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Juan Fernando López Aguilar: ''El legislador tiene que 'ponerse las pilas' con la nueva Ley de protección de datos''

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar ha dedicado en los últimos años gran parte de su esfuerzo y trabajo, como miembro de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, a impulsar la nueva norma europea sobre protección de datos, una legislación que va a revolucionar esta materia y que comenzará a ser aplicable el próximo 25 de mayo. Ciudadanos, Administración y empresas tienen menos de tres meses para adaptarse a una regulación muy exigente pero que, en palabras de López Aguilar, deja patente el compromiso de la Unión Europea con la salvaguardia del derecho fundamental a la privacidad. Toque de atención, sin embargo, al legislador español, a quien el exministro de Justicia advierte que va tarde en la adaptación de la futura Ley Orgánica.

¿Los ciudadanos pueden invocar el Reglamento europeo directamente para defender sus derechos de privacidad?

La respuesta es sí, rotundamente sí. Este es un tema absolutamente crucial. La protección de datos, la privacidad, la confidencialidad de los datos personales y la garantía de la intimidad en la transmisión o el tratamiento automatizado de los datos personales son un derecho fundamental reconocido en el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Un Reglamento es una ley europea directamente vinculante para los Estados miembros. No necesita transposición y es directamente invocable por los ciudadanos ante tribunales.

¿Qué ocurrirá si no se aprueba a tiempo la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos?

Continúa siendo conveniente que la Ley Orgánica de Protección de Datos se adecue al Reglamento y también a la directiva en lo relativo a la investigación de los delitos, dirigida a las agencias de investigación y persecución de los delitos. La gente tiene derecho a saber que sus derechos de privacidad han sido enormemente reforzados por el Parlamento Europeo y que el Tribunal de Justicia utiliza ya como parámetro de validez de todo el derecho europeo la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. De modo que es necesario que el legislador se ponga las pilas y se adecue cuanto antes al Derecho europeo porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es bueno que los ciudadanos lo sepan, no se lo va a dejar pasar.

¿Qué papel juega la seguridad en un contexto de mayor protección a la privacidad?

El derecho se hace mucho más exigente en relación con el tratamiento de datos personales y es bueno que se genere una nueva cultura europea, sobre todo en un contexto en el que la seguridad está imponiendo cada vez más condiciones al equilibrio entre libertad y seguridad, entre la confidencialidad de los datos personales y garantía de la seguridad frente a amenazas transfronterizas. La amenaza del terrorismo exige que las agencias de ejecución del derecho compartan información en tiempo real; comparten bases de como las de identificación dactilar o fotográfica, y todo lo que puedan ayudar a la investigación de los delitos transfronterizos, a asegurar a los ciudadanos y sobre todo a evitar la impunidad de los crímenes que nos acechan y nos golpean. Es condición de un nuevo equilibrio, pero un equilibrio que no puede arrasar con los derechos fundamentales garantizados por la Carta.

¿Qué desafíos presenta el big data? ¿Se puede utilizar para avanzar en la construcción de una Europa social?

Este debate está teniendo lugar también en el Parlamento Europeo, y vaya si nos ocupa tiempo. En la Comisión de Libertad de Justicia e Interior se han sostenido una serie de comparecencias - hearings lo llamamos- con expertos. Creo que es un desafío tecnológico, sin duda, pero también lo es para el derecho. Somos muy conscientes de que la historia muestra con claridad que el derecho camina siempre detrás de la tecnología, que el derecho arrastra los pies antes las revoluciones tecnológicas, pero lo que no puede hacer es ignorarlas ni verse sobrepasado o arrollado por completo. Por tanto, estamos debatiéndolo en el Parlamento Europeo y hay un conjunto de informes denominados “de iniciativa” que no se han traducido todavía en derecho en vigor, pero estoy seguro de que esa normativa nos alcanzará más pronto que tarde en la próxima legislatura.

¿Qué opina de las aplicaciones basadas en IA, como Jurimetría, de Wolters Kluwer, que permite al abogado predecir el resultado más probable si sigue una u otra estrategia procesal?

Considero esa aplicación inevitable. Si está al alcance de la tecnología, ¿cómo no va a estar al alcance de los operadores jurídicos? Si existe una tecnología que permite diagramar en qué órgano jurisdiccional, en función de su carga de trabajo, de la diligencia con que se llevan o de su rendimiento contrastado en el curso de los años, un determinado asunto tiene más probabilidades de ser resuelto, incluso de ser resuelto en un sentido o en otro ¿qué fuerza va a evitar que esa información se ponga a disposición de los operadores jurídicos, de los despachos de abogados, de las grandes firmas? Estoy convencido de que acabarán invirtiendo en esos recursos, para obtener esa información y establecer sus estrategias racionalmente. Lo que es importante es que eso se traduzca en términos de política judicial. Que sirva además para reparar las asimetrías, las desigualdades de rendimiento, en el funcionamiento del mapa de órganos jurisdiccionales en los distintos grados y órdenes de la jurisdicción, de modo que cada vez haya más seguridad jurídica y sea menos dependiente de en qué juzgado te toque llevar qué asunto.

¿Qué opina del decidido impulso por la digitalización de la justicia a través de LexNet y que habría que mejorar aún?

Afortunadamente los progresos van abriéndose paso y es cierto que LexNet y los programas de digitalización deben siempre coordinarse con los esfuerzos paralelos de las administraciones autonómicas que tienen competencia y con los programas informáticos, ofimáticos y telemáticos puestos en marcha por las grandes corporaciones de profesionales que se desenvuelven en el mundo del derecho. Un objetivo principal es la digitalización integral, la comunicación por herramientas digitales, y ello requiere también formación especializada de los profesionales del mundo del derecho: procuradores, abogados, jueces, magistrados, letrados de la administración de Justicia y funcionarios de la administración de Justicia tienen que ser educados e instruidos en esa digitalización porque muchas veces las estrategias de modernización encuentran dificultades en las resistencias humanas a cambiar las rutinas y los hábitos de trabajo. Es fundamental que las profesiones del derecho inviertan recursos en formar adecuadamente a todo el personal involucrado

Publicado en Cinco Días