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Me cuento entre los españoles perplejos ante el prolongado bloqueo de la política catalana.

El que durante tantos años fue epitomizado como “oasis catalán” se ha revelado -en esa degradación política, ética y estética a que venimos asistiendo- un pozo oscuro y anegado en que una sociedad fracturada mantiene colgadas de la brocha sus instituciones de autogobierno -y  las políticas públicas que dan cuerpo y justifican su existencia-, pendientes del desencuentro entre un expresident narcisista (y cada día más caricaturesco) y las contradictorias fuerzas que, ciegas al desaguisado, aún le prestan su apoyo.

El tiempo de Puigdemont al frente de la Generalitat describe un punto paroxístico de una espiral delirante de nacionalpopulismo y deriva antieuropea, si es que no en deslizamiento hacia la eurofobia rampante: así puede resumirse todo su legado al frente de los peores episodios de la autonomía catalana desde la democracia, con un reguero de conflictos y confrontaciones estériles que se han capilarizado, contaminándolo todo, desde la vida cotidiana hasta la economía.

Pero también, es verdad, la política española padece un síndrome de parálisis crecientemente lesivo. Durante los años vividos bajo la insoportable mayoría absoluta del PP (2011-2015), la anterior Legislatura dio paso a una apisonadora de recortes y retrocesos democráticos, empujando a España hacia un triste palmarés de regresión de la libertad y de la democracia: El mismo síndrome que, alarmantemente ha caracterizado a buen número de los EE.MM de la UE al socaire de la crisis que tornó en Gran Recesión a partir de 2008, cronificada en el curso de la siguiente década y prolongada hasta hoy.

De hecho, la mayoría absoluta del PP legisló desde 2011 hasta 2016 a golpe de Decreto Ley (¡cerca de 60 en una sola legislatura!), sin adoptar ninguna otra iniciativa legislativa procedente de otros Grupos, y renunciando a legislar parlamentariamente. Pero, eso sí, exasperando como nunca todas las desigualdades, y sin ninguna concesión a la adjetivación “social” de nuestro mil y una veces renombrado “Estado de Derecho” (art.1.1 CE).

Todo puede empeorar; y en nuestro contexto se cumple la Ley de Murphy: en esta Legislatura -la presente, que arrancó a duras penas en 2016- ni Rajoy ni su Gobierno parecen resueltos a gobernar sin Presupuesto (¡piensa llegar a 2020 sin aprobar Presupuestos, inasequible al desaliento!).

Pero asimismo se muestra dispuesto sin ningún remilgo a gobernar sin legislar (¡ni una sola ley! Apenas se han adoptado hasta ahora ocho transposiciones de Derecho europeo: un dato éste, por cierto, demostrativo de que en lo peor de una crisis la legislación nacional continúa predeterminada por el Derecho Europeo sobre el que legisla el Parlamento Europeo!).

Rajoy parece habituado incluso a gobernar… ¡sin gobernar! Si gobernar es orientar la dirección política de acuerdo con el programa comprometido en el Parlamento y ante la ciudadanía en la investidura del presidente, esta legislatura avanza con el más penoso y pobre balance político y legislativo en toda la historia democrática: ¡sin Presupuesto, sin legislar, y sin siquiera gobernar!

Volvamos la vista a Europa. El paisaje europeo no es alentador. En esta Legislatura del Parlamento Europeo (2014-2019), somos muchos los que mantenemos un discurso crítico y combativo contra los retrocesos infligidos respecto de lo conseguido (el acquis) en la anterior legislatura 2009-2014. Singularmente en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ESLJ, Título V del TFUE), el Consejo -que es el órgano que reúne a los Gobiernos de los Estados miembros (EE.MM)- ha acentuado como nunca su perfil antieuropeo, refractario a todo avance de la integración europea y abonado a rebatiñas de egoísmos nacionales en los que pierde la UE mucho de lo que más apreciábamos, tal y como ejemplifica la suspensión de Schengen, la libre circulación, sin duda lo mejor valorado por la ciudadanía. El Consejo se ha enquistado en su repliegue nacional, frenando la legislación que el PE impulsa, en una pauta de conducta cada vez más disfuncional y en clave de contrapedal, como eslabón enfermo o fallido de la cadena del decision making process europeo.

En el curso de todos mis trabajos en el PE, concentrado sobre todo en la Comisión legislativa de Libertades, Justicia e Interior, he venido confrontando este sangrante síndrome de bloqueo (y retroceso) padecido en el ELSJ. Así se manifiesta tanto en el paquete Schengen (-tras la instalación del rebato securitario frente al terrorismo yihadista, la libre circulación ha quedado suspendida ¡hasta 2020! y veremos…) como en el Paquete de Asilo, en el que la respuesta a la tragedia humanitaria que ha dado en denominarse crisis de los refugiados viene padeciendo un sesgo negativo y de rechazo frente a quienes, huyendo de la desesperación en nuestra vecindad torturada (Oriente Medio, Siria, cornisa norteafricana y las rutas del Sahel…), buscan refugio en Europa.

Ni siquiera las más terminantes sentencias del Tribunal de Justicia han sido suficientes, por ahora, para producir un cambio de rumbo legislativo y comportamiento político en los EE.MM más reacios al mandato de solidaridad (art.80TFUE) y a la voluntad de Europa, parejo a la envergadura de los desafíos planteados. De modo que buena parte de las iniciativas legislativos incoadas en esta Legislatura (Reglamento de Dublín, Código de Visados, Eurodac, Reasentamientos,…) continúan encallados por un Consejo que bloquea y apuesta por la parálisis. Un Consejo incapaz de estar a la altura de sus propias decisiones en ninguna de las Cumbres que se han sucedido hasta ahora…. desmentidas o negadas al día siguiente por esos mismos Gobiernos (¡notoriamente, el llamado Grupo de Visegradro!) que habían sido parte de la discusión que condujo a esas mismas decisiones.

El cuadro así generado abunda -cómo no- en el deterioro del crédito de la política y de su capacidad de rendir resultados prácticos y tangibles que mejoren la vida de una ciudadanía cabreada, y exigente. En el momento en que más se la necesitaba… más continúa echándose de menos la capacidad de la política para responder y hacer frente a desafíos inapelables. Y hacerlo sobreimponiéndose a la marea antipolítica, y a la emergencia de poderes sustanciados y ejercidos desde extramuros del Estado constitucional democrático, sin frenos ni contrapesos, sin formas ni controles, sin procedimiento reglado y sin ninguna garantía ni sujeción a Derecho. En la marejada de la crisis y de la Gran Recesión que arrancó en 2008, la ciudadanía europea ha padecido como nunca abusos de poderes fácticos de carácter no estatal -gigantes financieros y tecnológicos-, pretendidamente inmunes a la legislación dimanante del circuito de legitimación democrática fundamentado en el sufragio, el voto de los ciudadanos, la representación y… por tanto, el consentimiento de los gobernados. Su corolario ha provocado un desmoronamiento de la confianza en la política como no habíamos visto antes en nuestro tiempo vital.

Todas estas cuestiones están relacionadas entre sí. Por supuesto que el imperio de la Ley y del Derecho democráticamente legitimado debe ser reivindicado y asegurado. Y  esa es la primera responsabilidad de los Gobiernos democráticos ante la ciudadanía. Pero los Gobiernos deben ante todo gobernar: Y ser capaces de hacerlo. De resolver problemas, atender necesidades, proteger y asegurar, promover bienes públicos, satisfacer derechos… reparar desigualdades. Los Gobiernos deben, para existir, aprobar su presupuesto, legislar, y gobernar.

¿Cómo ha llegado a ser posible que en Cataluña esto se haya perdido de vista de forma tan clamorosa? ¿Qué está pasando en España? Seguramente esto que pasa no nos estaría pasando sin un desprestigio tan severo de la política, y de la capacidad de responder a los retos desde un Gobierno en acción, como el que se ha acumulado en estos años de Gobierno del PP amartillando recortes y retrocesos y renunciando a reformas pactadas desde el Parlamento. Ni habría sido posible tampoco sin ese manejo pésimo, injusto y desigualitario, de la prolongada crisis que hemos padecido en la UE. Una gestión catastrófica ha traducido el impacto de la Gran Recesión en un test de resistencia del constitucionalismo y del Estado de Derecho en una UE asediada como nunca por el nacionalpopulismo, el auge de la extrema derecha, la “democracia iliberal” (¡no sólo en Hungría y Polonia!) y la eurofobia rampante.

Publicado en Republica.com