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En tiempos como estos, contaminados por el discurso del odio, por la posverdad y por las noticias falsas (fake news), como decía Albert Camus: “la indiferencia puede llegar a ser criminal”. Otro filósofo francés, André Glucksmann, en su libro El discurso del odio, dejó escrito que la primera respuesta ante la retórica de la discriminación y menosprecio al diferente, tiene que ser su exposición al ridículo.

Pero en Europa hace tiempo que hemos aprendido que sólo con eso no basta. Hemos aprendido, entre otras cosas, que nos hace falta transponer definitivamente la Decisión Marco 2008/913/JAI contra el discurso del odio y la discriminación en todos los Estados miembros de la UE, para asentar en todos ellos los límites penales de una amenaza muy seria contra la democracia, en la que Europa lo arriesga todo: la de propalación de prejuicios e infamias estigmatizantes que incitan a la violencia y al rechazo contra nuestra propia diversidad identitaria. Ahora, hace falta más. Hace falta averiguar cómo se propaga en las redes tanto discurso del odio, y saber cómo se financia; y cómo proteger a las víctimas del odio y de su exaltación en la red y en el mundo digital. ¿O no nos escarnece evocar al niño Adrián, fallecido víctima de un cáncer, victimizado en las redes por una espiral inhumana de odio por su vocación, trágicamente truncada, de llegar a ser torero?

Y, por supuesto, hace falta además saber que nombrar las cosas por su nombre es el comienzo del rigor cívico y del coraje político necesarios para evitar, de nuevo, que la “banalización del mal”, de la que nos habló Hannah Arendt, sea la semilla del fascismo.

Respecto a esta cuestión, tan crucial como dirimente de la crisis europea,  no se ha debatido, empero, ni con detenimiento ni con la eficacia debida. La aparente profusión de discursos en la Eurocámara no puede quedar reducida a una declamación teatral de indignación en cascada. Cada debate y cada trámite legislativo debe ser, antes bien, un instrumento: la herramienta utilizada con provecho por el legislador europeo para construir respuestas oportunas y efectivas, con un impacto en la realidad. Primero viene la denuncia del problema acometido, después la exigencia de respuesta, más tarde la negociación acerca de los instrumentos racionalmente orientados a asegurar el objetivo: su aplicación transformadora sobre el objeto elegido.

Nuevas tecnologías están llamando a la puerta de cada problema planteado, aunque se le quiera encerrar o encapsular en cartón-piedra y paredes de gotelé. Será difícil hacer frente a nuevos retos que sorprenden a quien tenga el pie cambiado; por contra, las consecuencias de una respuesta lenta o ineficaz nos imponen a menudo costes que acaban siendo históricamente inasumibles. Son unos costes que la UE ya no se puede permitir si lo que quiere es preservar su código de valores en tan prolongada crisis, algo que en los últimos años no ha parecido estar entre las prioridades de la Comisión y del Consejo.

Pero lo cierto es que las soflamas contra el tráfico de seres humanos, la estigmatización de las minorías, el rechazo a otras culturas, o la relación entre inmigración y miedo, comienzan a ser tan usuales en los debates de la Eurocámara como las invocaciones ritualizadas a sentimientos de “¡vergüenza!” o “¿cómo hemos llegado a esto?”, tal y como las escuchamos en el último Pleno de Estrasburgo del 4 al 7 de abril. Pero cada día es más obsceno el contraste entre tantas jeremiadas encendidas en todas las lenguas de la UE y la patética ausencia o insuficiencia en la respuesta. Y cada día en que no se opone una respuesta al discurso y a la política del odio es un día de ventaja que ese odio nos lleva a los europeístas en un reloj cuya arena corre contra la idea misma de la democracia y de la libertad en Europa.

Nuestra realidad, sin embargo, no es virtual ni digital. Nuestra realidad nos enseña que la esclavitud aún no ha sido erradicada de Europa. Nuestra realidad es que miles de personas vulnerables son vendidas o intercambiadas a fines de explotación; sus órganos, extirpados y vendidos; a menudo, mujeres vulnerables son objeto de trata para matrimonios forzados o adopciones ilegales. Y nuestra realidad nos enseña que todo esto tiene lugar en el marco, nada menos, de una Estrategia de la Unión Europea para combatir el tráfico de seres humanos. Se puso en marcha siendo yo presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en 2011 y concluyó en 2016.

Nuestra realidad muestra también que el desafío de las migraciones y de los refugiados no corresponde solo al Consejo de Ministros de Interior sino que tiene, también, una dimensión exterior. Los socialistas europeos exigimos que, en esa dimensión exterior, la dignidad y los derechos humanos sean respetados en los demandantes de asilo independientemente de su estatus legal. Y afirmamos, además, que no resulta aceptable que la “condicionalidad” se aplique mecánicamente para determinar que sólo se pueda ayudar a aquellos países que se comprometan a ejecutar programas de retorno, o readmisión, o de “control de fronteras”. Y pedimos que desaparezca de la legislación de los EE.MM toda criminalización de la ayuda humanitaria, permitida ahora por la llamada “Facilitation Directive”.

Exigimos vías seguras, visados humanitarios, y corredores humanitarios, como una ventana abierta a la posibilidad de, al menos, una vía legal de entrada en la Unión Europea. Y que el Parlamento Europeo esté implicado en la definición y en la ejecución de la política, además de en su cálculo presupuestario.

Pero, sobre todo, exigimos superar de una vez por todas la actual mirada negativa y prejuiciada de la UE a la inmigración. Rechazamos el “acuerdo” (trato) negociado con Turquía. Y exigimos un cambio de esa mirada negativa y un cumplimiento total de los compromisos adquiridos por parte del Consejo en materia de reasentamiento y de realojamiento, sustituyendo, por fin, el actual enfoque, reductivo y securitario, por un enfoque humanitario y una comprensión global de la migración y el asilo.

Publicado en República