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La primera semana de febrero, durante su Pleno de Estrasburgo, el Parlamento Europeo incorporó a su orden del día un debate monográfico sobre la llamada ''lista negra de paraísos fiscales de la UE'' (EU blacklist of Non Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes).

Vaya por delante un dato, para quienes hayan perdido de vista los comentarios que sobre este asunto he venido desgranando en esta tribuna de opinión: el Parlamento Europeo ha sido la única institución que, en toda Europa, puso en marcha una Comisión de Investigación como consecuencia del escándalo de los denominados "Papeles de Panamá", al objeto de deducir las necesarias lecciones de su revelación en la cada vez más necesaria lucha común paneuropea contra el fraude y la evasión fiscal. Tras un año de trabajo, la Comisión de Investigación -de la que he sido miembro activo, junto a mi compañero Ramón Jáuregui- adoptó un relevante documento de conclusiones. Entre sus recomendaciones figuraban entre otras:

a)- La exigencia -una vez más- de una pronta regulación europea de la figura del "whistleblower" (denunciante, informador, delator de una trama de actividades ilícitas de la que haya adquirido conocimiento desde dentro) con un estatus de beneficios penales, procesales (asistencia jurídica) y, cuando sea preciso, penitenciarios análogos a los que el Derecho comparado concede a lo que conocemos como "testigo protegido";

b)- La prohibición de actividad y/o contratos europeos a las entidades financieras y/o mercantiles que operen en paraísos fiscales; restricciones a las operaciones de los intermediarios (consultoras, firmas legales, despachos jurídicos internacionales...) que actúen como "cooperadores necesarios" en tramas de evasión fiscal;

c)- La activación de un observatorio europeo de "prácticas predatorias" de "planificación fiscal agresiva" para atraer capitales procedentes de un Estado miembro (E.M) de la UE...;

d)- Y, como consecuencia, la promoción de reformas legales e institucionales para poner fin a esas prácticas de competición tributaria desleal entre EE.MM de la propia UE;

e)- Además, los socialistas apostamos claramente por la armonización progresiva de las bases imponibles de la imposición sobre sociedades y actividades mercantiles (Corporate Tax Law);

f)- Y planteamos la reivindicación, desde el inicio de nuestros trabajos en la Comisión de Investigación, de una genuina "lista negra de paraísos fiscales" señalados y penalizados como tales (con embargos y sanciones) por el conjunto de la UE, de cuya elaboración debía responder el actual Comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Una y otra vez, en el curso de las sesiones de la Comisión, tanto mi compañero Jáuregui como yo mismo, urgimos a la Comisión a emplearse con rigor en la elaboración de una "lista europea" de Tax Heavens y Non-Cooperative Jurisdictions identificados por parámetros objetivos y contrastables.

Pues bien, en el arranque de esa misma semana de Pleno de febrero en Estrasburgo, los lectores de EL PAIS pudimos conocer una información periodística solvente basada en la revelación de una "filtración masiva" de documentos internos de trabajo del Consejo de la UE, poniendo de manifiesto que la "lista", por la que tanto hemos trabajado en este Parlamento Europeo, ha sido finalmente elaborada con lamentable opacidad. Y que en su elaboración intervinieron, ejercitando presiones, tan discutibles como decisivas, algunos EE.MM —Reino Unido, Luxemburgo— para intentar "sacar" de la misma (excluir de la "lista negra") a un significado conjunto de "sospechosos habituales" que, finalmente, no figuran.

No es que ya, por descontado, no figuren señalados overseas territories cuya política exterior sigue siendo administrada por el R.U: es que ni siquiera está Panamá, que fue el origen del gran escándalo —despacho Mosek Fonseca, donde fortunas europeas deseosas de evadir al fisco, también por supuesto españolas, han conseguido la complicidad del secreto fiscal y bancario— ni otros paraísos fiscales que están, lamentablemente, en perfecto estado de revista y estupendo estado de salud.

En efecto, la lista europea se concibió desde un principio como un instrumento orientado a poner coto al entramado de legislaciones que, en los EE.MM, contemplan lagunas y loopholes fácilmente aprovechables por las grandes fortunas multinacionales para evadir sus impuestos y su obligación elemental de solidaridad para con la reparación de las desigualdades, particularmente a la luz de los incuantificables estragos causados por la gestión de la Gran Recesiónque arrancó en 2008.

Los documentos del Consejo filtrados y publicados ponen de manifiesto falta de transparencia y opacidad en el proceso de su confección final. Y revelan vergonzosamente que el Gobierno de R.U no se acaba de ir en su interminable "Brexit"; aunque continúa influyendo al límite de lo posible para favorecer sus intereses, interponiendo todas las trabas imaginables contra la fijación de una metodología útil en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. El grueso de los Gobiernos de los EE.MM se allanó ante los obstáculos, prestándose a "consensuar" un enjuague decepcionante que aguaba los objetivos y criterios reclamados desde el Parlamento Europeo.

Asimismo, Luxemburgo, según las mismas filtraciones, maniobró para evitar la regulación de sanciones, que darían cuerpo -no se olvide- al elemento coercitivo para que los países señalados por su "no cooperación" hagan esfuerzos positivos por "salir" de esos listados, modificando sus estructuras y redes de complicidad con la evasión de capitales y su ocultación al fisco de las Haciendas europeas con derecho a reclamarles su contribución al sostenimiento de los gastos públicos y al presupuesto necesario para relanzar el empleo y la economía productiva en la salida de la crisis.

Y sobre todo ello subyace el problema de la así denominada "lista gris" alternativa, en la que estarían nada menos que 55 países que "han mostrado compromiso para modificar su política fiscal". Aunque sin la debida dación de cuenta y transparencia: la que resulta precisa para verificar no sólo esos alegados "compromisos" sino su respectivo y puntual nivel de cumplimiento por cada uno de ellos.

Visto lo visto, no es ya sólo preocupante sino decepcionante -políticamente, indignante -que finalmente constatemos cómo algunos EE.MM han maniobrado hasta el límite para devaluar el trabajo -esclarecedor, y duro- que hemos desarrollado en la Comisión de Investigación sobre paraísos fiscales. Y todavía lo es más aún que en la llamada «lista gris» se establezca un conjunto de países que son extraídos de la «negra» porque supuestamente han establecido "compromiso de mejora" (¿"progresan adecuadamente"?...), sin que haya ninguna transparencia sobre la obligatoria rendición de cuentas que justificaría ese tránsito desde la "negra" a la "gris".

Bref: como conclusión, continuaremos denunciando cualquier vergonzante intentona de hacer de la "lista europea" un nuevo "papel mojado"; y pueden estar seguros de que, quienes hemos hecho de la lucha contra el fraude y la evasión un caballo de batalla desde el PE, continuaremos combatiendo a los paraísos fiscales... dentro y fuera de la UE.

Publicado en Huffington Post