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A medida que se acercan las elecciones europeas del próximo 26 de mayo crece la toma de conciencia de su test existencial, prueba de resistencia para la propia UE.

Mientras persiste la duda sobre la continuidad del cupo de parlamentarios británicos -73, dependiendo de la consumación o no del Brexit antes de la constitución del próximo Parlamento Europeo (PE)-, la preocupación bascula en torno al número de escaños que (aunque divididos entre sí) sumarán las fuerzas nacionalistas eurófobas. Porque si, sencillamente, llegaran a sumar un tercio de asientos en la Eurocámara, adquirirán el poder de vetar cualquier futuro ejercicio de activación de lo previsto en el art.7 TUE (sanciones a los Estados miembros, EE MM, que lesionen gravemente los principios democráticos de la adhesión al club del art.2 TUE: Criterios de Copenhague).

No son pocas las encuestas y prognosis demoscópicas que apuntan la hipótesis escalofriante de que las formaciones eurófobas y los populismos reaccionarios -representados ya, no se olvide, en buen número de parlamentos nacionales y con presencia en gobiernos de otros tantos países, entre ellos nada menos que Italia, socio fundador de la UE- llegasen a hacer inviable no ya todo avance europeo, sino la misma gobernanza, bloqueando decisiones cruciales como las del Marco Financiero Plurianual (MFF, en la jerga), los presupuestos inversores que siguen siendo necesarios para remontar cada bache, o la renovación de la Política Agrícola Común (PAC), siempre vital para España.

Sirve de escaso consuelo adivinar que esas fuerzas reaccionarias y antieuropeas emergen surcadas de contradicciones cruzadas y divisiones internas: basta con que se conglomeren como minoría de bloqueo o sumatoria negativa para dañar el proyecto europeo irreversiblemente. Les bastará votar en contra para torpedear todo esfuerzo para su relanzamiento y la restauración del erosionado vínculo de conexión entre la ciudadanía y las instituciones europeas, cuya imagen distante, expuesta a su distorsión como "burocrática", "tecnocrática" o insensible ante la pérdida de expectativas de los jóvenes, ha perdido el apoyo de segmentos importantes de opinión pública europea.

Por eso, entre otras razones, es tan importante el pulso que el PE viene sosteniendo con quienes se creen campeones de la eurofobia en la UE: los gobiernos populistas de extrema derecha reaccionaria que tanto en Hungría (Fydesz) como en Polonia (Ley & Justicia) desafían con contumacia los valores que decidieron libremente suscribir, sin que nadie les forzara, cuando se adhirieron al club. Nuestra preocupación se recrece hasta bordear la indignación cuando se constata, además, cuánto se han aprovechado de los fondos europeos estos gobiernos reaccionarios: ¡no sólo no han hecho ascos a los beneficios de Europa, sino que han hecho de ellos su modalidad distintiva de corrupción pandémica!

La última semana de enero tuvo lugar en Bruselas una sesión plenaria de las que, con carácter extraordinario, y para descargar la abultada agenda de los Plenos ordinarios de Estrasburgo, vienen siendo conocidas como de "miniPleno". Un punto relevante en su agenda volvió a serlo el debate sobre el tremendo deterioro de la calidad democrática y de las libertades públicas en Hungría, aplastada desde hace casi una década por el Gobierno "iliberal" de Viktor Orbán. Es éste un gobernante -no se olvide, de la familia del PPE- cada vez más embrutecido en su escora hacia la extrema derecha rabiosamente xenófoba y antieuropea, sí. Pero también empozado en tramas de corrupción cuyo hilo conductor es el aprovechamiento de los fondos europeos para el enriquecimiento de testaferros y allegados.

Quienes venimos denunciando los abusos de poder acumulativamente perpetrados por el Gobierno de Orbán hemos jalonado el debate desde el PE documentando la conexión de una y otra lesiones del interés europeo. Tanto es así que, por primera vez en la historia desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL) en 2009, fue el PE quien marcó la iniciativa política de su reprobación y sanción. Fue el PE quien aprobó con una resonante y abrumadora mayoría de dos tercios la iniciativa de activar nada menos que el artículo 7.1 TUE a propósito de Hungría. Y ello porque la deriva que ha venido describiendo el Gobierno de Orbán solo puede ser calificada de «putinización»: con esta gráfica expresión aludo a una inaceptable concentración de poderes sobre los sectores públicos y privados del país magiar que es virtualmente incompatible con los valores fundacionales de la UE. A la ocupación de los medios públicos y privados, por la vía de la colonización o de la intimidación directa, a las agresiones sumatorias contra el pluralismo político y contra cualesquiera funciones de oposición democrática. Y a tantas conculcaciones de los derechos de las minorías, a las que viene a sumarse recientemente la represión de la libertad académica ejercitada a las bravas contra la Central European University patrocinada por Soros, financiero de origen húngaro demonizado como enemigo público por el Gobierno de Orbán (que, irónicamente, disfrutó en su juventud de una beca de Soros).

Pese a todas las alarmas, la situación en Hungría no ha hecho sino empeorar. A lo largo del debate, el vicepresidente Timmermans, al frente de la cartera de Rule of Law y derechos fundamentales, pudo escuchar claramente nuestro requerimiento ante la Comisión: exigimos que, cuando el Consejo (reunión de los Gobiernos de los EE MM) debata con la Comisión acerca de las consecuencias de aquel voto (nada menos que 2/3 del PE), esta Institución -que, además de ser la única directamente electiva de la arquitectura europea, fue la que tuvo la iniciativa en primer lugar— sea llamada también a participar en esa deliberación. En modo que las tres instituciones sumen sus voces para decir ¡ya basta! ante la deriva putinesca de Viktor Orbán en Hungría.

Con la libertad de prensa, hace tiempo bajo mínimos, y tras el hostigamiento a la Universidad Central de Budapest, que ha tenido que cerrar y trasladar su sede a Viena, ante la ominosa pendiente de autoritarismo xenófobo en la que Orbán ha venido deslizándose desde hace demasiado tiempo, el Grupo Socialista del PE impulsa y suscribe claramente este requerimiento ante la Comisión: el PE debe ser invitado a participar en el Consejo cuando aborde sus propuestas. Hay, en efecto, pocos casos en los que el PE pueda ejercer su iniciativa de acuerdo con el TL con un impacto potencial de tanto calado político como en el art.7 TUE. Sobre el Consejo recae la responsabilidad de evaluar las consecuencias políticas del Informe Sargentini aprobado por el PE con mayoría amplísima (superior a los 2/3 exigidos por el TUE). Pero el PE -representando a la ciudadanía europea, que incluye también los derechos de 10 millones de húngaros, ciudadanos europeos- ha sido el motor de la iniciativa política: activar, por vez primera, el procedimiento del TUE que autoriza la sanción y privación de sus derechos de voto por violación grave y sistémica de los principios y valores fundacionales de la UE (criterios de Copenhague, art.2 TUE). Y es ésta una oportunidad que no debería perderse, no sólo para atraer el foco sobre el deterioro imparable de la situación en Hungría, sino para marcar con claridad el mensaje de contención europea ante el desafío creciente del populismo xenófobo.

Pero este debate conecta con el obligado escrutinio de la implementación de la Estrategia Europea contra la corrupción contra el fraude a los intereses financieros de la UE. Este debate anual acrecienta su importancia ante la inminente puesta en marcha de la Fiscalía Europea (EPPO, en el argot), con plena capacidad para investigar y procesar a los presuntos responsables de los delitos contemplados en la legislación penal europea adoptada por el PE (Fiscalía Europea prevista para 2020, tras largos años de trabajos para desarrollar la previsión del art.86 TFUE). Es imposible exagerar la importancia de este debate anual que sostenemos acerca del fraude a los intereses financieros de la Unión. Y es que también en este ámbito el PE ha hecho su trabajo: ha legislado penalmente la Directiva penal de protección de los intereses financieros de la Unión. Ley penal europea, de la que fui Ponente en el PE, que no contempla solamente tipos penales vinculantes para los EE MM, sino también sanciones mínimas, esto es, penas comunes; y ha dado su pleno impulso a la Fiscalía Europea que complementará la arquitectura de persecución del fraude.

De acuerdo con el último Informe debatido por el PE, el fraude a los intereses financieros de la UE parece disminuir hasta en un 20 % en las cantidades defraudadas, aunque sigue siendo un hecho que en algunos EE MM tanto su detección como la investigación viene desfalleciendo. Como también es verdad que a la Fiscalía Europea todavía le faltan seis Estados del total de 28 que sigue constando a día de hoy. Algunos de esos países se han caracterizado por su genérico opt-out de la legislación penal europea y del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (arts.67 a 89 TFUE): es el caso de R.U, Irlanda o Dinamarca. Pero hay dos EE.MM que se distinguen tristemente por sus niveles de fraude y de corrupción en la gestión de los Fondos de la UE: uno de ellos, Hungría, que ha sido receptora (masiva) de las ayudas europeas desde su adhesión en 2004.

Por eso, entre otras razones, sigue siendo crucial que completemos el esfuerzo de puesta en marcha y actuación de la Fiscalía Europea con el Reglamento de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), antes del fin del mandato del PE esta Legislatura 2014-2019. Tanto como lo es combatir la hipocresía de la inflada retórica antieuropea de Orbán... mientras su Gobierno figura a la cabeza del ranking de corrupción en la gestión de las ingentes ayudas y fondos europeos de que ha disfrutado Hungría. Y plantar cara al populismo cuando, como es el caso, combina, contumazmente, eurofobia y corrupción

Publicado en Huffington Post