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En el Parlamento Europeo, muchos eurodiputados hemos hecho valer nuestro compromiso político contra las desigualdades fiscales e injusticias tributarias en cuantas ocasiones han estado a nuestro alcance.

Hemos apreciado por tanto el destacado papel desempeñado por algunos distinguidos comisarios socialistas -Frans Timmmermans, responsable de Estado de Derecho (Rule of Law) y Pierre Moscovici, comisario de economía, entre ellos- ante la sucesión de escándalos financieros que han empedrado el camino de la presente Legislatura 2014-2019. Compartimos los principios de su posición contra la evasión, el fraude y el blanqueo, pero pedimos mucho más.

Pedimos que la Comisión se emplee a fondo y de una vez en la corrección de los males desatados por la competición impositiva a la baja entre los Estados miembros (EE.MM) de la UE. Las lecciones que es preciso desprender del cuadro de situación actualmente vigente son simplemente inapelables, después de lo que hemos conocido en los sucesivos casos LuxLeaks, Panama Papers y los ahora llamados "Papeles del Paraíso", que no son sino un infierno para los contribuyentes cumplidores de la ley, que pagan sus impuestos y quieren tener confianza en sus instituciones, además de un gran sacrificio para los denunciantes (los delatores que ponen de manifiesto las tramas de la gran evasión de capitales). A los llamados whistleblowers, el coraje requerido para sus revelaciones les puede costar la vida, como ha sucedido en Malta con el asesinato por medio de coche bomba (terrible crimen mafioso) de la periodista Daphne Caruana Galizia.

En efecto, la Comisión debe emplearse a fondo con los EE.MM, cambiando la legislación para establecer la prohibición de la apertura de cuentas y la apertura de sociedades en paraísos fiscales; para que le sea retirada la licencia a los bancos que faciliten ese tipo de operaciones manifiestamente ilegales; para que una nueva normativa prohíba en la Unión Europea que las empresas que realizan operaciones en paraísos fiscales puedan licitar en concursos públicos; y para que se produzca una armonización estructurada de los programas fiscales que luchan contra la evasión y contra el fraude fiscal, dotándole de instrumentos para su evaluación objetiva.

Porque si no se actúa conjuntamente y desde la escala europea -Comisión y EE.MM-, no conseguiremos ganar esta batalla contra lo intolerable y lo injusto -además de inmoral- de la elusión fiscal y del fraude orquestada hasta la fecha desde esa misma escala.

El caso del asesinato en Malta de la periodista Daphne Caruana Galizia, esforzada en las revelaciones de los Panama Papers, resulta especialmente escarnecedor. Es cierto que, en los últimos dieciocho meses, nada menos que ¡seis coches bomba! han explotado en el país más pequeño de la UE. Un país que, por lo demás, no tiene un problema de criminalidad generalizada. Lo que muestra de forma suprema el sacrificio inasumible de los denunciantes que asumen el coraje de trabajar con denuedo para posibilitar la exposición al público de lo inaceptable -la corrupción sistémica asociada a la evasión fiscal y al blanqueo de dinero de procedencia ilícita- y por favorecer la transparencia en un acto de servicio a la libertad de expresión y a la libre comunicación de información veraz (art.20 de nuestra Constitución española, art.11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE).

El sacrificio de la propia vida de esta periodista ejemplar no tiene un problema general de retroceso de libertades ni de "Estado de Derecho". Sí que tiene, sin embargo, un problema de un sistema financiero defectuoso y acostumbrado a las prácticas inadmisibles de captación de dinero de origen ilícito y de competición fiscal desleal, extremadamente vulnerable a la penetración del dinero procedente de la criminalidad organizada y a su subsiguiente blanqueo mediante prácticas delictivas. Y, por lo tanto, es claro que Malta tiene que asumir un esfuerzo singular, y mostrar con toda claridad su compromiso con la reparación en Justicia de este crimen, urgiendo una investigación plena e independiente en la que colabore Europol y se involucre Interpol en el esclarecimiento de todos y cada uno de los crímenes de claro marchamo mafioso perpetrados hasta ahora... y, sobre todo, de éste último.

Pero, tal y como nos piden dramáticamente los hijos de Daphne Caruana, Andrew, Matthew y Paul, en una carta publicada en varios diarios europeos de amplia circulación, Malta tiene que hacer todavía mucho más. Tiene que combatir la corrupción instalada en su sistema financiero. Y debe también incorporarse a la Fiscalía Europea (cooperación reforzada puesta en marcha a iniciativa de 18 EE.MM, entre los que no se encuentra Malta), puesto que esta institución de reciente aprobación es una herramienta crucial para la investigación de la delincuencia grave transnacional.

A juicio de muchos de nosotros, esa sería una señal definitiva de que el sacrificio de Daphne no habrá sido en vano. Y de que la Unión Europea está dispuesta a llevar hasta sus últimas consecuencias la reparación de los defectos e injusticias más inaceptables del sistema financiero maltés. Y de que asume el deber de completar la tarea por la que Daphne Caruana Galizia ha sacrificado su vida, regulando de una vez con legislación europea la protección procesal, penal y penitenciaria de los llamados whistleblowers.

En definitiva, es obvio que no hay ninguna institución europea que pueda sustraerse al compromiso de fortalecer el Estado de Derecho ahora que está tan amenazado, y en tantos frentes a la vez; pero, particularmente, ninguna puede entenderse blindada ni inmunizada frente a la criminalidad organizada, que es seguramente la amenaza más lacerante contra nuestra seguridad. Y criminalidad organizada, sin duda ninguna, es la corrupción y el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos.

Por eso el debate en el Pleno de Estrasburgo en relación con los llamados "Papeles del Paraíso" contrapone esta modalidad delictiva de fraude fiscal organizado como un verdadero infierno para los contribuyentes que pagan sus impuestos honradamente y quieren tener confianza en sus instituciones. En la OLAF (Oficina Europea contra el fraude), pero también en Europol, en Eurojust y, en la Fiscalía Europea, a la que Malta tiene el deber moral y político de incorporarse si quiere mostrar todo su compromiso con la lucha contra la criminalidad corrupta, grave transnacional, que tantas ventajas obtiene de la actual arquitectura de su sistema financiero.

Publicado en Huffington Post