar abriendo cauce a una atávica espiral de prejuicio irracional y discriminación. Lo que más pronto que tarde amenaza con sustituir el debate racional sobre la política legislativa por el dicterio apodíctico, con un lenguaje brutal, fácil de propalar en la banalización de las redes y su manipulación con bulos e intoxicación. Las formaciones políticas que han bruñido y surfeado a todo trapo esos discursos a resultas del extenso malestar político y social de estos años de cuestionamiento severo del modelo social que una vez dimos por sentado, sacuden con saña consensos previamente establecidos respecto de cotas de igualdad y de remoción de barreras de discriminación por razón de sexo, género, orientación sexual, entre otras muchas preexistentes. 

En la España de estos años, tanto el escoramiento de buena parte del pensamiento conservador mainstreaming hacia posiciones abiertamente reaccionarias frente a avances conseguidos por Gobiernos progresistas (particularmente en los ciclos 2004-2011, y 2018-2019), como el desprendimiento de un segmento significativo de esa franja de votantes hacia una formulación de neta extrema derecha, han coadyuvado de consuno a un virulento brote de revisión desafiante de piezas significativas de ese acervo jurídico. La LO 1/2004, Integral contra la Violencia de Género, la LO 3/2007, de Igualdad, la LO 2 /2010 de Protección de la Salud Sexual y Reproductiva, son ejemplos señeros de objeto de esta ofensiva. Pero no la agotan: divorcio express y custodia compartida, matrimonio igualitario (ley 13/2005), reconocimiento de identidad registral de género, medidas de Derecho de familia (supresión del tradicional “Libro de Familia” y del requerimiento legal de inscribir un progenitor masculino para las madres solas), e incluso algunos avances en reproducción asistida, están siendo expuestas a un debate en que la brocha gorda, el trazo grueso, entreverado en prejuicios largamente arraigados, por más que por un tiempo larvados, nos muestran bien a las claras la entidad pavorosa de la amenaza de cercenamiento o amputación de libertades que necesitan, hoy como siempre, abogados defensores y activistas comprometidos en toda la extensión del espectro de los problemas planteados. 

Si la pregunta es: “¿Qué está en juego, y qué en peligro, ante el empuje vindicativo del extremismo reaccionario?”, la respuesta corta es: “todo”. La lucha por la igualdad frente a sus sombras y amenazas requiere determinación de cuantos actores políticos, cívicos y sociales opten por hacerla suya. Con vigilancia y celo. Pero también de agentes de la fuerza normativa y transformadora del Derecho plenamente conscientes de la envergadura de cada envite. Una comunidad jurídica consciente de la relevancia de la Ley “¿Qué está en democráticamente juego, y qué en legitimada como m peligro, ante el motor de igualdad e empuje vindicativo igual dignidad personal. del extremismo Y de defensa de la ley reaccionario?” plenamente vinculante y exigible a todos los 
operadores jurídicos: abogacía, judicatura, fiscalía, registros públicos y notariado,  función diplomática y consular. El lema “ni un paso atrás” ha vuelto a ser enarbolada como un postulado motor de compromiso combativo.
40 años después de la Constitución, 10 años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (con un “derecho a la igualdad” frente a cualquier discriminación por sexo, género, orientación o identidad sexual revestido “mismo valor jurídico de los Tratados”), la igualdad no está, insisto, plenamente realizada ni alcanzada, ni en España, ni en la UE, ni en ninguna otra parte sobre la faz de la Tierra. Y continúa expuesta a la amenaza de su erosión o retroceso en España, en la UE, como en cualquier otra parte. Pero, ahora y como siempre, la lucha por la igualdad es una lucha que merece ser librada, requerida como pocas o como ninguna otra de luchadores dispuestos a quemar la vida en el empeño. Como lo fue Pedro Zerolo (1960-2015), uno de esos gigantes a quienes de no haber existido la lucha por la igualdad habría echado de menos toda una eternidad. 

Ningún testimonio mejor de esta vigilia a propósito de lo que está en juego o en peligro que imaginar nuevos avances y trabajar porque se hagan realidad con nuestro esfuerzo. La nonata Ley de Igualdad de Trato, que ensancha y ahonda la tarea de remoción de cualesquiera rescoldos de discriminación en las relaciones jurídicas y sociales, por la que abogó Pedro Zerolo en sus últimos empeños en esta vida, quedó inacabada en el tintero de la convulsa e inconclusa Legislatura 2008-2011 (segundo mandato del Presidente Zapatero)- Basada en la (también frustrada) “Directiva horizontal por la Igualdad de Trato” que el Parlamento Europeo demandó con insistencia ante el Consejo en la Legislatura Europea 2004-2009 (antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en 2009, pero con una ya entonces clara hegemonía conservadora en las instituciones europeas), la iniciativa que impulse la Ley de Igualdad de Trato forma ahora parte de la agenda legislativa del mandato de Gobierno del Presidente Sánchez en la Legislatura que arranca en 2019. Hagamos posibles los logros que expresen que no solamente no cedemos “ni un solo paso atrás”, sino que mantenemos la voluntad de imprimir páginas nuevas en la historia y porvenir de la igualdad.