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Con la presencia y participación del Presidente del Consejo, Donald Tusk, y del Comisario de Interior, Dimitris Avramopoulos, el pasado Pleno del Parlamento Europeo (PE), celebrado en Estrasburgo la primera semana de julio, debatió las Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2018.

En una nueva reimpresión de sus negociaciones hasta la madrugada, las Conclusiones abren paso a una Presidencia austríaca (segunda mitad de 2018) que se anuncia bajo el lema "La Europa que protege".

La primera cuestión que debía ser planteada estuvo presente en buen número de las intervenciones de los parlamentarios que participamos en el debate. ¿"Protege"? ¿Protege a quién frente a quién? ¿Protegen a las europeas y europeos de carne y hueso frente a la inseguridad y frente a la indefensión causada por los abusos de los poderosos? ¿O nos están hablando acaso de "proteger" no a la ciudadanía, sino a los Estados miembros (EE MM) de una supuesta avalancha de extranjeros, inmigrantes y demandantes de asilo? ¿"Proteger" a los EE MM en una nueva vuelta de tuerca de la política del miedo, que explota el odio y la ira, y que alimenta esa espiral ultraconservadora, cada vez más escorada hacia la extrema derecha?

¿"Proteger" esa lectura reaccionaria de la construcción europea, exactamente la misma que bloquea el Reglamento de Dublín, que impone un sesgo securitario (en lugar de humanitario) a la política y a la legislación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) y que externaliza la gestión de las fronteras exteriores? ¿Proteger a los EE MM que se niegan la solidaridad y la responsabilidad compartida de los flujos migratorios, que es exactamente el mandato del Tratado de Lisboa (TL, art.80), como es también mandato del Derecho común europeo y del Derecho internacional humanitario? Porque si eso es de lo que nos hablan cuando preconizan su lema de la "Europa que protege", hay que replicar de inmediato que eso es exactamente lo contrario de lo que se debe hacer precisamente en un momento en que, además, el flujo de inmigrantes ha descendido dramáticamente (apenas 40.000 en la primera mitad de 2018, ¡en una UE de 28 EE MM y más de 500 millones de ciudadanos!).

Y, sin embargo, lo cierto es que, entre los gobiernos de esos EE MM (algunos de ellos se cuentan entre los de mayor PIB del Globo), crece la explotación del miedo a los inmigrantes... como una nueva forma inaceptable e inmoral de especulación que divorcia la realidad objetiva respecto de su percepción socialmente fabricada.

Pero, además de esto, en este mismo debate hubo ocasión de cuestionar la intolerable distorsión de la legislación europea (la Facilitation Directive de 2002) que ha permitido en algunos EE MM, en el curso de la mal llamada crisis de refugiados (que, insisto, es una crisis política de voluntad europea y de respuesta europea), un vergonzoso recuento de episodios judiciales en los que se enjuicia nada menos que la criminalización de la ayuda humanitaria que rescata vidas en la mar bajo la aberrante imputación de "facilitar la entrada irregular de inmigrantes" (¡!).

Y es que, efectivamente, en un momento en que decrecen los flujos y la "presión" migratoria en las fronteras exteriores de la UE, el Mediterráneo sigue siendo una fosa común expuesta a la inacción de los EE MM. Muchos de ellos dan la espalda no sólo a la escalofriante dimensión de la tragedia, sino a las buenas prácticas humanitarias con las que se distinguen acciones sobresalientes como las del nuevo Gobierno de España que recibió al Aquariusen el Puerto de Valencia y apenas unos días después, en el de Barcelona, otra embarcación de la ONG Open Arms.

Pero lo más indignante es que persista esa interpretación aberrante de la Directiva de ayuda o de facilitación. El actualmente vigente art.1.2 de esa Directiva dice que los EE MM "podrán" eximir de criminalizar a quienes presten ayuda humanitaria en el rescate en la mar. Como vengo sosteniendo en mis trabajos parlamentarios en la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE, donde ahora dice "podrán" debe decir "deberán". ¡Es urgente revisar la Facilitation Directive para acabar con los casos de penalización del salvamento humanitario de vidas humanas en la mar!

Por ello es imprescindible, impostergable e inexcusable que la Comisión actúe y tome la iniciativa legislativa que reforme la norma actualmente vigente para asegurar que, en ningún caso, nunca más -never again!, nie wieder!- pueda criminalizarse la ayuda humanitaria. Porque esto -recordémoslo, si hiciera falta, una vez más- es lo que permitió que se sentaran en el banquillo de los acusados ante la Justicia griega tres héroes españoles: los bomberos Manuel, Enrique y Julio, de la ONG PROEM-AID.

Que ninguna organización humanitaria ni ningún voluntario tenga que pagar nunca más con la pena del banquillo ni con un proceso penal el haber rescatado vidas en la mar con sacrificio de la propia.

Publicado en Huffington Post