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Publicado en republica.com

“Tomar los derechos en serio” fue el título de un epocal ensayo (1977) del no menos legendario filósofo del Derecho estadounidense, el profesor Ronald Dworkin (1931-2013). Pero es Europa la que ahora debe, con imperativa urgencia, reaprender cómo tomarse los derechos fundamentales en serio. Porque están amenazados más que nunca en la historia de la construcción europea.

El pasado 30 de marzo participé en el relevante Public Hearing (Audiencia de expertos, seguida de debate) organizado por la Comisión LIBE (Libertades, Justicia y Asuntos de Interior) del Parlamento Europeo (PE) que tuve el honor de presidir durante la legislatura 2009-2014. En el epicentro del debate, la Situación de los Derechos Fundamentales en la UE. En la Mesa de la discusión, entre otros, el Vicepresidente Timmermans (Estado de Derecho y Derechos Fundamentales), Juliane Kokott (Abogada General ante el Tribunal de Justicia de la UE) y  Nils Muižnieks (Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa). Entre los materiales de trabajo, un amplio estudio comparativo sobre el “Impacto de la Crisis sobre los Derechos Fundamentales en los Estados miembros de la UE”; acompañado, por cierto, de un análisis específico sobre el deterioro de los derechos y libertades en España a rebufo de la crisis y so pretexto de la crisis.

La intervención de Franz Timmermans enhebró un vigoroso alegato acerca de los peligros asociados a la dinámica de los chivos expiatorios y el desencadenamiento de desconfianzas y de odios cruzados entre los europeos, sea contra una minoría estigmatizable (musulmanes, judíos, gitanos….), sea contra los “extranjeros” (aun cuando éstos sean ciudadanos europeos), o sea contra los vecinos y socios en la construcción europea (los otros Estados miembros). Nada ni nadie está a salvo del inmenso poder de corrosión de esta atmósfera de resentimiento sobre los valores más preciados de la convivencia con la pluralidad, la integración de la diversidad, la tolerancia ante la diferencia y la  “belleza del diálogo” para entenderse y manejarse en el mosaico incierto de la complejidad.

A partir de ahí, el debate puso de manifiesto negro sobre blanco, con descarnada virulencia, los deterioros, descosidos y rotos que se han producido en los derechos sociales y laborales y de los derechos de prestación (educación, paridad, servicios sociales, pensiones, cobertura por desempleo, acceso a una vivienda digna…).

Pero no sólo los derechos sociales y la dignidad del trabajo han sido sometidos a un asedio sin cuartel, propenso al desmantelamiento sin más de la mano del abyecto manejo de la crisis que ha impuesto durante años la dolosa (por deliberada) y disparatada (por fallida) política austericida, concretada en recortes presupuestarios que asfixian el contrato social sobre el que se edificó la construcción europea en sus mejores años.

Así ha sucedido con las libertades de expresión, de reunión, de manifestación y protesta pacífica (contra los Gobiernos de turno o por cualesquiera otras causas de interés social). Y sobro todo con el derecho de acceso a la Justicia y a una “tutela judicial efectiva” por medio de un juicio justo con todas las garantías y con prohibición de indefensión (art. 6 CEDH; art. 47 CDFUE; art. 24 CE), que ha sufrido menoscabos sin precedentes en la historia de la UE debidos a las malhadadas y darwinistas consecuencias de la austeridad recesiva, cuyo balance en este ámbito ha demostrado ser cruelmente antisocial y desigualitario.

El Informe sobre España (Country Report específico, toda vez que nuestro país destaca entre aquellos en que la gestión de la crisis ha comportado efectos más devastadores sobre el incuantificable paisaje de los derechos y libertades) resulta singularmente demoledor.

Las páginas del estudio sobre España evalúan el impacto de la austeridad sobre los derechos más sensibles y al mismo tiempo vulnerables. Sobre el derecho a la educación (derrumbamiento de las becas, encarecimiento exponencial de tasas y de los filtros anónimos contra el acceso a la educación; y desmoronamiento de la inversión em I+D+i y apoyo a las investigaciones científicas). Sobre el derecho al trabajo (trituración de la negociación colectiva y de la representación sindical, con la demolición de la dignidad de la relación de trabajo). Sobre el derecho a una pensión (disminución de expectativas como consecuencia del debilitamiento de los contratos de trabajo y dilapidación de la llamada “hucha de la Seguridad Social”). Sobre los derechos de expresión, reunión, manifestación y protesta contra la política del Gobierno en tiempos de descontento y malestar social (la represiva “Ley mordaza” y de “Seguridad Ciudadana”, incluyendo la potenciación de la Seguridad Privada). El derecho a la vivienda (los desahucios y los problemáticos “fondos buitres” que compran inmuebles confiscados por debajo de su precio)…

Dicho esto, con todo, el Informe sobre España se detiene especialmente en la denuncia sin ambages de la trituración del derecho de acceso a la Justicia/”Tutela judicial efectiva” de los derechos e intereses legítimos (art. 24.1 CE), mediante la reimposición de las tasas prohibitivas (“Court fees”).

Habiendo sido erradicadas por el primer Gobierno socialista de Felipe González (1985-1987), la mayoría absoluta del PP (de la mano del ministro Gallardón) ha recrudecido como nunca en la historia democrática las discriminaciones netamente económicas entre los ciudadanos a la hora de hacer valer la defensa ante jueces y tribunales de sus derechos y libertades frente a las lesiones reales o alegadas que les sean infligidas.

Tanto el debate sobre los Derechos Fundamentales en la UE como, muy específicamente, el Informe sobre España, suscitan serios motivos no sólo de preocupación sino de alerta y de toma de conciencia.

La libertad y los derechos se hallan en todas partes permanentemente amenazadas. Y, lamentablemente, esto es hoy más cierto que nunca después de 7 largos años de vacas flacas en el ámbito en que la identidad europea se juega su todo por el todo, absolutamente serio, su propia razón de ser: una civilización que pacifica conflictos por medio de la herramienta del derecho. Y toma los derechos en serio.