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Durante los últimos 30 años, los juristas españoles -y especialmente, los constitucionalistas- hemos explicado el itinerario constitucional de la construcción europea. Una experiencia única de integración supranacional, fundada, estructurada y limitada por el Derecho. Con un ordenamiento jurídico propio, dimanante por fuentes propias y regido por los principios de primacía (sobre los ordenamientos de los EE.MM), eficacia directa (los Tratados, Derecho primario, la CDFUE y los Reglamentos no necesitan “transposición” interna) y aplicación uniforme (asegurada por le TJUE, intérprete supremo y garantía de su vinculatoriedad).

Nada peor le puede pasar a una Constitución que ser ignorada en la práctica, en la experiencia concreta en su forma de Gobierno. Este y no otro es uno de los más graves problemas a que se enfrenta la ola de deslegitimación social del proyecto europeo, y que sacude el continente de uno a otro confín, y por sus cuatro costados, incluyendo la insular singularidad británica.

La gobernanza europea es cada vez menos compartida. El proyecto común se muestra cada vez más escorada a la imposición (agreste, crecientemente opresiva) de una hegemonía alemana, desacomplejada y hosca.
Merkel, y sobre todo Schäuble, emblematizan una estampa que no encuentra en la socialdemocracia alemana un afecto de corrección reconocible en escala europea. Su tradicional contrapeso francés -ahora, con toda las dificultades del desfallecimiento de su crédito interno, el Presidente François Hollande- reemerge intermitentemente. Pero sin fuerza suficiente como para reenderezar la muy extendida percepción de una “Europa alemana” y pangermanizada: Dirige actualmente la UE la canciller alemana, que no está pensando en Europa, sino en su electorado alemán, y especialmente en los diputados más intransigentes de su propia formación, hostiles a cualquier ejercicio de solidaridad con Grecia… y con la “Europa del Sur”. Y así no se puede funcionar.

El Bundestag discute los términos de ese “acuerdo unánime” alcanzado in extremis, mediante el decisivo patrocinio de la Francia de Hollande, con el gobierno griego capitaneado por el díscolo oficial del momento, el primer ministro Tsipras.

“Escarmentar a Grecia, humillarla”, éste parece haber sido el objetivo una vez más. El ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schäuble, barajó una vez más, abierta y agresivamente, la hipótesis de un grexit forzado, presentado como “salida temporal” a cinco años con opción de reenganche si Grecia se avenía por fin a aceptar las condiciones contrarias a lo que los griegos votaron en sus últimas elecciones generales, y al respaldar al Gobierno de Tsipras en el referéndum del 4 de julio.

Paul Krugman ha calificado de “golpe de Estado” este nuevo giro de timón, enésima vuelta de tuerca al cada vez más preocupante achique de espacios al pluralismo político y reductor de la densidad democrática en el espacio público europeo.

La UE tiene un severo problema de gobernanza democrática. Debe acometerlo, discutirlo, resolverlo, y hacerlo constitucionalmente. O lo que es decir lo mismo, hacerlo democráticamente.

De otro modo, esto no dará más de sí en sucesivas convocatorias electorales europeas. Una política hecha de espalda al ciudadano no merece ese nombre. No en Europa, no en la UE.

Publicado en republica.com