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El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar ha señalado que la Directiva contra el fraude aprobada por el Parlamento “es un paso decisivo en la creación del Derecho Penal de la Unión Europea, es la mejor expresión de su dimensión política y constitucional y supone un hito en la historia de la Unión”.
La Directiva relativa a la lucha contra el fraude contra los intereses financieros de la Unión mediante el Derecho Penal ("Directiva PIF") establece para toda la Unión los delitos de fraude, corrupción y delitos conexos con una sanción máxima de al menos cuatro años de prisión. De esta manera se trata de atajar las diferencias que persisten entre los Estados miembros, lo que evitará que el delincuente pueda someterse a la legislación más favorable.
López Aguilar, ponente del informe en la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, ha destacado en su intervención en el Pleno del Parlamento los cuatro elementos clave que se han conseguido incluir en la norma a lo largo de un proceso legislativo que ha durado cuatro años:
-El fraude del IVA, cuando supere los 10 millones de euros y esté relacionado con el territorio de dos o más Estados miembros.
-El fraude en la contratación pública a escala europea como una de las modalidades de fraude recogidas y el compromiso del Consejo de estudiar su posible tipificación como un delito distinto.
-Sanciones mínimas máximas de al menos cuatro años de prisión cuando la defraudación alcance los cien millones de euros.
-Un periodo de prescripción de al menos cinco años a partir de la fecha del delito, que podría reducirse a tres en determinadas circunstancias.
“La Directiva, ha concluido López Aguilar, es una importante pieza de Derecho Penal Europeo que cumple el objetivo señalado por el Tratado de Lisboa en el desarrollo del espacio de libertad, justicia y seguridad para que el Consejo pueda adoptar, por fin, su cooperación reforzada, y poner en marcha la Fiscalía Europea” y ha añadido que "para contribuir a la recuperación económica y al crecimiento y el empleo después de esta larguísima crisis, acrecentada por la injusta austeridad recesiva, resulta fundamental recuperar para la economía legal y productiva los recursos detraídos de esta por el fraude al presupuesto de la UE y la Directiva PIF será clave para lograrlo".
Por su parte, la eurodiputada Inés Ayala, que ha participado en el proceso legislativo como ponente socialista en la comisión de Control Presupuestario, ha destacado el avance que supone la Directiva en la persecución del fraude "Por fin una base penal para que el Fiscal europeo pueda luchar contra el fraude masivo del IVA que empobrece en 50.000 millones de euros al año los recursos europeos para la solidaridad, la inversión y el empleo".
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