Inicio     Tribuna de Prensa  

En las últimas semanas, dos asuntos de Estado han sido noticia española con proyección global, Breaking News en todo el mundo. Una, la declaración por la que ETA reconoce su derrota y anuncia su disolución definitiva e irreversible. Otra, la votación, en el Parlament de Cataluña, que ha investido president de la Generalitat -por 66 votos favorables contra 65 negativos (y cuatro abstenciones)- al candidato Quim Torra, escenificando así el recrudecimiento de una fractura social que ha dividido en dos a la sociedad catalana.

Nadie en el mundo discute que la liquidación del terrorismo de ETA, que certifica y rubrica su desmantelamiento desde que en 2011 cesara en sus atentados con el llamado "cese definitivo" de la violencia criminal que llamaban grotescamente "lucha armada", es uno de esos sucesos que no pueden ser subestimados; resulta imposible, al contrario, exagerar su importancia. Durante dolorosas décadas, el terrorismo de ETA nos golpeó tan duramente que muchos españoles crecimos y alcanzamos la vida adulta temiendo que duraría para siempre; que nos acompañaría con su recuento trágico el resto de nuestras vidas; que había llegado a convertirse en una de esas pesadillas que se cronifican y empiedran la entera Historia de España; que nunca se disolvería, ni nos abandonaría. Una maldición que deberíamos conllevar rindiendo continuado tributo a sus víctimas, resistiendo su locura sanguinaria con un perseverante ejercicio de templanza y fortaleza.

Sobre cómo fue posible ponerle punto final se han escrito ríos de tinta; pero seguramente sobresalen al trasluz del largo túnel de la lucha contra el terrorismo etarra tres vectores decisivos, cuya conjunción asegura la victoria final del estado de Derecho y la sociedad democrática, después de haber intentado otras opciones infructuosas durante largos años de penuria y sufrimiento. Años singularmente duros, en cuanto que traspasaron los sucesivos ciclos de gobiernos democráticos en los ahora recordados como los "años de plomo": los últimos 20 años del pasado siglo XX, desde el restablecimiento de la democracia y las libertades... hasta la activación del innovador y fructífero Pacto Antiterrorista ofrecido por Zapatero como recién elegido líder del PSOE, entonces en la oposición.

Un Pacto que en términos históricos resultó determinante de la estrategia vencedora, aun cuando inicialmente hubiese sido recibido con muestras de desdén por el Gobierno del PP y su mayoría absoluta. Y aquí, al constatar el sentido de tanto esfuerzo y resistencia, y al levantar al mismo tiempo acta de la derrota de ETA y la victoria del Estado y la sociedad democrática, es obligado el tributo al liderazgo ejercido en esa fase culminante, y perseverando tanto, por el presidente Zapatero, el ministro Rubalcaba y el Lehendakari Patxi López.

Con todo, en el completamiento del objetivo apuntado en esa cita con la Historia, confluyeron tres factores.

a)-Una estrategia sostenida de unidad y de consenso de las fuerzas democráticas (partidos vertebradores del arco constitucional) -apuntalado en principio por un entendimiento básico entre el PP y el PSOE, opciones de gobierno entonces, con invitación y reclamo a las demás formaciones- para desplegar a fondo toda la fuerza de la ley ("sólo la ley, toda la ley") y hacerle frente al terror sin oscilaciones ni péndulos expuestos a la alternancia: el Pacto Antiterrorista de 2000 y la L.O. de Partidos de 2002, con la ilegalización de las marcas electorales y ramificaciones políticas de la mafia terrorista, fueron herramientas cruciales para su achique de espacio y su aislamiento social; b)- La construcción de una diplomacia de Estado para deslegitimar a ETA en el exterior, asegurando con ello la implicación de la UE y de la entera comunidad internacional en la lucha contra ETA y contra la impunidad extraterritorial de sus crímenes (Francia fue decisiva; pero la campaña exterior fue creciendo en alcance hasta llegar a demostrarse transversal y permanente en la arena diplomática); c)- La conciencia democrática de la sociedad civil y de las instituciones sociales: la propia sociedad vasca asumió protagonismo en el rechazo al terror y a la amenaza disuasoria de la omertá y el silencio, haciendo emerger a las víctimas desde la postergación y olvido a la que se les había confinado: la misma sociedad vasca se constituyó por fin en parte de la solución, ya nunca más confundida en la oscuridad del problema y de sus rompecabezas.

El fin de ETA fue posible porque, además de la ley, hubo estrategia de Estado, iniciativa política y voluntad compartida, ciertamente indesmayable de una multiplicidad de actores, resueltos conjuntamente para hacerle frente a un mal cuya mayor amenaza residió, seguramente, en la persecución por ETA de la desmoralización de la ciudadanía, y en la consiguiente fragmentación autolesiva del sistema inmunológico y de las autodefensas que frente a los mayores ataques cabe esperar de una sociedad democráticamente constituida. Esa cita con la Historia derrotó el mal, a la postre, y los errores de cálculo de su locura destructiva; pero también exigió, cómo no, de liderazgo.

La segunda noticia globalmente relevante de la semana tiene que ver con un escenario cualitativamente distinto al que padecimos durante todos esos años que acabamos de evocar: se trata del recrudecimiento del pulso secesionista y rupturista de todas las bases reconocibles de nuestra convivencia en la diversidad por parte de la representación de una mitad de Cataluña contra la otra mitad. Excuso advertir, de nuevo, en la gravedad que reviste que la cuestión catalana haya alcanzado este punto. Pero no me encuentro entre quienes hayan podido resignarse a que esa gravedad haya alcanzado el llamado punto de no retorno: la ebullición irreversible en la que la salida ya no será siquiera la "conllevanza" orteguiana... sino la prospectiva de una España que no cuente ya con Cataluña en su seno.

Salvedad hecha de atentados y concretos episodios de derramamiento de sangre, encuadrados en los turbulentos años de la transición, en Cataluña no ha habido nunca una amenaza terrorista ni violencia estructurada. Ninguna comparación por tanto con los parámetros desde los que se hizo frente a la amenaza etarra. El hilo conductor relevante es el de la vinculación al imperio de la ley, a la Constitución, al derecho dimanante de la legalidad democrática. El recordatorio inapelable de que nadie, en un Estado constitucional democrático, está por encima de la ley. Ni autorizado "por las urnas" -ni mucho menos "por las masas" enardecidas en "la calle"- a romper las reglas acordadas para la convivencia, ni a ignorar ni pisotear los derechos de los demás, ni tan siquiera en nombre de ninguna invocada o supuesta "mayoría" en votos o escaños.

No obstante, esa ausencia de paralelo no nos exime a quienes oponemos nuestra voluntad política frente a la exasperación de un supremacismo excluyente, de requerir, con esfuerzo, cueste el tiempo que cueste, que ante la pretensión del secesionismo unilateral y de la misma ruptura de la convivencia debamos de ser capaces de construir entre todos un trípode en el que tenga su espacio todo lo que hemos echado de menos durante los insufribles años de gobierno del PP. ¿Qué es lo que echamos de menos?

a)- Iniciativa política, con un llamamiento a un diálogo democrático, inclusivo y transversal, capaz de imaginar un futuro de convivencia en el respeto a sus reglas de juego desde acuerdos renovados para abordar las reformas que surjan de esa discusión;

b)- Diplomacia pública, para asegurar una comprensión cabal de la cuestión en la UE y en la comunidad internacional: porque, alucinantemente, es más necesario que nunca explicar en todas partes que España no es, sin más, una "democracia de fachada" residualmente "franquista", donde no se reconozcan la libertad de expresión ni la separación de poderes, ni exista ninguna garantía de independencia judicial ni derecho a un juicio justo: España es, como todos las democracias europeas y del entorno de nuestra comparación, imperfecta y mejorable; defectiva ante valores cuya interpretación nos reta de manera permanente; y frágil frente a amenazas que requieren compromiso y celo. Pero España es, sin duda, un Estado constitucional democrático maduro, en el que los/as catalanes/as y el conjunto de los/as españoles/as podemos decidir, votando, conforme a reglas pactadas y a garantías aceptadas;

c)- Un liderazgo a la altura del esfuerzo de la sociedad civil, catalana y española, por el restablecimiento de una voluntad infatigable de convivir en el reconocimiento mutuo. Haciendo frente común a los tópicos xenófobos y supremacistas que nos enfrentan entre españoles como espantajos cargados por los diablos de los discursos del odio y de la intolerancia.

Iniciativa, diplomacia persuasiva y activa en el exterior, y liderazgo referente en la sociedad civil y en la ciudadanía. Nada que, tristemente, podamos esperar de Rajoy y su gobierno, que ha fallado demasiado, durante demasiado tiempo, a esta cita con la Historia y con su carga de futuro.