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La semana pasada, durante el Pleno de mayo del Parlamento Europeo en Estrasburgo, tuvo lugar un debate con el Primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, en el marco de la ronda de jefes de Gobierno de los Estados miembro (EE.MM) para discutir su visión y sus aportaciones sobre el futuro de Europa.

A lo largo de ese debate sobre el futuro de la UE hubo ocasión de escuchar, cómo no, palabras de reconocimiento a Luxemburgo, un país fundador (del primigenio Benelux) del que han provenido grandes figuras históricas de la construcción europea. Un Estado miembro pequeño, incluso de los más pequeños (junto con Malta), que aporta 6 diputados al Parlamento Europeo, pero al que cabe escuchar con interés y respeto.

Sin embargo, tras una primera alocución de más de 40 minutos, en la que se repasaron grandes asuntos de la agenda y de sus retos, no habíamos escuchado aun del Primer ministro Bettel una sola palabra acerca de los estragos causados por la desigualdad. Particularmente a la luz de la exasperación de las desigualdades tras la Gran Recesión que estalló en 2008 y que ha dado lugar a la crisis más dura de la UE en su historia. Desigualdad dentro de los EE.MM; pero también desigualdad entre los EE.MM. Esta desigualdad no ha enfrentado precisamente a los llamados "países grandes" contra los "países pequeños".

Cabe recordar aquí la cita de Paul Henri Spaak, uno de los Founding Fathers, Primer ministro de Bélgica: "En la Comunidad no hay países grandes y pequeños: todos somos pequeños para lo que debemos hacer, sólo que algunos lo sabemos y otros todavía no". Antes bien, la embestida de la desigualdad ha enfrentado sobre todo a los países más ricos contra los más empobrecidos por la gestión de la crisis; a los acreedores contra los más endeudados... A los que imponían el Diktat de la austeridad recesiva (contra la evidencia empírica de su fracaso, y del empeoramiento de la salud del paciente) y a quienes más padecían y resistían su recetario antisocial y su medicina de caballo...

Ante la creciente desigualdad, parece esperable y obligado que cuando el jefe de Gobierno de Luxemburgo nos habla en el Parlamento Europeo de la fiscalidad, no lo haga simplemente para endilgarnos su elogio (marcadamente ideológico) de las rebajas de impuestos (indiscriminadas, y a los más ricos), sino para asegurar los recursos necesarios como para relanzar inversión y crecimiento, además de preservar el ahora maltrecho modelo social europeo. Y que asuma el compromiso -que muchos le reclamamos en el Parlamento Europeo- de no parar hasta que, al fin, Luxemburgo deje de ser el depósito fiscalmente opaco de las fortunas ilícitamente adquiridas de los corruptos de media Europa (incluídos, claro está, notorios corruptos españoles). Y que, cuando toca hablar de suficiencia de recursos presupuestarios para la UE, exprese algún compromiso de contribuir más —como el Estado miembro rico que Luxemburgo es— a la construcción conjunta de una Europa mejor que esta (tal como hizo, por cierto, el Primer ministro Antonio Costa en nombre de Portugal, Estado miembro menos rico que el opulento Luxemburgo).

Porque esa voluntad de aportar recursos adicionales sería además una clave para poder combatir el malestar y el populismo que tan dramáticamente han redefinido estos años el paisaje político de los EE.MM más empobrecidos por la crisis —Italia, Grecia, España, la Europa del Sur, sin ir más lejos—. Y porque, sin atajar ese problema de preservación necesaria de nuestro modelo social, no habrá, sencillamente, ningún futuro para Europa.

Para ilustrar este debate, basta calibrar el daño causado por aquellos EE.MM que, al socaire de la crisis, incursionaron en la práctica de captación de inversiones (incrementando sus diezmados ingresos fiscales) mediante el otorgamiento de la ciudadanía y la residencia a aquellos solicitantes que aportan dinero contante y sonante al país a través de la compra de bienes inmuebles o inversiones económicas. Alguien puede pensar que la ciudadanía o la residencia siguen siendo competencias nacionales de la legislación de los EE.MM. Pero no es así. No desde que el Tratado de Lisboa entró en vigor en 2009 y, con éste, la Carta de Derechos de la UE

Y es que tales decisiones pueden tener -y de hecho tienen- obvias repercusiones sobre el resto de la UE. Especialmente en el ámbito del derecho de ciudadanía, pues, de acuerdo con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, los titulares de la ciudadanía de cada Estado miembro obtienen automáticamente la ciudadanía de la UE. Y, con ella, sus derechos y las prerrogativas de la libre circulación y las denominadas "cuatro libertades". La venta -en un mercado de precios- de la ciudadanía de un determinado Estado miembro de la UE muestra así un problema añadido: en lo que críticamente podemos considerar un modo de parasitismo de los activos en común de la UE, cuya ciudadanía la comporta beneficios añadidos como los que se corresponden con lo que aún resta en pie de la libertad de circulación.

Resulta por tanto llamativo que al menos la mitad de los EE.MM de la Unión permitan actualmente la concesión de "Golden Visas" en su legislación nacional.

No es la primera vez que el PE expresa su preocupación por las derivas de esta práctica: los beneficiarios de estos programas a menudo no tienen que cumplir las mismas condiciones que el resto de solicitantes, como son los requisitos de residencia o el conocimiento de la lengua. Su concesión puede resultar injusta y discriminatoria, ya que ofrecen oportunidades a los ricos que son denegadas a las personas sin dinero. Sabemos además que ofrecen oportunidades para la corrupción y la delincuencia, ya que los denominados "segundos" o "terceros" pasaportes son herramientas útiles para los delincuentes, los evasores de impuestos y los blanqueadores de capitales, que pueden necesitar nuevas identidades y lugares a los que escapar en busca de impunidad extraterritorial. Los abusos detectados socaban el concepto mismo de la ciudadanía europea.

De modo que las "Golden Visas" se muestran como lo que son: contrarias al estatuto de ciudadanía europea de conformidad con la Ley; contraria a una estrategia conjunta contra la corrupción, el fraude y la delincuencia económica transnacional; y contraria, cómo no, a la igualdad ante la ley.

Pero es que, además, las "Golden Visas", sobre todo las que conceden algunos EEMM, generan igualmente controversia por falta de transparencia. Algunos países lo están utilizando de forma deliberada para favorecer esquemas fiscales superprivilegiados a multimillonarios de países emergentes, lo que presupone una vuelta de tuerca adicional en las prácticas de competencia fiscal desleal en el seno de la UE.

El Parlamento Europeo no puede permanecer en silencio frente a ello. La concesión de la ciudadanía debe hacerse en el mandato de "cooperación leal" entre EEMM (art.13 TUE), algo cada vez más denostado por culpa de las derivas nacionalistas y populistas en la UE. Con todo, lo razonable (y lo mínimo) sería exigir la introducción de un requisito de «vínculo auténtico» para su concesión y cada incorporación en el estatuto de plena ciudadanía europea. Cabe recordar, además, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2010 en el asunto Rottman, que estableció claramente que las decisiones relativas a la pérdida de la ciudadanía, que comportan la pérdida de la ciudadanía de la Unión, deben estar sujetas al correspondiente examen de proporcionalidad.

No a la competición fiscal entre EE.MM de la UE. Sí a la igualdad ante le ley, a la legalidad con transparencia al servicio de la equidad fiscal en el seno de la UE. Y sí a una lucha conjunta contra la corrupción, el fraude y la delincuencia económica transnacional.

Publicado en Huffington Post